El Parlamento de Andalucía abordará con un grupo de trabajo los problemas de contaminación de Coria del Río. Así se decidió ayer por unanimidad en la Cámara andaluza tras la aprobación por parte de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente de una proposición no de ley (PNL), promovida por el PSOE en demanda de que el Gobierno andaluz acometa un estudio sobre la posibilidad de “un segundo foco de contaminación” en la zona de la barriada Guadalquivir de la localidad, afectada por las consecuencias de un grave vertido de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L.

El grupo de trabajo contará con la participación del Ayuntamiento de Coria del Río, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Aljarafesa, Emasesa y las Delegaciones Provinciales de Sostenibilidad, Salud e Industria en Sevilla, pero “no contará con la representación de los vecinos afectados por el bloqueo del Partido Popular, según ha denunciado el secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario sevillano, en alusión a los integrantes de la Asociación de Vecinos Afectados por los Tóxicos de Coria del Río, que llevan seis años luchando por la realización de un estudio epidemiológico entre los moradores de las casas afectadas.

Según remarcó Recio al respecto, los afectados “se sienten abandonados tanto por la Junta de Andalucía como por el Ayuntamiento, liderado por Modesto González”, a los que acusan de “falta de atención, firmeza y responsabilidad” en este asunto, criticando la “sorprendente inacción de ambas administraciones”.

En esta línea, recordó que en 2020 un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses certificaba que la contaminación “había quedado más que probada”. “Posteriormente, en 2021, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció la incapacidad permanente a uno de los vecinos de la barriada afectada por la contaminación. Por último a finales de 2023, el TSJA ordenó al Ayuntamiento de Coria del Río que reactivase la declaración de suelos contaminados de la zona”, señaló Recio.

Por su parte, la PNL aprobada ayer en el Parlamento apuesta por la apertura de “un nuevo expediente” por parte de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, que estudie y monitorice un segundo foco de contaminación en la zona donde estaban situados los talleres mecánicos que tenía pozos negros a los que vertían sus productos químicos”; así como por crear un grupo de trabajo.Este acuerdo parlamentario llega después de que recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) estimase uno de los planteamientos de la demanda contenciosa de los afectados, ordenando al Ayuntamiento de Coria del Río que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento.

El tribunal considera que merced a un informe de la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua, resulta “inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos”, ordenando al Ayuntamiento la citada medida. Eso sí, el tribunal no accedía al grueso de las pretensiones vecinales y denegaba ordenar el plan de “realojo” pedido por los vecinos, rechazaba mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos y tampoco aprobaba las pretensiones vecinales en materia indemnizatoria, extremo que el colectivo ha decidido recurrir.

Meses atrás, de otro lado, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, aseguraba que su departamento, junto con la Consejería de Política Industrial y Energía, planeaba acometer “un estudio más exhaustivo” sobre la situación de la barriada Guadalquivir de Coria del Río.