Rogelia Gómez tiene firmada ante notario su última voluntad. "Que el día de mañana, cuando falte, todos mis órganos sean analizados toxicológicamente por el bien de todos los que queden", afirma con voz emocionada. Es el reflejo de la frustración, la impotencia y la incansable lucha de esta vecina de Coria del Río que lleva desde 2017 batallando una guerra en la que, lamenta, "no se ha conseguido nada". Dice que peleará "hasta el final" para que responsables políticos y sanitarios reconozcan el problema de toxicidad con el que, aseguran, convive "las 24 horas del día" dentro de su propia casa debido a una posible contaminación en la red de abastecimiento de agua por filtraciones de gases tóxicos.

Cuando Rogelia recibe a este periódico está rodeada de una decena de personas también afectadas. Todos padecen desde cefaleas o mareos a situaciones más graves como tumores, leucemias o problemas cardíacos. Se han reunido en la cochera que hace de sede de la Asociación de Vecinos Afectados por los Tóxicos de Coria del Río que Rogelia preside desde hace seis años. Habla por teléfono con un tono acalorado. "Es el director de Medicina Interna del Hospital Virgen del Rocío", dicen algunos de los presentes. Es la unidad en la que se atienden sus dolencias.

La conversación se extiende por varios minutos más hasta que Rogelia le dice a su interlocutor que la está esperando la prensa. No entiende el motivo de esta llamada, ni tampoco que se quiera reunir con ella en los próximos días. La clave la da otro vecino afectado y miembro de la asociación, Sergio González, el único que tiene reconocida una incapacidad permanente total por las taquicardias, ansiedad y depresión que padece y en lo que pesa, según el informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social, su "exposición en domicilio a benceno, tolueno, fenol, 1,2,3-trimetilbenceno, n-hexano y sulfato de dimetilo por encima de los valores aceptables". "Lo he denunciado ante la Guardia Civil", dice. Lleva la denuncia en la mano. "Le habrá llegado la notificación y por eso nos llama ahora", apostilla. Es otro ejemplo de la desesperación que asola a los vecinos de la conocida barriada Guadalquivir en Coria.

Los pleitos judiciales, informes, reclamaciones o resultados de estudios acreditados por expertos son el único apoyo de una vecindad que lleva seis años exigiendo respuestas. La mesa de gran longitud que preside el habitáculo de la sede de la asociación se les ha quedado pequeña para albergar tanto documento. Tienen unos 12.000 folios entre informes médicos y técnicos que acreditan que los problemas de salud que padecen están relacionados con la inhalación continuada de gases tóxicos. "Falta el más importante. El que reconozca que todo lo que estamos luchando no ha sido en balde y nos den soluciones. Se está muriendo gente, niños incluidos, y aquí nadie actúa", reconoce Rogelia. Lamentan que las administraciones "no quieren admitir" que los problemas de salud que sufren tienen relación con los gases tóxicos" que llevan años inhalando. A ninguno se le escapa que eso provocaría una alarma que nadie quiere y que "sacaría a la luz una dejación de funciones".

Rogelia al final de la larga mesa que expone toda la documentación archivada.

Entretanto, viven una "pesadilla constante" que se presenta con horario impredecible y variable en cualquier momento del día. "Llevamos dos o tres tardes que empieza el olor y las noches son la muerte", relatan los vecinos. "Nos están envenenando", apostilla rotunda Rogelia.

Llevan años demandando un informe epidemiológico que demuestre que sus dolencias están relacionadas con los elevados niveles de las 19 sustancias tóxicas detectadas en la zona y recogidas en un estudio elaborado por la Universidad de Sevilla. El Servicio Andaluz de Salud (SAS) asegura que lo ha hecho pero a los vecinos no les ha llegado. "No les ha llegado ni a los propios médicos que nos llevan, que sería lo mínimo. Por lo tanto tenemos dudas de que ese estudio epidemiológico exista", afirman abatidos los vecinos.

Ante esa falta de documentación, han sacado sus propias conclusiones. "Es muy fácil de hacer. Basta con coger tres calles para comprobar que los datos hablan por sí solos. ¿Cree que es normal que es una calle de 16 viviendas puede haber diez infartos? ¿Puede haber tres muertes súbitas en mes y medio? No es normal desde ningún punto de vista. ¿No le llama la atención a nadie? Les da igual. Nos tienen abandonados", se responde desolada Rogelia. Lo tienen todo apuntado en un documento de elaboración casera, dolencia a dolencia, casa por casa y calle por calle.

