La gestión urbanística del PP sigue sin arrancar. Siete meses después de que el alcalde prometiera desbloquear "en semanas" el proyecto inmobiliario que promueve la multinacional Ikea en el noreste de Sevilla, el gobierno local de Juan Ignacio Zoido no sólo ha sido incapaz de dar una solución válida a los problemas de legalidad existentes en la zona, sino que dicha operación vuelve a tropezar, de nuevo, con un segundo conflicto jurídico. Y no precisamente menor: los terrenos objeto del proyecto incumplen la legislación de vías pecuarias, lo que impide -desde el punto de vista legal- su desarrollo inmobiliario completo. Así, al menos, lo confirman fuentes técnicas de Urbanismo.

El área de San Nicolás Oeste, situada junto al aeropuerto, está afectada por varios tramos de vías pecuarias que no han sido ni deslindadas, ni desafectadas. Tampoco, tal y como establece la normativa vigente a nivel estatal y autonómico, la modificación de los trazados originales de estas antiguas vías ganaderas (la fórmula que contemplaba el Plan General para proceder a su urbanización) se ha gestionado por el Ayuntamiento.

Las vías pecuarias son patrimonio de dominio público. Esta naturaleza jurídica obliga al Consistorio y a la Junta de Andalucía a sacar adelante, si se quieren desarrollar urbanísticamente los suelos por los que discurren, un proceso administrativo bastante complejo que pretende garantizar que, si son modificadas por cualquier tipo de desarrollo urbano, su superficie íntegra sea compensada con trazados alternativos. El reto no es fácil: primero hay que delimitar la vía pecuaria; después desafectarla -al igual que ocurre por ejemplo con los bienes patrimoniales del Ejército- y, en su caso, sacar adelante un nuevo trazado alternativo.

El PGOU de Sevilla, que proyecta muchos de los nuevos barrios de la ciudad en terrenos periféricos, contemplaba en su informe de impacto ambiental una red alternativa de vías pecuarias cuya gestión dependía del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. Urbanismo, sin embargo, aún no ha sacado adelante este proyecto, lo que supone que todos los suelos urbanizables afectados por vías pecuarias no podrán desarrollarse mientras no se cumplan estos requisitos jurídicos. La Gerencia ha hecho oídos sordos a esta exigencia legal y ha venido aprobando desde 2007 una serie de planes urbanísticos de desarrollo [planes parciales y planes especiales] que, tras su validación, venían a concretar los derechos urbanísticos de sus distintos propietarios antes de su reparcelación y posterior urbanización. El marco legal de todas estas grandes bolsas de suelo -las únicas que por ahora se han impulsado del PGOU- está ahora en cuestión, lo que dilatará su desarrollo y, en algunos casos, incluso lo impedirá debido a que además de obviar una obligación legal afecta directamente a sus infraestructuras de acceso. Es el caso de San Nicolás, donde la futura SE-35 está cruzada por vías pecuarias.

Ikea no es el único caso. Hay, al menos, cinco más. Los terrenos de San Nicolás Oeste son acaso los más significativos -por el proyecto de la multinacional sueca- pero la situación irregular incluye otras zonas cuyas previsiones urbanísticas son considerables. En el alambre están los desarrollos inmobiliarios privados de 5.277 viviendas [2.792 protegidas) y un volumen de espacios terciarios (zonas para usos comerciales y oficinas) de 274. 358 metros cuadrados, además de otros usos, como industriales y productivos. Para dar una idea de la magnitud del problema, baste recordar que sólo el proyecto Puerto Triana -que se desarrolla en la Cartuja- ocupa casi 70.000 metros cuadrados terciarios. Lo que significa que todos los espacios en situación de bloqueo urbanístico suponen casi cuatro veces este mismo volumen de zonas terciarias. Sin entrar a hablar de su impacto económico.

Las unidades urbanísticas afectadas, en principio, porque el problema puede extenderse a otras áreas, están en Pítamo Sur, Palmete, Torreblanca Este y Oeste, la Hacienda El Rosario y junto al aeropuerto (San Nicolás). Los planes urbanísticos de estas bolsas de suelo obviaron el trámite de desafectación de las vías pecuarias incluso a pesar de que algunas lo mencionan (en sus memorias técnicas) como necesario. Algo inexplicable desde el punto de vista de la gestión urbanística. Salvo que se trate de un olvido consciente.

El problema se complica porque el asunto está ya en manos de los juzgados. La ocupación irregular de una vía pecuaria no sólo es una irregularidad administrativa, sino un posible delito, ya que supone la apropiación de un bien colectivo. Justamente esto es lo que ahora tendrán que dirimir los tribunales, a los que la cuestión ha llegado por dos vías distintas. Primera: una denuncia relativa a la ocupación irregular de la vía pecuaria que discurre por los terrenos de la Hacienda El Rosario, en Torreblanca. Un desarrollo urbanístico que el propio gobierno local incluso subvencionó a una empresa con dinero público. Segunda: una denuncia sobre el fondo de la cuestión presentada por Ecologistas en Acción. La primera es la más avanzada: el juzgado ha abierto diligencias y la investigación la lleva la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil. Un portavoz de este cuerpo confirmó a este periódico dicha investigación, que ha comenzado por reclamar explicaciones tanto a Urbanismo como a la Junta. Los ecologistas han pedido al juez que anule todos los planes urbanísticos aprobados.