La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha emitido un informe sobre la proposición de ley de ampliación de la zona regable de Doñana, en el que llega a la conclusión de que el mismo vulnera la legalidad al no contar con un plan que debe ser sometido a las autorizaciones de prevención ambiental que se requieren para este tipo de proyectos. 

Según señalaron a este periódico desde la CHG, el informe "se ha presentado ante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento de Andalucía, en el proceso de tramitación de la proposición sobre regadío en el entorno de Doñana, en lugar de comparecer ante la misma el próximo martes". Ello, según el informe, va en contra de los principios de "lealtad institucional, coordinación, información mutua, cooperación, colaboración y coherencia" que la Ley de Evaluación Ambiental establece para las actuaciones de las Administraciones en materia de evaluación ambiental. 

Entre sus argumentos destaca la incompatibilidad de dicha proposición con el Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG), con el argumento central de que "la Junta no ha tramitado, ni aprobado plan alguno que sirva de base para la formulación de su proposición de ley, plan que hubiera debido someterse a la correspondiente figura de prevención ambiental".

El Plan reconoce de manera específica en su memoria que uno de sus principios es "el incremento cero de regadíos, salvo ya planificados", algo que "constituye una piedra angular de la propia planificación de toda la cuenca". A lo largo de esa tramitación "la Junta no se ha opuesto a esas políticas", por lo que la CHG entiende que "los planes sectoriales deben adaptarse a la disponibilidad de agua que marcan los planes hidrológicos y no al revés". En concreto, continúa el informe "por parte de la Junta se hicieron 12 alegaciones "ninguna de las cuales tenía referencias a una posible ampliación de la superficie regable en Doñana".

Este acuerdo para determinar las características y alcance del Plan Hidrológico del Guadalquivir "alcanzó un amplio grado de consenso" en el que en ningún momento "la Junta de Andalucía se opusiera al mismo". Con todo ello, la conclusión que la CHG extrae es que la proposición "es incompatible con el Plan Hidrológico, al contradecir tanto su normativa como sus objetivos". Todo ello "llega en un momento en el que Doñana resulta especialmente vulnerable por encontrarse en una situación de sequía extrema", en el que "deben extremarse las actuaciones para alcanzar el buen estado de las masas de agua subterránea".

El informe se detiene también en la pretensión de la administración autonómica de destinar una parte del trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos de aguas superficiales a satisfacer las necesidades hídricas de los nuevos suelos calificados como agrícolas y con derechos de agua". En este sentido, la CHG señala que "declarar unas zonas regables que no van a tener acceso al agua, es como mínimo inútil y, con más exactitud, un engaño". En este apartado acusa directamente a la Junta de "mala fe deliberada".

Este trasvase, continúa la CHG, "en ningún caso podrá destinarse a la creación de nuevos regadíos fuera del ámbito del suelo agrícola regable, ni a la ampliación o modificaciones de los ya existentes que impliquen un aumento de la superficie de regadío en sistemas de explotación de recursos deficitarios, como es el caso de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir".

Otro de los apartados del informe hace referencia que la iniciativa venga a cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio de 2021, en la que se exhorta a España "a implementar el máximo de medidas posibles para preservar el estado del acuífero y de los humedales, por lo que es vital avanzar en las obras de interés general que facilitarán la llegada del agua superficial". Por contra, argumenta la Confederación, "la llegada del agua superficial no es un objetivo 'per se', sino un modo de eliminar extracciones de agua subterránea. La presente proposición hace esto más difícil y sitúa a la Junta de Andalucía directamente en contra del cumplimiento de la mencionada sentencia". 

Del mismo modo, "sitúa a la Administración andaluza en contra de las recomendaciones de la Unesco", dice el informe, por cuanto supone una "modificación unilateral" del Plan Especial de Gestión de las Zonas de Riego situadas al Norte de la Corona Forestal de Doñana, clave para evitar la entrada del humedal en la "lista negra" de Patrimonio de la Humanidad en peligro en la Reunión Plenaria de Cracovia en 2017 e "implica un golpe irreversible a la credibilidad de España ante dicha organización internacional".

Entre las pretensiones de la proposición de ley, la CHG señala que se verán afectadas las masas de agua subterránea La Rocina, "ya que la entrega de agua superficial a superficies no incluidas en la planificación hidrológica implica que otras que sí lo están deberán seguir bombeando del acuífero", y Manto Eólico de Doñana, "dado el gradiente hidráulico entre la zona de El Abalario, incluida en la Red Natura 2000, y la cuenca vertiente de la Rocina". Por ello, enfatiza, "carece de sentido poner como excusa la supuesta distancia que separa a las extracciones del Espacio Natural Protegido (ENP): los ecosistemas de Doñana no entienden de divisiones administrativas".