La sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) nació para impartir justicia. Un patio renacentista mandado a construir por los Reyes Católicos es la nuez de este edificio, antigua Real Chancillería, situado cerca del Darro y donde acaba el Albaicín. Lorenzo del Río, nacido en Jódar en 1957, también ha vivido en un ambiente parecido al de estas piedras. Hijo y hermano de jueces, miembro de la moderada asociación judicial Francisco de Vitoria, Del Río, presidente el TSJA, se expresa con la prudencia de quien quizás se sabe, como todo juez, que el poder que en ellos ha puesto la sociedad es enorme.

-Hasta casi hace dos años, a los jueces se les consideraba parte de una institución en extremo conservadora, que no había pasado bien por los filtros de la Transición. Hoy, se acude a ellos para sostener la credibilidad del sistema. Unos fueron los primeros en frenar algunos desahucios; otros abren grandes procesos de corrupción e, incluso, un juez local de instrucción imputa a una infanta.

-Es cierto que el ciudadano consideraba a los jueces como personas muy lejanas, pero ahora mismo tiene puesto su mirada en la Justicia ante la grave crisis institucional y económica. ¿Por qué? Porque considera que la Justicia es la garante de sus derechos y que sirve para protegerlos y desarrollarlos. Eso lo decía muy bien Kofi Annan en uno de sus discursos recientes, en referencia a los jueces: los Derechos Humanos, protegerlos. La Justicia es en definitiva el último bastión, y más en estos momentos de falta de credibilidad.

-¿Y cree que es bueno que sea el último bastión?

-Yo creo que la Justicia por sí sola no es la salvadora de un país, eso corresponde a todas las instituciones. La Justicia tiene su parcela, muy importante, pero el resto de poderes tiene una cuota de responsabilidad muy grande. En algunos casos, hay un exceso de judicialización de la vida, y no sé si consciente o inconscientemente se utiliza al juez, o al proceso, como arma arrojadiza.

-Hay jueces de todos los colores. ¿Qué debe ser un juez? ¿Cuál diría que es su esencia, usted que es juez desde casi siempre?

-Un juez debe intentar ser lo más honesto posible, pero, claro, eso no añade nada a lo que debe ser cualquier persona. Pero como tiene muchos intereses en juego, debe ser objetivo, lo más independiente posible. Y eso significa abstraerte de tus opiniones, de tu ideología, de tus creencias, y ver todo eso con responsabilidad. Esto puede ser fácil de decir sobre el papel, pero uno nunca se puede librar de las tensiones o de las corrientes de opinión. Pero es lo que la sociedad nos pide, y debe ser así: que seamos objetivos y responsables. Y lo más equilibrados posible en ese juicio de ponderación, porque un juez no deja de ser un punto de equilibrio entre muchas fuerzas.

-¿Sufren presiones?

-Si soy sincero, yo nunca he sufrido presiones, pero, claro, uno, en el día a día, tienes la propia presión interna de lo que tienes que decidir.

-¿A usted nunca le ha llamado un político o un empresario, de modo directo o indirecto?

-No. Eso es algo que está en el ambiente sobre los jueces, pero nunca me han llamado; en cualquier caso, quienes sí llaman, y yo procuro recibirlos, son ciudadanos que se preocupan porque su caso va demasiado lento. Conoces el conflicto, te cuentan su historia personal, pero nada más, te piden celeridad.

-El Consejo General del Poder Judicial ha cifrado que en Andalucía hay cien juzgados que llevan 656 casos de gran complejidad, muchos de ellos están relacionados con la corrupción política y económica. Andalucía es la que más tiene. ¿Hay más casos de corrupción?

-No, lo que ocurre es que hay algunos casos de gran trascendencia. Hoy, abrimos los periódicos, y vemos que casi todos los asuntos están judicializados. En algunos de ellos hay personas muy conocidas.

-¿Se refiere al caso de los ERE?

-A ése, y a otros. Por eso este año, en ese informe hemos hecho un estudio sobre las macrocausas, de la corrupción, provincia a provincia, y vemos que hay lugares como Sevilla, porque usted la ha citado, o la Costa del Sol o Marbella donde han proliferado esas causas. Y ahí la sociedad sí te pide que demos una respuesta.

-¿Ejemplarizante?

-No, respuestas en un sentido u en otro, pero cercanas en el tiempo.

-También hay una queja por parte de los jueces de que hay informes que se encargan a la Policía Judicial que se atrasan mucho, y que eso está contribuyendo a la lentitud de los casos.

