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Andalucía

El Consejo de Transparencia archiva la queja del PP por los Presupuestos de 2018 de la Junta de Andalucía

  • Los populares denunciaron a la Junta por publicar el anteproyecto sin cifras

  • El órgano resuelve que Hacienda cumplió el principio de publicidad activa y no entra a valorar si faltaba información

Manuel Medina, presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Manuel Medina, presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía

Manuel Medina, presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía / Juan Carlos Vázquez

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha archivado la denuncia del Partido Popular contra la Consejería de Hacienda relativa a la posible omisión de datos en el texto del anteproyecto de Presupuestos de 2018 publicado en el portal de transparencia de la Junta de Andalucía en septiembre del año pasado. Los populares alegaron que se trataba de un “simulacro” de presupuestos en el que no se aportaba cifra alguna, según subrayó en octubre del pasado año la parlamentaria Teresa Ruiz-Sillero en rueda de prensa.

El organismo dirigido por Manuel Medina rechaza los argumentos esgrimidos por el PP y dictamina que la Consejería de Hacienda y Administración Pública que entonces dirigía María Jesús Montero cumplió las obligaciones de publicidad activa recogidas en la Ley de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA), según la resolución colgada en el portal del Consejo de Transparencia.

La denuncia fue interpuesta por la portavoz del grupo popular, Carmen Crespo, que arguyó que el anteproyecto fue publicado “vacío de datos”. Esto suponía a juicio del PP una infracción de la obligación de publicidad activa de la administración autonómica. Los populares especificaron en su escrito que se trataba de una “irregular actuación, ejecutada en fraude de ley con el único fin de dar aparente cumplimiento” a otra resolución del Consejo de Transparencia dictada en enero de 2017.

El Consejo de Transparencia dio la razón al PP en una queja anterior sobre el presupuesto de 2017 porque no se publicó su borrador

En ese dictamen, el organismo dio la razón al Partido Popular e incoó un expediente contra la Consejería de Hacienda por no publicar en el portal de transparencia el borrador de los presupuestos autonómicos de 2017.

Sin embargo, el consejo desestima ahora los argumentos de los populares en relación con el borrador de las cuentas de 2018. En esta ocasión “no se denuncia la falta de publicación en el portal del texto del anteproyecto de ley que fue remitido al Consejo Consultivo, sino las pretendidas deficiencias del mismo”.

El consejo se da por satisfecho con el hecho de que la administración regional “procedió a publicar el texto del anteproyecto cuando lo sometió al Consejo Consultivo para su dictamen”, por lo que entiende que “en modo alguno quepa considerar reprochable la actuación” de la Consejería de Hacienda.

La resolución soslaya analizar si el contenido del anteproyecto publicado en el portal de transparencia cumple las obligaciones de publicidad activa. Argumenta que el Consejo de Transparencia no puede operar “como una suerte de órgano de revisión universal frente a cualquier irregularidad o defecto en la información”.

En esta ocasión, el Consejo de Transparencia no se analiza la falta de publicación sino la ausencia de datos

Además, especifica que este organismo “no está llamado a enjuiciar si y en qué medida la información que los sujetos obligados ponen a disposición de la ciudadanía se acomoda, o no, a la correspondiente legislación sectorial reguladora de la concreta materia afectada”. En ese caso, invita a los reclamantes a acudir a la vía administrativa o a los tribunales que resulten competentes “en función de la naturaleza y alcance de las anomalías denunciadas”.

También rechaza la exigencia del PP de que el borrador de los presupuestos incluyera las memorias e informes en los que se sustentó su elaboración. El dictamen recuerda que la denuncia llegó al Consejo de Transparencia el 9 de octubre de 2017, justo un día antes de que el Consejo de Gobierno aprobara el proyecto de las cuentas autonómicas.

Este trámite supuso el envío de las cuentas al Parlamento para su debate y que se hiciera público el expediente que las acompañaba, compuesto por 702 páginas, y que recogía los informes reclamados. “La exigencia de publicidad de los documentos previstos en el artículo 13.1.d de la LTPA ha quedado cumplida con la publicación del proyecto de ley”, concreta la resolución.

El dictamen era recurrible ante el propio consejo o ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativa de Sevilla, aunque no se ha registrado ningún recurso, según fuentes consultadas por este periódico, con lo que la controversia ha quedado zanjada.

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