Costas da el primer paso para tirar un icono de la invasión del litoral

Medio Ambiente deniega a Unicaja disponer del uso del edificio, en la playa de Santa Ana de Benalmádena.

La antigua residencia Marymar en plena playa de Santa Ana en Benalmádena.
Raquel Garrido Málaga

23 de septiembre 2016 - 05:04

El futuro del antiguo hotel Marymar de Benalmádena, adquirido y convertido posteriormente por Unicaja en una residencia de ancianos que estuvo en funcionamiento hasta 2011, empieza a despejarse tras años de incertidumbre. La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha denegado a la fundación bancaria como propietaria del inmueble la solicitud de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre que ostenta en plena playa de Santa Ana en Benalmádena.

A pesar de que no es una resolución firme, puesto que se ha abierto un plazo para la interposición de un recurso administrativo que ya ha sido presentado por parte de la entidad, si éste finalmente no prospera el final del edificio podría ser su demolición.

La decisión supone a priori que la entidad no dispondrá de un título concesional alguno para la ocupación de este espacio por parte de un edificio, levantado en 1961 sobre miles de metros cuadrados en plena playa y que constituye una barrera para el paseo marítimo del municipio.

Sin embargo, fuentes de la entidad aseguraron ayer a este periódico que la resolución afecta solamente a la parte del edificio que, tras el deslinde realizado por la Demarcación de Costas en esta zona del litoral, aparecía incluido dentro del dominio público marítimo-terrestre de acuerdo a la Ley de Costas en vigor.

El inmueble fue construido en 1963 por un promotor vasco, que lo explotó como hotel hasta los años ochenta. Hace más de treinta años fue adquirido por la Obra Social de Unicaja para convertirlo en residencia de ancianos. Desde abril de 2011, el edificio no tiene ningún uso una vez que la entonces Obra Social de Unicaja realojara a los siete últimos residentes. La decisión se adoptó a raíz de que un estudio confirmara los graves daños estructurales del inmueble debido al irremediable paso del tiempo y a la erosión provocada por su cercanía al mar.

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