La juez Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos y el pago de sobrecomisiones en las pólizas financiadas por la Junta, ha dado un plazo de dos días a la Fiscalía Anticorrupción y a las demás partes personadas en la causa para que se pronuncien sobre la petición de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular, de suspender la declaración del que fuera interventor general de la Junta, Manuel Gómez, que está prevista para el día 25 mientras la Audiencia de Sevilla resuelve el recurso presentado contra la imputación de 20 altos cargos públicos, entre los que se encuentra la ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra Magdalena Álvarez.

En una providencia fechada el pasado lunes, la juez Alaya admitió el recurso de la Junta de Andalucía "en un sólo efecto", lo que implica que en principio no se suspende las disposiciones de ese auto mientras se resuelve dicho recurso, apuntaron fuentes del caso.

La Fiscalía Anticorrupción pidió recientemente a Alaya que fije un "calendario razonable" para la declaración de los 20 altos cargos imputados, de lo que se desprende que el fiscal se opondrá a la suspensión de las declaraciones.

De otro lado, la juez Mercedes Alaya debe informar en los próximos días a la Sala de Gobierno del TSJA sobre el estado en que se encuentran las macrocausas que instruye, siguiendo la obligación que se le impuso cuando rechazó la ayuda de un segundo juez. El pasado 21 de mayo, el TSJA mostró su "preocupación" por el retraso de hasta tres años en las declaraciones. Dos días después, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, aseguró que no veía motivos para abrir expediente a Alaya, si bien consideró que un retraso de tres años en las declaraciones "no es normal ni aceptable".