La prohibición de un alto cargo de trabajar en empresas con la que haya tenido relación en el ejercicio de la función pública no sólo le afecta a él, sino también a la propia compañía. Si el ex viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, hubiese incumplido esta obligación, la Junta no podría contratar con Asisa durante los dos años que dura esta incompatibilidad.

La Ley de Contratos del Sector Público, que afecta también al ámbito autonómico, prohíbe a la administración contratar con empresas que tengan como directivos a ex altos cargos que procedan de organismos con los que haya tenido relación. El artículo 71 de dicha ley especifica en su apartado primero que es causa de prohibición contratar "empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo". La ley de los altos cargos también detalla que la incompatibilidad afecta a todas las entidades que pertenezcan al mismo grupo societario, por lo que es indiferente que Guzmán sea directivo en la aseguradora de Asisa o en la sociedad de los hospitales de la misma compañía.

Miguel Ángel Guzmán fue gerente del SAS antes que viceconsejero, y durante este primer empeño en el Gobierno andaluz firmó contratos con hospitales y clínicas de Asisa por valor de 43,6 millones de euros. Cuando dimitió el 27 de diciembre pasado, el viceconsejero sabía que todos los altos cargos están afectados por esta restricción durante dos años. Tal cómo la consejera de Salud, Catalina García, explicó ayer a Canal Sur Radio, Guzmán debía haber comunicado a la Consejería de Justicia su voluntad de ingresar en Asisa para que resolviese si esto era compatible. No lo hizo y tampoco avisó a la consejera, por lo que ahora hay dos organismos que deben averiguar si está incumpliendo la ley: la propia Consejería de Justicia y la Oficina Antifraude de Andalucía. Esta última, además, tiene poder sancionador. 

Aunque la Oficina Antifraude puede actuar de oficio, la denuncia de Adelante Andalucía obliga a iniciar un trámite que comenzó ayer mismo con el registro y la recopilación de información.

Guzmán procedían del sector privado cuando fue fichado por el consejero Jesús Aguirre para dirigir la agencia sanitaria del Bajo Guadalquivir. Había sido director territorial de Mutua Universal y de un hospital de Vithas en Málaga, y pocos meses después fue nombrado gerente del SAS para convertirse en uno de los hombres fuertes de la Consejería. De hecho, se especuló con que él pudiera ser el sucesor de Aguirre en vez de quien era la viceconsejera, Catalina García, a la postre consejera.

Su dimisión el 27 de diciembre no fue explicada del todo, aunque se conocía las malas relaciones que mantenía con la consejera. Se dio la circunstancia de que ese día fueron relevados los dos cargos más importantes del departamento: él, que era viceconsejero, y el gerente del SAS, Diego Vargas. En ambos casos se apeló a las tradicionales "razones personales", aunque los problemas con las listas de espera y los retrasos en la adjudicación de los conciertos con clínicas privadas habían provocado un problema de gestión que estaba afectado al propio Gobierno de Juanma Moreno.