El peso de la herencia recibida tan repetido en los discursos de Juan Ignacio Zoido para justificar el escaso avance registrado en la ciudad en los dos últimos años ha dado paso a la carrera de obstáculos puestos por la Junta de Andalucía para frenar los planes del alcalde. Un argumento que Zoido defiende cada vez que puede y que para el PSOE se ha convertido en "una pena negra" tan insoportable como la situación que sufre una ciudad. Sevilla pierde mientras las dos administraciones, cada una de un color político, se enredan en una maraña burocrática que alarga los plazos, a veces de manera intencionada, y condena a la ciudad a terminar el mandato sin aliento y sin nada nuevo que enseñar. ¿Y de quién es la culpa? ¿Hay un bloqueo real o más bien torpeza más o menos orquestada para demorar los asuntos? Es difícil dar una respuesta rotunda.

la cartuja. La última batalla se está librando aún estos días a cuenta del puente proyectado sobre el río a la altura de la Torre Pelli. En mayo se aprobó inicialmente una modificación puntual del PGOU para su construcción. En principio el expediente señalaba que la competencia era de la Junta de Andalucía, pero finalmente se corrigió el error y el acta del Pleno refleja que es municipal. No obstante, lo lógico sería que se justificara la infraestructura con informes de movilidad y se pidieran informes sectoriales antes de remitir el documento al Consejo Consultivo, cuyo dictamen es vinculante y garantiza que se ha tramitado de manera correcta y que no va en contra del desarrollo urbanístico previsto. Fomento ya ha informado en contra y Cultura ha planteado alegaciones, pero ninguna de estas decisiones bloquea de momento el proyecto. Zoido podría seguir adelante mientras no tenga el informe contrario del Consejo Consultivo, que es lo que lo podría paralizar. Pero ¿conviene realmente o es mejor esperar? El gran problema del puente es su financiación y, como no está resuelta, todo los informes y trámites que se produzcan sólo dilatarán en el tiempo una decisión política que difícilmente querrá adoptar el gobierno local en estos momentos. El convenio urbanístico de la Torre Pelli preveía que Puerto Triana pagara una pasarela peatonal, no un puente para el tráfico rodado cuyo coste añadido tendrá que salir de las arcas municipales en un momento en el que las inversiones está previsto que caigan en picado y, además, hay un compromiso con el Gobierno central para no endeudarse más. En la Junta se entiende que esta infraestructura, que uniría prácticamente la plaza del Duque con la Torre Pelli, no es oportuna en estos momentos y que, de hacerse, debería ser iniciativa privada en exclusiva. El Ayuntamiento insiste en que, si la obra se hace, debería ser lo más completa posible y califica de ridículas las alegaciones presentadas por la Junta diciendo que el puente, que va de orilla a orilla, sin pilastras, afectará a la práctica deportiva. Un debate estéril, que se reproduce en el caso de las piscinas y el centro de ocio proyectado junto al río, el denominado Paseo del Arte, y que sólo reporta rédito político.

la gavidia y LA alameda. El Ayuntamiento defiende un uso comercial de la antigua comisaría de Policía y también un parking subterráneo en el centro, intramuros, debajo de la Alameda. Y apunta que, en ambos casos, los proyectos necesitan el visto bueno de la Junta de Andalucía, poniendo la pelota en el tejado de San Telmo. Estos dos casos forman parte de un expediente que incluye 17 modificaciones y cuyo trámite se inició en mayo de 2012 y que ha pasado ya por decenas de alegaciones de vecinos, ecologistas e incluso de grandes comercios. Hay ya informes de la Junta y del Gobierno central preceptivos y, en marzo de este año, se aprobó provisionalmente el expediente que obligaba a solicitar informes sectoriales a las consejerías de Cultura y Comercio, así como a la Dirección General de Aviación Civil. Pero antes de que la Junta apruebe la modificación del PGOU para el caso de la Gavidia definitivamente, habrá que esperar al Consejo Consultivo, cuyo dictamen es además vinculante. El Ayuntamiento ya lo ha remitido y espera respuesta. Antes de tenerla, culpar al Gobierno andaluz de bloquear el proyecto carece de sentido, pues, además, pedir este último trámite es competencia municipal. ¿Saldrá finalmente adelante? Al margen de las decisiones políticas, el Ayuntamiento tiene que demostrar que el cambio del PGOU va a provocar que se mejore el entorno y beneficie a la población y que se garantiza que esos 7.500 metros cuadrados de suelo público que ocupa el edificio se van a compensar en otro lugar de la zona. En el caso del aparcamiento de la Alameda también se tiene que pronunciar el Consejo Consultivo, pero el dictamen es independiente del de la Gavidia. Tal vez la oposición vecinal que encuentra el proyecto -muchos no entienden que se vuelva a gastar dinero en levantar una plaza ya remodelada por el gobierno anterior, con las molestias que origina- ha quitado las ganas al gobierno municipal que, de obtener luz verde, tendría que adoptar una decisión política difícil en la recta final del mandato. Mientras tanto, la Junta tiene poco que decir al respecto.

