La Junta pretende sumar a su parque de viviendas las casas en desahucio

La Junta ha decidido apuntalar su legislación en materia de desahucios después de los envites recibidos por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el decreto de función social de la vivienda. La primera reunión del recién estrenado Gobierno sirvió para aprobar un anteproyecto de ley que permitirá a la Administración adquirir viviendas en la última fase de su adjudicación posterior a un desahucio, es decir, cuando el banco adjudica la propiedad a un nuevo comprador y por el precio acordado con éste, conocido como remate.

El anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas de Andalucía contempla que, cuando finalice el proceso de compra, la propiedad se incluya dentro del parque público residencial de la Junta, que la destinará a personas que cumplan los requisitos socioeconómicos previstos en el Plan Autonómico de Vivienda. El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, explicó ayer en la comparecencia tras el Consejo de Gobierno que el mencionado documento se aprobará en los próximos tres meses, pero el anteproyecto adelanta una condición: la medida sólo podrá aplicarse en las llamadas áreas de retracto, que son zonas geográficas especialmente desfavorecidas o con una gran incidencia de desahucios. La Consejería de Fomento y Vivienda podrá aplicar esta legislación fuera del espacio delimitado excepcionalmente y siempre que esté debidamente justificado.

La medida tiene por objetivo "asegurar una oferta de viviendas suficiente dirigida a personas en situación de vulnerabilidad", por lo que los candidatos a habitar la propiedad a cambio del pago de un alquiler social son todos aquellos ciudadanos que cumplan con los citados requisitos. Sin embargo, los anteriores titulares de la vivienda tendrán preferencia para convertirse en los beneficiarios si no tienen solución habitacional.

El vicepresidente de la Junta no supo concretar la cantidad de viviendas que pueden verse afectadas por esta iniciativa, aunque hizo referencia a una legislación similar impulsada por el Gobierno catalán que ha supuesto una inversión de entre ocho y diez millones de euros. Según Jiménez Barrios, con esa cantidad podrían adquirirse gran cantidad de propiedades, puesto que el precio de las mismas lo fijará un juez después del llamado remate, que suele ser reducido. Sin embargo, hay que sumar los gastos de transmisión y los costes surgidos de la operación.

Jiménez Barrios reconoció los potenciales beneficios que pueden obtener los bancos al encontrar comprador para estas viviendas, pero aseguró que su Ejecutivo se decanta "por ayudar a la gente" con una medida que está "a la vanguardia política".

El anteproyecto de ley de retracto comenzó ayer su andadura legislativa, por lo que todavía tiene que recibir las alegaciones públicas y las enmiendas que quieran presentar el resto de grupos políticos presentes en el Parlamento. La modificación del proyecto de ley que protege los derechos de los consumidores de préstamos y créditos hipotecarios se encuentra en una posición bien distinta. Esta iniciativa echó a andar en la pasada legislatura como una de las leyes incluidas en el pacto de gobierno del PSOE e IU, pero su tramitación se detuvo con la rotura del acuerdo. El nuevo Ejecutivo andaluz retoma la idea con algunas modificaciones y esperan que la ley sea aprobada en septiembre, tras el visto bueno del Consejo Consultivo.

Entre las novedades, destaca la creación de una sección específica dentro del Tribunal Arbitral Andaluz para que atienda los casos de ejecuciones hipotecarias y desahucios. El objetivo es facilitar soluciones extrajudiciales a estas situaciones y buscar acuerdos que permitan que el usuario conserve la propiedad y el uso de la vivienda en cuestión.

El nuevo proyecto de ley también recoge la creación de un sistema andaluz de información y asesoramiento en la materia, con la puesta en marcha de una red de oficinas provinciales a estos efectos. El sistema prestará especial atención a colectivos en situación de emergencia social y económica, como las víctimas de violencia de género, las personas con dificultades por motivos de exclusión social y causas sobrevenidas. Además, estará disponible para las personas que han perdido la propiedad de la vivienda y para aquellas que la tengan en régimen de alquiler.