Una de las calles de la barriada donde viven los afectados.

El movimiento vecinal que preside Rogelia Gómez se inició en el otoño de 2017, aunque aseguran que los "olores a químicos" rondan la zona "hace unos quince años". Fue en ese momento cuando, hartos de avisar a los servicios públicos por los fuertes olores que les impedían vivir en sus domicilios, un grupo de residentes en el barrio denunciaron en el juzgado la situación, adjuntando informes médicos, tras comprobar que había un patrón de síntomas que se repetía en ellos desde seis meses antes: cefalea, picor de ojos y garganta, sangrado de nariz, cansancio extremo o pérdida de la conciencia. Síntomas que, recalcan, afectan "por igual a mayores y niños" y, aunque hay unas doscientas personas directamente afectadas, aseguran que, de algún u otro modo, "el problema llega a 4.000 personas". Todas las que viven en el barrio. 

La larga lista de afectados

Entre los documentos que archivan, cuentan con un informe del Seprona que confirmó en los inicios de esta lucha la presencia de gases, algunos en niveles muy altos, como el sulfato de dimetilo. Ello promovió la activación de un protocolo de mediciones en varias viviendas en puntos distantes de la barriada. Se realizaron análisis de sustancias tóxicas en los residentes de esos domicilios: seis adultos y dos niños que doblaron la cantidad que se considera normal en trabajadores expuestos a sustancias químicas como el hexano detectado en sangre y la acetona, presentes también en orina. Las mediciones apuntaron a un riesgo moderado, importante o intolerable por la exposición a sustancias dañinas como el benceno, n-hexano, sulfato y sulfuro de dimetilo. "¿Y esto resulta que ahora no es verdad?", se pregunta Rogelia.

José Herrera es uno de los vecinos que se sometió a esos análisis. Le detectaron acetona en sangre. Años después, nada ha cambiado, y se pregunta cuáles son sus derechos. "Si ya nos hicieron un estudio en el que se nos detectó la presencia de esos tóxicos en nuestro cuerpo, dónde están mis derechos a recibir una atención sanitaria adecuada. Estamos pidiendo que se hagan análisis toxicológicos que nos digan si esto sigue igual, pero se ve que no tenemos derecho", se lamenta.

"A mí me extirparon un riñón y yo pedí que lo analizaran y lo tuve que recurrir al juzgado", comenta por su parte Francisco Manuel Perea. "Era un cáncer, sí. Pero es que más tarde me vieron otro bulto en el otro riñón y pudieron salvarlo porque se cogió a tiempo. Nadie ha estudiado que pueda estar vinculado a los niveles tóxicos que respiramos. No les interesa", añade.

Junto a ellos, hay otra vecina más que se pregunta el porqué de sus dolencias. Tiene unos 50 años y, literalmente, dice que se ahoga sólo con agacharse a ponerse los zapatos. "Me dicen que eso está en mi mente", afirma la mujer. Ha pasado una leucemia y es trasplantada de médula. "Desde el día que me detectaron mi enfermedad me preguntaron dos cosas, dónde vivo y dónde trabajo. Cuando dije que era de Coria del Río, no me preguntaron nada más. Me intento someter a cualquier estudio y no me lo aceptan. Los propios médicos me han reconocido que esa leucemia no era normal ni en una mujer ni de mi edad. Por eso me preguntaron de donde era", sostiene. Cuenta que llegó al barrio hace 18 años "con toda la ilusión del mundo". Compró una casa en la zona nueva de la barriada e invirtió en ella todos sus ahorros. "No puedo ni quiero irme, pero necesitamos soluciones", apostilla.

Por contra, hay quienes sí han decidido tirar la toalla y abandonar su domicilio. "Les ha resultado más fácil vender e irse o alquilarla y dejar el problema a otros. Son muchos. Probablemente, en el último año se hayan ido 60 personas. Pero otros no podemos ni queremos abandonar nuestra casa porque todo lo que tenemos y queremos está aquí", afirma Rogelia. "Si nos tenemos que ir porque aquí no se puede vivir por contaminación, que lo reconozcan, que nos lo pongan por escrito", añade.

