La idea existente en el imaginario colectivo de que la vida en los pueblos es más barata que en las grandes urbes -impuestos más bajos, equipamientos de mayor calidad y más cerca de los que se puede disfrutar casi por un precio simbólico- sufrirá un revés cuando entren en vigor las medidas incluidas en los planes de ajuste que están aprobando los ayuntamientos para hacer frente al plan de pago a proveedores al que obliga el Gobierno central. Aunque hasta el momento los recortes que afectan a las plantillas de los ayuntamientos -despidos, reducciones salariales y de jornada o, en el mejor de los casos, merma de complementos- están acaparando los titulares, por la conflictividad que han generado o generarán en las negociaciones para llevarlos a cabo, el grueso de los municipios ha apostado también por subidas de impuestos y tasas. Estas medidas para aumentar los ingresos y equilibrar las cuentas se dejarán notar en el bolsillo de los ciudadanos de la provincia este mismo año, pero se extenderán a lo largo de la próxima década, el periodo de vigencia de estos planes.

Hay que tener en cuenta, además, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tiene todavía que revisar y determinar si las propuestas que le han llegado desde las administraciones locales -elaboradas por los interventores bajo la directriz política del gobierno de turno, aunque inicialmente el decreto que regula el proceso dio primacía a los técnicos- son suficientes para hacer frente a los créditos para el pago a proveedores. Si no es así, se podrían forzar ajustes más severos en cuanto a recortes y aumento de ingresos. Es decir, mayor presión fiscal. También entra en vigor en mayo la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que obliga igualmente al equilibrio financiero y a corregir desvíos realizando planes específicos bajo supervisión estatal.

Son numerosos los ayuntamientos que han apostado por nuevas subidas del IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles que pagan todas las edificaciones y las fincas. Ello a pesar de que, al margen de la revisión que a finales de 2011 hizo cada Ayuntamiento, esta contribución ya subirá de forma excepcional este año y el que viene por las medidas contra el déficit con las que el Ejecutivo del PP se estrenó en la difícil tarea de enderezar los números rojos de la administración pública, con el decreto del pasado 31 de diciembre.

Como muestra, han incluido en sus planes de ajuste nuevas subidas del IBI municipios como Alcalá de Guadaíra, Burguillos, San Juan de Aznalfarache, Los Palacios, Huévar del Aljarafe o Morón de la Frontera. En La Algaba, donde el gobierno local había apostado por congelarlo, se actualizará con el IPC. En otros municipios, como Osuna o Villaverde del Río, se intenta enfocar a que sólo paguen aquellos que, en teoría, tienen más recursos, incluyendo en los planes de ajuste subidas en la contribución enfocadas sólo para empresas y comercios con locales de más valor o para las grandes fincas agrícolas, respectivamente.

Los pueblos que se citan son sólo ejemplos de una tendencia generalizada. Como lo es el aumento de otras tasas que afectan a la totalidad de la población y que se suman al encarecimiento a nivel nacional de otros conceptos, como la electricidad y demás suministros. Hay bastantes municipios que han apostado por la subida de la basura (Morón de la Frontera, Los Palacios y Villafranca, Alcalá de Guadaíra o Carmona) o del agua (Morón de la Frontera).

En lo que respecta a las tasas por propiedades inmobiliarias y por conceptos como licencias de obras, los más afectados van a ser sin duda las familias que poseen alguna construcción sobre suelo rústico en la provincia. Hay constancia de hasta 360 parcelaciones, con miles de viviendas, amén de todas las dispersas sobre las que ni siquiera hay una estimación numérica. El decreto que la Junta aprobó el pasado 10 de enero, que las libra de la piqueta en su mayoría y que abre la mano, si no para legalizarse, sí para que sean reconocidas como asimilados a la de fuera de ordenación, ha puesto a disposición de algunos ayuntamientos, sobre todo los que tienen mayor término municipal, una bolsa de ingresos inestimable en estos tiempos.

Al margen de los procesos de regularización que están en marcha y que implican que los propietarios paguen las dotaciones públicas, muchos ayuntamientos han anunciado que llevarán a cabo planes de inspección fiscal sobre estos inmuebles que implicarán multas, certificados, informes técnicos, entre otros, que se traducirán en ingresos. Lo han incluido, por ejemplo, en sus planes Écija, Utrera y Carmona. Morón no lo cita expresamente en el resumen de las medidas de ajuste que difundió en una nota de prensa, pero ha aprobado una nueva ordenanza sobre expedición de declaraciones de asimilado a la de fuera de ordenación con este mismo enfoque.

Mairena del Aljarafe, donde este tipo de construcciones no tiene tanto peso, también ha apostado en su plan de ajuste por la inspección de tributos, para lo que se designará incluso a una persona, y La Algaba ya lo incluyó en la aprobación de sus ordenanzas fiscales, a finales del año pasado, destinado a regularizar los datos fiscales de las viviendas de las nuevas urbanizaciones en materia de IBI y del resto de tasas e impuestos municipales. San Juan también apuesta por una "inspección catastral".

Pero el titular de que la vida en los pueblos será más cara que ahora se justifica, sobre todo, por la espectacular subida que, en buena parte de los municipios, tendrán los precios que se pagan ahora por servicios, opcionales eso sí, y que apenas cubren una mínima parte de lo que cuesta ponerlos en marcha, lo que ha contribuido a aumentar el déficit de los ayuntamientos. Es el caso de las piscinas cubiertas. Un ejemplo: un municipio sevillano de casi 30.000 habitantes cubre con las tasas (125.000 euros) apenas una tercera parte de unos costes anuales de (325.000) y en la provincia hay varios casos de municipios de menos de 10.000 vecinos que han construido equipamientos de este tipo. Ya han apuntado que tendrán que incrementar las tasas por servicios similares (deportes, cultura, talleres...), hasta aproximarlas a lo que cuesta realmente organizarlos, municipios como San Juan de Aznalfarache, Utrera o Espartinas, donde afecta también a la escuela de música y danza, al transporte escolar o al cementerio.

El alcalde de Coria, José Vicente Franco (PSOE), que por cierto no logró sacar adelante el plan de ajuste al no tener mayoría absoluta, ha apuntado que esta equiparación de tasas al coste del servicio será obligatorio en el municipio para la piscina y otros servicios a partir de mayo, cuando entre vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Hasta el momento, el Ministerio de Hacienda ha recibido facturas de los ayuntamientos sevillanos que suman un montante de más de 304 millones de euros pendiente de pago a proveedores.