-Sí. En reuniones con jueces, me han explicado que hay instrucciones que se quedan paralizadas a la espera de informes, pruebas, resultados. Entiendo que algunos entrañan una gran complejidad, pero hay pruebas que se tardan un año o dos años en obtener.

-¿Tanto tiempo?

-Pues sí. También debemos entender que la policía judicial, la policía científica y los peritos contables no se pueden dedicar en exclusiva a una materia. Pero hay dos o tres casos, por ejemplo en Marbella, donde el juez está a la espera de informes de hacienda pública, y sí, hasta que no se reciban los informes, pues pasa año o año y pico.

-¿Cuántos jueces de más necesitaría Andalucía?

-Hablamos del 9% de aumento sobre una planta actual cercana a los 900 jueces. Pero también debemos ser conscientes de que hay que racionalizar, de que no sólo hay un problema cuantitativo, sino también cualitativo.

-¿Por ejemplo?

-Pues hay juzgados, por ejemplo, que están siendo poco aprovechados. Trabajar de otra forma es muy importante.

-En el caso de la instrucción de los ERE, que lleva el juzgado número 6 de Sevilla, el de Mercedes Alaya, se nombraron dos jueces de refuerzo, pero decidió que no quería tantos, sólo uno. El presidente de la Audiencia de Sevilla ha declarado que ese juzgado lleva tantos casos importantes que es para que hubiera cuatro jueces allí. ¿Qué ocurre? ¿Celos profesionales?

-... el tema es que hubo una enfermedad de la juez instructora, que ha llevado este caso de un modo muy meticuloso y, por tanto, conoce personalmente esto, y se trataba de acelerar esos procesos y, además, hacer frente al día a día de otros casos que van entrando. Se pensó que al haber tres o cuatro macrocausas en ese juzgado, porque no son sólo los ERE, hubiera dos jueces encargados de esos grandes casos y otro en la llevanza del juzgado. Ese fue el ofrecimiento que se hizo desde el TSJA.

-¿Y qué pasó?

-Que la juez entendió que llevaba esos asuntos muy estudiados, y que creía que sólo hacía falta una persona más para la llevanza, porque ella conocía muy bien los casos, los había abordado personalmente y creía que si se le encargaba a otro, se iba a retrasar más.

-¿Le gustó esa solución?

-El tiempo lo dirá. Mi obligación es ofrecer soluciones. Sigo diciendo que el tiempo le sigue ganando el tiempo a la Justicia. También le digo un asunto sobre el tiempo, y no hablo de este caso: hay un problema general que los políticos deben afrontar. En el año 2001 se firmó un Pacto de Estado por la Justicia, y no ha dado frutos. Se está en pasa el tiempo, pasa el tiempo, y no se abordan las soluciones estructurales, que se sabe cuáles son. A los políticos les pido que haya unión para reformar la Justicia, y no la empleen como arma arrojadiza.

-El proceso penal es complicado en España.

-Claro, es que es una de las asignaturas pendientes de la democracia. El sistema penal no es eficiente. Ocupan el 77% de los casos que entran en un juzgado, y nos exponen a un juez, a un fiscal y a un abogado a celebrar juicios que podían tener la respuesta en el mismo día. No necesitarían ningún tipo de instrucción.

-¿Pero existen los juicios rápidos?

-Sí, pero algunos se eternizan y van más allá de esos 15 días. Es que hay casos que no necesitarían esas instrucciones que demoran los asuntos. Además tenemos cinco tipo de procedimientos: rápidos, de faltas, abreviado, sumario y juicio de jurado. Cinco, y en muchos de ellos son muy fáciles los recursos. El procedimiento debía ser único. Y las instrucciones, para los casos complejos.

-En algunas ocasiones me ha comentado que el número de encausados en un juicio es inversamente proporcional a su efectividad o al número de penas.

-A la eficacia.

-Volvemos a lo mismo. ¿No sería mejor separar, trocear? Casos como el de los ERE, que se amplía con más y más investigaciones, o los de Marbella…

-Creo que sí, lo que pasa es que son los instructores quienes saben bien de estos asuntos, y son ellos los que deben decidir. Hay que intentar que la realización del juicio sea lo más sencillo posible, y puede haber acusados que vayan a ese juicio y, después a otro; no todos deben estar en el mismo. Los instructores y el fiscal deben pensar no sólo en su investigación, sino que su trabajo haga fácil el juicio posterior.

-¿Y eso no ocurre?

-Unas veces sí y otras veces no.

-¿Alaya o el juez de Palma son jueces estrellas?

-Creo que, últimamente, los jueces estrellas lo convierten o los propios medios o el caso. Hay jueces que no hacen declaraciones. Cuidan mucho eso.

