El 90% de los polígonos industriales andaluces carece de equipamientos

Parece que el concepto de los polígonos industriales ha pasado a mejor vida. Se conciben como zonas fuera de las ciudades en las que se ubicaban las empresas y que, con los cambios económicos de las dos últimas décadas se han ido quedando abandonados. Pero no es cierto. Según los datos de la Junta, en Andalucía se contabilizan un total de 2.379 polígonos industriales en más de 540 municipios, lo que significa que el 69% de ellos cuenta con una zona de este tipo. Y siguen teniendo una gran relevancia económica.

Según consta en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, IECA, estos polígonos albergan a 46.500 empresas y a diez mil autónomos, lo que supone el 16% del tejido empresarial andaluz y el 22% de los trabajadores de la comunidad autónoma. Un capital económico que es relevante también para mantener la población más allá de las ocho capitales y de las cuatro ciudades con más población de Andalucía.

Pero sí que es cierto que se han ido quedando obsoletos, generalmente por falta de atención de las administraciones y, en muchos casos, porque las promociones de viviendas los han ido ahogando imposibilitándolos crecer y mejorar sus comunicaciones e infraestructuras. La realidad es que el 40% de estos polígonos industriales no cuenta con servicios adicionales para una zona de estas características como una red contra incendios, telecomunicaciones y señalización. Pero es más grave aún que el 90% carece de equipamientos e infraestructuras como centros de empresas, suministro de gas o depuradoras de agua para dar servicio a las empresas.

En este escenario, el consejero de Industria y Energía, Jorge Paradela, ha presentado ante el Parlamento la Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la industria en Andalucía, LEPA, que pretende potenciar estos espacios atendiendo a las demandas de los ayuntamientos y las asociaciones empresariales.

La normativa busca no sólo modernizar estos espacios sino reducir trabas administrativas para favorecer la implantación de nuevos proyectos industriales. La ley cuenta con 92 artículos e introduce lo que denomina “espacio industrial protegido”, con el que se preservarán espacios de alto valor industrial y elevado impacto económico y social para el territorio, y que se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente. Esta preferencia incluye la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta y el acceso a incentivos específicos.

Otra de las novedades de la ley son los “Proyectos tractores de la industria”, que son los que generan un efecto de arrastre para la economía local y que van a tener un régimen administrativo especial.

Además, la ley calificará los polígonos en tres niveles en función de las infraestructura con las que cuenten: básico, avanzado y avanzado excelente. Eso además de añadirles etiquetas en función de su especialización industrial y su desarrollo tecnológico y sostenible: inteligente, sostenible o Eco-green.