La dueña de una residencia de ancianos ha sido absuelta de maltratar a las 23 personas a las que acogía pues las "deficiencias estructurales y funcionales" que apreció la Junta "de ninguna manera" suponen un delito de torturas por el que el fiscal pidió para ella 23 penas de 9 meses de cárcel.

La acusada C. T. L. alojó en una vivienda situada en la carretera Dos Hermanas-Utrera a un número variable de ancianos y una inspección de los Servicios Sociales detectó incumplimientos de la ley de Atención y Protección de las Personas Mayores, según la sentencia del juzgado penal 5 de Sevilla, a la que ha tenido acceso Efe. Pese a dichas deficiencias, "los hechos que se declaran probados en ningún caso se consideran constitutivos de un delito, y mucho menos de 23, contra la integridad moral en los términos planteados por el Ministerio Fiscal", dice la juez.

Ninguno de los supuestos perjudicados ni sus familiares manifestaron "que resultaran con menoscabo en su integridad moral" o que "se vieran obligados a realizar acciones o a soportar situaciones contra sus criterios éticos", lo que constituye el delito denunciado. Por el contrario, todos los residentes manifestaron que "se encontraban correctamente atendidos y que, dada las circunstancias de edad comunes a todos ellos, su evolución física era positiva en general".

"Los propios ancianos manifestaron que se encontraban muy a gusto en la residencia y que lamentaron cuando tuvieron que marcharse, sin que ninguno de ellos o sus familiares se hayan personado o reclamado a través de este procedimiento", añade la sentencia.