-Mercedes Alaya, por ejemplo, no las hace, y el PSOE, incluso desde el Parlamento, le ha acusado de tener hilo directo con Juan Ignacio Zoido, presidente del PP andaluz. ¿Lo cree?

-Yo creo que no. No. Son mensajes que se introducen para hacer dudar de la imparcialidad de los jueces y, además, esto hace mucho daño a la sociedad.

-Como presidente del TSJA, ¿qué pensó aquel día de la salida de Isabel Pantoja de los juzgados de Marbella tras oír la sentencia?

-Decepción. Cualquier persona debe entrar y salir de un juzgado sin problemas, con independencia del resultado del fallo.

-¿Qué falló ese día?

-No quiero entrar en eso. Es verdad que se valló esa salida, antes no hubo problemas. Fue, al final, del vallado, cuando llega al coche, cuando se produce ese agolpamiento. También hubo compañeros de prensa que fueron a captar una imagen, y ahí se mezclaron todos, y policialmente no lo pudieron controlar. Pero la solución es o vallamos todos los juzgados o dejamos las lecturas públicas de sentencia, que me parece un poco anacrónico.

-Le parece anacrónico.

-Sí, se le puede entregar a las partes y, después, que se conozca públicamente. No se produce indefensión porque no se produzca la lectura.

-¿Existe la pena de telediario, la rampa de Palma?

-Sí, es que vivimos en una sociedad mediática. Es verdad que cualquier persona relacionada con una instrucción ya es tildada de determinada manera.

-Dígame, entonces: ¿Qué es un imputado? Ni los jueces se ponen de acuerdo. ¿Un preculpable, un testigo que acude con abogado a declarar?

-Es que se necesita un código proceso penal. Es que hay jueces que me transmiten que les da pena como llegan anímicamente algunos denunciados a los juzgados.

-¿Pena? ¿Tan mal?

-Sí, acuden como imputados, pero es el término que se emplea para un testigo al que el juez, como garantía, quiere que acuda con un abogado. Pero entra en el juzgado, lo sabe la prensa, y ya da igual lo que pasa después. Sale estigmatizado. Quizás haya que llamarlo denunciado, pero si lo citas como testigo y le haces determinadas preguntas, se puede producir una indefensión. Hace falta una reforma y una aclaración. La Ley de Enjuiciamiento Criminal antepone la garantía desde el primer momento.

-Usted ha criticado lo escraches.

-No. Desde el punto de vista personal sí me preocupan, porque cualquiera, y hoy son políticos, pero mañana pueden ser jueces o periodistas los que se encuentran con personas en su domicilio para hacerles cambiar de opinión. Y digo desde el punto de vista personal porque allí hay una familia, unos hijos, que no deben sufrir la presión que se ejerce contra sus padres. Ahora, judicialmente, no se pueden criminalizar. Es que se debe respetar el derecho de manifestación pública, pero también las personas pueden tener el derecho a que no se sepa dónde viven. La intimidad personal y familiar se debe respetar, y eso lo podemos sufrir todas las profesiones.

-¿Qué van a hacer con los desahucios?

-Hay juntas de jueces, y el propio Consejo del Poder Judicial quieren unificar unos criterios porque, claro, hay una ley que no se ajusta a la legislación europea. Tenemos que buscar una solución a un problema de vacío legal. Lo único que, al menos, sabemos es que al deudor hay que oírlo, porque el procedimiento era tan ejecutivo que en impago, el juez actuaba como un autómata. Ahora no, ahora el juez puede entrar y ver los elementos de contradicción. Y, además, hay un problema social, que se añade al jurídico. Personas en riesgo de exclusión social. Y eso el juez no lo puede solucionar.

-El caso de Marta del Castillo y el de Bretón son especiales…

-Son distintos. Entiendo que haya frustración en el caso Marta del Castillo.

-¿Hubo fallos al principio?

-No lo sé, no lo conozco profundamente para pronunciarme.

-Pero los principios son esenciales en estos casos.

-Eso es así, lo sabe todo el mundo.

-Por último. ¿Nos olvidamos ya de las ciudades de la Justicia que faltan? Es un tema cansino.

-Pues sí, somos como un poder mendicante. En la última memoria, lo que hago es reproducir párrafos de años anteriores.

-¿El problema es de la Junta?

-Sí.

-Entonces, ¿para qué sirve el Ministerio de Justicia?

-Claro, es que hay tres órganos: el Ministerio, las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo, en efecto, podía tener más competencias y el Ministerio, pues mucha menos. Creo que ése es el diseño constitucional una vez que se ha producido la descentralización.