La Junta completa la adaptación de su nueva estructura con 37 nombramientos

La supresión de dos consejerías y la creación de una nueva, el cese de seis consejeros y la incorporación de cuatro nuevos han supuesto una importante reorganización interna de la Junta que, tras el Consejo de Gobierno de ayer, se dio casi por concluida con 37 nuevos nombramientos. En esta última adaptación, que afecta principalmente a la Administración periférica de las delegaciones provinciales, son 17 los nuevos nombres que se incorporan al organigrama de diez consejerías. El resto son casos de cese y nombramiento simultáneos, es decir, delegados que pasan de un departamento a otro en virtud del nuevo reparto de competencias ideado hace un mes por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en la que vino a ser la tercera reestructuración del Ejecutivo desde las elecciones autonómicas de 2008.

A pesar de que con esta última tanda de delegados y directores generales se quiere dar por cerrado este "proceso legal" de adaptación a la nueva estructura, aún cabe esperar nuevos cambios. Esa puerta la dejó ayer entreabierta la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, quien no descartó movimientos acogiéndose a la premisa de que quienes están en la Junta saben que su cargo les dura de "martes a martes", o lo que es lo mismo, en cada Consejo de Gobierno puede haber decisiones que cambien el futuro laboral de algunos.

Esos futuros movimientos de fichas podrían estar sujetos a la entrada en vigor de la leyes locales y el proceso de descentralización que lleva aparejado. Al menos, ésa es la intención manifestada en reiteradas ocasiones por Griñán: los ayuntamientos asumirán más competencias y tendrán más recursos para desempeñarlas, lo que descargará de responsabilidades de la Junta y conllevará otra remodelación en su esquema provincial. En éste, serán las delegaciones del Gobierno las que ganarán peso en detrimento de las delegaciones provinciales adscritas al resto de consejerías, que podrían pasar a ser meras direcciones provinciales.

Para este proceso el Ejecutivo autonómico no tiene fecha, como así reconoció Moreno, pero lo cierto es que los tiempos juegan en contra. La previsión es que las leyes locales estén aprobadas el próximo mes de junio, es decir, a tan sólo once meses de las elecciones municipales, con lo que la capacidad de maniobra de los ayuntamientos para aceptar nuevas tareas parece reducida. A esto se suma, que la estructura de la Junta ya ha sufrido tres remodelaciones en dos años y tendría que afrontar una cuarta a poco más de un año y medio de las elecciones autonómicas.

La otra transformación pendiente es la prevista para las empresas públicas que, fruto de este proceso de "optimización" del sector público andaluz que preconiza Griñán, será realidad a muy corto plazo. Este asunto se resolverá a través de fusiones, concentraciones o direcciones generales, y será distinto al de la descentralización, pero ambos comparten el tener tanto un "fuerte componente político como administrativo", según Moreno, lo que añade complejidad a cualquier maniobra en este ámbito.

Los cimientos de esta nueva estrategia de racionalización administrativa y ahorro se asentaron ya en el anterior Consejo de Gobierno celebrado la pasada semana cuando se aprobó la supresión de 22 centros directivos. Un recorte que equivale a la eliminación de un 12,3% de los 316 altos cargos que existían en la Junta hasta hace tan sólo un año. El ahorro, más estratégico de cara al público que efectivo, es de unos 100.000 euros por cada puesto que se elimina.