Mar Moreno sabía que ayer iba a tocar monográfico sobre los ERE e iba preparada con dos anuncios con los que esperaba tomar la iniciativa: la Junta de Andalucía formará parte de la acusación y paralizará los pagos a los 59 intrusos detectados por la Consejería de Empleo. Era la primera comparecencia de la titular de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz en San Telmo después de que el pasado jueves el titular de Empleo, Manuel Recio, cifrará en 146 los expedientes de regulación de empleo irregulares detectados por la Junta y de que, recientemente, la juez Mercedes Alaya comunicará al ex consejero del mismo ramo Antonio Fernández su imputación en la causa por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Así que la número dos del Ejecutivo autonómico despachó con celeridad los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno, se adelantó al turno de preguntas y anunció que la Junta formará parte de la acusación en el caso de las ayudas irregulares concedidas por el propio Ejecutivo andaluz, una vez que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla haya dictado un auto favorable. El Gobierno autonómico exigirá "responsabilidades civiles y penales a los presuntos culpables, ya que la Junta es la primera perjudicada en este caso", informó la consejera, quien añadió que "igual que hemos sido activos en la investigación y la denuncia, vamos a ser absolutamente activos en el proceso penal".

Pero la Junta no quiere dejarlo todo en manos de la juez y, en esta línea, Moreno también afirmó que "con independencia de las responsabilidades penales que en su día determinen los tribunales", el Gobierno que preside José Antonio Griñán también va a emprender un procedimiento para paralizar el pago de las prejubilaciones que los técnicos de la Consejería de Empleo han calificado de irregulares.

Ese proceso, que se espera sea bastante rápido, consistirá en una notificación a las personas afectadas, en la que se les advertirá de la pérdida del derecho a percibir la ayuda concedida por la Junta y la necesidad de reintegrar la cantidad ya abonada, y,tras un periodo de alegaciones, el Gobierno andaluz emitirá una resolución con el objetivo de "recuperar hasta el último euro que se haya pagado indebidamente".

Este procedimiento sólo afectará de momento a las 59 personas calificadas de "intrusos" o trabajadores ajenos a la empresas acogidas a la ayudas públicas. Los otros 87 sospechosos y señalados inicialmente como "discrepancias administrativas" seguirán cobrando sus respectivas ayudas y habrá que esperar a lo que dictamine Mercedes Alaya.

Sobre la imputación del ex consejero Antonio Fernández, Moreno pronunció un lacónico pero contundente "el Gobierno andaluz celebrará la inocencia de Fernández y lamentará su culpabilidad". El mensaje se sitúa así en las antípodas de la defensa sin ambages que realizó el pasado lunes el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, al decir de su amigo Antonio Fernández que "nada de lo que haya hecho me va a avergonzar". A lo que la portavoz gubernamental respondió: "Respetamos los sentimientos de todos los miembros de nuestro Gobierno. La postura del consejero de Gobernación es la misma que la del Gobierno andaluz".

Sobre la reunión en la que la secretaria de Organización en Andalucía, Susana Díaz, el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, el consejero de Empleo, Manuel Recio, y la propia Mar Moreno informaron de los últimos detalles del escándalo de los ERE irregulares al secretario de Organización, Marcelino Iglesias, y a otros miembros de la Ejecutiva federal en la sede del PSOE en Madrid en la tarde del pasado lunes, la portavoz de la Junta se congratuló de que la dirección socialista calificara de "ejemplar y contundentes" las actuaciones y medidas que está llevando a cabo el presidente andaluz, José Antonio Griñán.