los aparcamientos. El problema del tráfico y la falta de estacionamientos es una cuestión que Zoido se comprometió a abordar en este mandato y, tras resolver el entuerto de las fianzas del plan paralizado -cuya devolución está aún pendiente del visto bueno del Consejo Consultivo por cierto-, presentó uno propio y anunció la construcción de los dos primeros de su era: el de San Martín de Porres y el del Cid. Los trámites se iniciaron, pero el concurso para adjudicar las obras quedó desierto por falta de interés de las constructoras, que ven demasiadas exigencias en el pliego. Éste sería aquí el único freno, pues la Junta no tendría nada que objetar. O sí, porque cuando se sometió a información pública el aparcamiento de la Glorieta del Cid, en el Prado, éste recibió varias alegaciones de comerciantes y un informe de la Comisión Provincial de Patrimonio que advierte que el proyecto necesita una modificación. El informe no era vinculante, ni frena nada, pero avisa al Ayuntamiento del riesgo de paralizar la obra si apareciesen, por ejemplo, restos arqueológicos. Entonces ya se vería y, en cualquier caso, se hallaría un motivo más para la confrontación. Por ahora, esas obras no se activarán de inmediato.

ikea y la se-35. Uno de los temas estrella del mandato es, sin duda, el segundo centro de Ikea del que, casi con total seguridad, no se pondrá un ladrillo en esta era de Zoido. Los dos últimos años de datos y reproches son el perfecto ejemplo de confrontación. El Ayuntamiento ha repetido en varias ocasiones que el proyecto estaba bloqueado por la Junta, cuando aún faltaban por dar trámite a expedientes cuya responsabilidad era municipal.

El plan parcial de los suelos de San Nicolás Oeste, donde se ubicaría la tienda, se aprobó inicialmente en septiembre de 2011, meses después de llegar Zoido a la Alcaldía. Y se puso en marcha una tramitación que afectaba a las tres administraciones públicas. En julio de 2012 se recibió la primera tanda de informes y se aprobó el plan, condicionado no obstante a informes de suministro eléctricos vinculados a la carretera SE-35. Cinco meses antes Zoido había firmado ya el convenio con los promotores del suelo y se había comprometido a agilizar el proceso para que las obras en la parcela se iniciaran en el mismo año y concluyeran en la primavera de 2014. Pero el expediente del plan parcial se topó con errores que hubo que corregir y que paralizó durante más de cinco meses el proyecto a la espera de informes de la Junta, por un lado, y del Gobierno central, por otro. También ha habido retrasos achacables al Ayuntamiento. Hasta julio de este año no se ha remitido a la Junta el expediente para resolver el deslinde de una vía pecuaria que afecta al terreno, un trámite que correspondía al Ayuntamiento, que no cayó en al cuenta hasta julio de 2012, un año perdido mientras se criticaba la demora en otras instancias.

Entre una cosa y otra, hasta el mes pasado no se aprobó de nuevo el plan, aún con un informe contrario de Fomento que espera que se recepcione por parte del Ayuntamiento el tramo de la SE-35. Y aquí surge otro problema. A pesar de la celeridad prometida por Zoido, el proyecto se ha retrasado culpa, en esta ocasión, del Ministerio de Fomento, del que se esperaba un informe sectorial y no se estima que la licitación pueda producirse hasta 2014. Queda un obstáculo, el económico. En abril de 2012 el Ayuntamiento modificó el presupuesto de Urbanismo para sacar fondos previstos para obras en barrios hasta acumular 29 millones para la SE-35 y hace un año el Gobierno firmó con Zoido un protocolo de intenciones para aportar 12,5 millones a cambio de la gestión de varias carreteras por parte municipal. Pero en los presupuestos de 2013 no apareció ese dinero y en los de 2014 sólo hay un millón. Aun así, el alcalde asegura que se hará el tramo de la carretera "sí o sí", sin más explicaciones y pide colaboración a la Junta. Después faltaría que la multinacional sueca diera el paso definitivo para iniciar la construcción del centro cuando se cerciore de que no queda ningún obstáculo para levantar la superficie que quiere y que también chocó con problemas de edificabilidad.

el estadio y decathlon. Rectificar es de sabios. Zoido se estrenó como alcalde con el propósito de atraer inversiones privadas que suplieran las carencias de las arcas públicas. Y en pocos meses dejó escapar a Decathlon, que pretendía abrir una gran tienda junto al Estadio de la Cartuja. La negociación y el trámite se inició en 2008, con el anterior gobierno, y se demoró hasta 2011 por fallos técnicos, cuando la Junta dio finalmente la licencia. Pero entonces cambió la Alcaldía y el nuevo equipo vio incompatible el proyecto con el vigente PGOU. Quiso hacer las cosas bien y tardó dos años y medio en aprobar una modificación. Pero Decathlon ya no está, ni se le espera.

Quien sí lo hace es la ciudad, que reclama la firma de un pacto de entendimiento entre Zoido y Susana Díaz. Dos no confrontan si uno no quiere.