Los trece juzgados de lo Penal que hay en Sevilla tramitan actualmente 7.000 sentencias firmes que están en la fase de ejecución de la resolución acordada por el juez. En esta misma estapa del proceso judicial se encontraba el caso de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz Cortés, que no había ingresado en prisión pese a la condena firme de dos años y nueve meses de cárcel por haber abusado sexualmente de su propia hija.

Según datos del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) a fecha 30 de septiembre de 2007, los últimos de los que se dispone actualmente, cada juzgado de lo Penal de la capital hispalense tramita una media de 532 causas ejecutorias, lo que eleva el total de asuntos pendientes del cumplimiento de condena hasta los 6.916, una cifra que ha descendido levemente con respecto a las 7.085 que se contabilizaban a finales de 2006.

El juzgado de lo Penal número 1, que está ahora en el centro de la vorágine desatada por el caso del pederasta Santiago del Valle, tiene actualmente 600 sentencias en fase de ejecución.

El hecho de que estas sentencias se encuentren en la fase de ejecución no implica que en todos los casos las personas que hayan sido condenadas estén en libertad, como paradójicamente ocurrió en el caso del principal sospechoso del crimen de Mari Luz, puesto que la ejecución abarca desde que comienza el cumplimiento de la pena impuesta hasta que finaliza.

Además, no en todos los casos se trata de personas condenadas con penas de cárcel, puesto que la ejecución puede obedecer por ejemplo al pago de una multa que se está abonando en plazos, a la prestación de un trabajo en beneficio de la comunidad, o a la retirada de un permiso de conducir cuya ejecución no estaría resuelta hasta que terminara el periodo de prohibición de conducir.

De otro lado, no en todas las causas en ejecución se da la circunstancia de que la persona condenada no comparezca a los requerimientos judiciales para cumplir la pena impuesta, lo que en su caso implicaría que el juez debería dictar una orden de busca y captura para su localización. En el caso del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, su titular, Rafael Tirado, ha asegurado que lleva un control periódico del estado en el que se encuentran estas requisitorias y cada seis meses pedía a la Policía una relación de dichas órdenes. En la actualidad, este juzgado mantiene en tramitación 85 órdenes de busca y captura o de averiguación de domicilio y paradero.

En cualquier caso, el escándalo por los errores del sistema judicial en el encarcelamiento del pederasta Santiago del Valle ha revelado que en Sevilla puede resultar conveniente la creación de, al menos, dos nuevos juzgados especializados en la ejecución de las sentencias firmes, según explicaron ayer fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Este tipo de órganos, que sólo se encargan de velar por el cumplimiento de las sentencias y tramitar un proceso que a veces se prolonga en el tiempo, ya funcionan en seis ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao y San Sebastián.

En la mayoría de estas capitales hay más de un órgano judicial dedicado a estos menesteres, como en el caso de Madrid y Barcelona, con cuatro juzgados especializados, o Valencia, con tres. Las fuentes consultadas no dudaron en apuntar que, con la creación en Sevilla de dos de estos juzgados, el control de los asuntos que se hallan en fase de ejecución sería mucho más preciso que el que existe en la actualidad.

El propio decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, advirtió esta semana de que lo ocurrido en el caso de Santiago del Valle podría "volver a pasar", debido a la situación de sobrecarga de trabajo de los juzgados de lo Penal de Sevilla, que superan cada año los módulos de entrada de asuntos que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoce como adecuados.