La ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz negó ayer ante el juez que investiga las presuntas irregularidades en esta sociedad pública de capital riesgo que ordenara o intimidara a los empleados de la empresa hacer informes con fechas y datos falsos sobre ayudas que ya habían sido concedidas anteriormente, tal y como sostiene el ex director de Recursos de la sociedad y denunciante del caso, Cristóbal Cantos.

Laura Gómiz, en una declaración que se prolongó durante siete horas y media ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, negó haber ordenado la elaboración de "informes predatados, falsificados en cuanto a fechas o firmas o sin firma ni fecha para la justificación de participaciones de Invercaria" en otras sociedades. La imputada aseguró que no ha recibido "ninguna indicación de nadie para regularizar documentalmente las posibles operaciones de Invercaria" y aseguró que los trabajadores de Invercaria que declararon en el pleito por el despido de Cristóbal Cantos señalaron que ella "nunca ordenó, ni intimidó, ni instó ni indicó" que se elaborara esa documentación falsa, ya que, según Laura Gómiz, lo único que pidió era que se cargaran esos datos en una nueva herramienta informática denominada "trewua", que requería la recopilación de la información antigua.

En cualquier caso, la ex presidenta de Invercaria se negó a responder a las preguntas sobre las conversaciones grabadas aportadas por Cristóbal Cantos, quien entregó una conversación grabada el 26 de abril de 2011 en la que supuestamente Laura Gómiz le da órdenes para que redactara informes con fechas y datos falsos. Cristóbal Cantos aportó también cuatro correos electrónicos de sus comunicaciones con Laura Gómiz, quien sí admitió que en un correo contestó "maleducadamente".

La ex presidenta de Invercaria confirmó que Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva), un proyecto fallido que costó 1,7 millones, no presentó sus cuentas anuales entre 2008 y 2011, algo que ha reconocido "es muy habitual en el ámbito de las empresas aunque no sea correcto".

Laura Gómiz, que ha sido imputada por delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y tráfico de influencias por su etapa como directora general de Invercaria, explicó que no se presentaron cuentas anuales porque los consejos de administración para formular las cuentas no se habían celebrado.

Su imputación fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, al entender que como directora general de Invercaria era la persona que "tenía información sobre las operaciones de financiación de Fiva y de la situación de ésta" y asistir al consejo de administración de 15 de julio de 2009 en el cual se autorizó al entonces presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo a facilitar la salida de Novasoft de Fiva, y también en la reunión del consejo del 9 de noviembre de 2009, en la que se recoge la concesión de préstamos a sociedades para la compra de las participaciones de Novasoft.

Sin embargo, Laura Gómiz relató en su declaración que acudió a estos dos consejos como "persona invitada" para saber el funcionamiento de Invercaria e insistió en que, a pesar de ser directora general, "no tenía capacidad decisoria alguna", porque no había tomado contacto ni con Fiva ni con ninguna otra empresa participada. A pesar de estas afirmaciones, la imputada reconoció que elaboró en abril de 2012 un informe sobre la situación de las empresas participadas por Invercaria, un informe que hizo a petición del actual presidente de la sociedad.

En cuanto a su contratación, Laura Gómiz señaló que se enteró "por su relación con el mundo económico financiero" que en la Consejería de Innovación buscaban personas para cubrir puestos directivos en empresas públicas, por lo que entregó su currículum y fue seleccionada. Gómiz rechazó que conociera "a nadie de perfil político que la enchufara en el cargo".