Facultativos del Instituto Nacional de Toxicología tomarán muestras de sangre y orina a más de 300 vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río, afectada por la presencia de compuestos químicos volátiles en el alcantarillado que se filtran a las viviendas, y determinar si las sustancias están presentes en su cuerpo, como se ha detectado ya en ocho afectados, según informes realizados a petición de la Guardia Civil.

Los análisis son voluntarios y se harán entre el miércoles -cuando se ha citado a 173 personas, a partir de las 08:30 horas- y el jueves -a otras 129-, por orden de la juez que instruye el caso y previa petición del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza).

Fuentes del cuerpo han confirmado que los agentes custodiarán las muestras y serán los encargados de entregarlas en la sede del Instituto Nacional de Toxicología en Sevilla, donde se realizará el análisis.

Esos vecinos a los que se les tomará muestras ahora son los que, en su momento, testificaron ante la Guardia Civil sobre lo que estaba ocurriendo y aproximadamente la mitad son menores de edad, aunque la plataforma de afectados asegura que no son los únicos que han sufrido la situación.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado que se habilitará un dispositivo especial en el centro cultural Pastora Soler de Coria para entregar las muestras. Desde hace unos días, se está citando a los vecinos, primero para que recojan el recipiente para la muestra de orina en el centro de salud y para que acudan el miércoles o jueves, a una hora concreta, a este lugar para entregarlo y efectuarles una extracción de sangre.

En los análisis que se han hecho ya a ocho vecinos se detectó presencia de bajas concentraciones de n-hexano y acetona, dos disolventes tóxicos que penetran en el organismo vía inhalatoria y que, por lo general, el hígado metaboliza de forma muy rápida, eliminándolos en 24 horas. El problema es la exposición continuada, que puede tener consecuencias para la salud, según un informe del Instituto de Toxicología del 20 de enero.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Coria del Río, en una providencia del pasado 28 de mayo, da cuenta de esos primeros resultados y de la petición del Equipo de Investigación del Seprona para que se tomen muestras de sangre y orina al resto de vecinos que prestaron declaración, "a fin de poder determinar la presencia de restos de las sustancias tóxicas detectadas en los organismos de los vecinos de esa barriada, y evaluar la afección de éstas en su salud", señala la jueza María Isabel Florea.

Los vecinos de la barriada Guadalquivir llevan años denunciando los malos olores, similares al gasóil o a  disolventes, en las calles y en las casas. Aunque se movilizaron masivamente en el otoño de 2017, cuando  el problema se agudizó y empezaron a tener síntomas y a acudir al médico.

Los propios afectados y el PP llevaron el caso a la fiscalía. En el juzgado que se ha personado también Ecologistas en Acción.

En Noviembre de 2018 el Ayuntamiento de Coria activó el protocolo de suelos contaminados y en julio del año pasado, instó a los propietarios de una gasolinera de la zona a hacer un estudio de subsuelo, después de que se detectara contaminación por hidrocarburos en el mismo, que podría estar en el origen de todo. Esas sustancias, volatilizadas, se filtrarían al alcantarillado y de ahí a las viviendas.

Fuentes municipales han confirmado también que se le pidió el auditorio municipal para estos nuevos  análisis y han puesto el acento en la colaboración con cualquier petición del juzgado o de la Guardia Civil.

Afectados comparan el caso con el de Erin Brocovich

No obstante, la plataforma de vecinos afectados siguen lamentando la falta de medidas contundentes para afrontar el problema, que les está llevando a una "lucha interminable" porque se esclarezca.

Sergio González, uno de los miembros de esa plataforma, compara su lucha con el caso que destapó Erin Brocovich y niega que lo que pretendan sea dinero o indemnizaciones, sino soluciones y el reconocimiento de una situación que no se debía haber permitido desde el primer momento.

En este sentido, se muestran esperanzados en la implicación del Seprona y del propio juzgado.

Durante este tiempo, las autoridades sanitarias han defendido que las concentraciones de tóxicos detectadas en la zona no tenían efectos graves para la salud. Sin embargo, varios análisis detectaron presencia de sustancias en una concentración superior a la que recoge la legislación de prevención de riesgos laborales, previstas para personas adultas y sanas y por un tiempo determinado de exposición.

Emasesa y Aljarafesa han realizado obras para intentar que su red y colector filtren esas sustancias a su paso por la zona.