Los gases que inhalan emanan del suelo y su lucha es por descontaminarlo y que se reconozca que hay un problema grave de salud pública. Por ello, dirigen sus reivindicaciones hacia el distrito sanitario. Pero también culpan al alcalde, el andalucista Modesto González, como "máximo responsable de sus vecinos". Le achacan que no quiera ver el problema y dar soluciones para no caer "en una dejación de funciones durante años".

No son los únicos. Lamentan que las trabas vienen de más arriba. "Estamos esperando desde el 22 de noviembre de 2022 que venga un técnico de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid pero no llega. Se ha reclamado, se ha metido un impulso procesal, la fiscal lo ha reiterado por urgencia a Madrid y no llega. ¿Por qué? Pues porque va a ser el que va a determinar donde está la contaminación y qué es lo que hay que hacer. Cada vez que va a arrancar le ponen una zancadilla", se lamenta Rogelia.

Sin causas claras

Todas las partes afectadas esperan que ese informe dé luz sobre un problema del que se denuncian las consecuencias, pero sobre el que no están claras las causas, si la filtración de combustibles de una gasolinera localizada en las inmediaciones, y que ya fue investigada, o unos pozos negros localizados en las tierras donde se asienta la barriada a los que apuntó al inicio del procedimiento un técnico municipal en los que se vertían en los años 80 residuos industriales y que no se habrían sellado bien. Esas sustancias estarían deparando, según esa tesis, en el propio Guadalquivir y, directa o indirectamente, hacia las canalizaciones, principalmente porque son sustancias muy volátiles, es decir, difíciles de contener

"Se quiso achacar el problema al surtidor, pero nosotros siempre hemos dicho que no era el único. Aún así, tampoco han venido a hacer mediciones en las mismas casas que se hicieron para comprobar que tras las actuaciones en la gasolinera se hayan acabado los niveles de tóxicos en la barriada. A nosotros nos da igual que sea la gasolinera o los pozos. Lo que queremos son soluciones", apostillan los vecinos.

Detalle de los más de 12.000 folios con los que cuenta la asociación entre informes y estudios.

El caso está en los tribunales aún en fase de instrucción. La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA estimó a mediados de noviembre la denuncia de los vecinos respecto al archivo del procedimiento para declarar la zona como suelo contaminado. Es decir, el Ayuntamiento no actuó "conforme a derecho", dice la sentencia, al no dar salida a la reclamación de los vecinos en un paso administrativo clave para proceder legalmente ante la situación que viven. Sin embargo, será recurrida porque no les da la razón en otros aspectos, como una valoración de los daños que sufren. Los vecinos consideran que "todo anda muy lento". En pro de avanzar, han elevado un nuevo escrito al Juzgado de Instrucción número 3 de Coria, reclamando otra vez un "impulso procesal" a la investigación penal del asunto, especialmente por las pruebas periciales acordadas sobre la teoría de los pozos negros como posible foco de la contaminación.

Los vecinos cuentan con el apoyo de Ecologistas en Acción. Gema Velasco es una de sus portavoces y explica que, en ese caso, "la salud de las personas es lo más importante". "Estamos hablando de gases tóxicos, no son olores, y que están dentro de las viviendas y eso, independientemente del ecologismo, nos parece inhumano", afirma.

Piden que el expediente de actuación en la gasolinera y la descontaminación del suelo realizada se cierre "con un informe que así lo demuestre". "Si haces una limpieza, tendrás que comprobar que ha funcionado. Pues el documento que tiene que acreditar no nos ha llegado jamás. No digo que no exista, pero que puedan verlo los afectados. Se lo hemos pedido a la Junta de Andalucía y estamos a la espera", reclama Velasco. Pero también denuncian que desde el Ayuntamiento de Coria no se les tome "en serio". "Le hemos pedido al alcalde que investigue de oficio y que abra expedientes de oficio de suelos contaminados para ver hasta donde llega esa contaminación porque el problema persiste. Nos ha respondido en una carta que, a nivel personal, me parece vergonzosa porque, aparte de satirizar y ridiculizar nuestra petición, básicamente, niega que exista un problema de salud pública. ¿Qué podemos esperar?", se pregunta la ecologista. 

El caso no termina de resolverse ni en el juzgado ni en la administración sanitaria. Seis años después todas las preguntas siguen sin respuesta. "Llegaremos hasta el final. Tenemos claros que aquí hay intereses creados y que no interesa que esto salga a la luz. Si alguno de los responsables tuviera una casa aquí, seguro que esto se habría solucionado", sentencia Rogelia Gómez.