Los tratamientos integrales que reciben los menores con trastornos del desarrollo llevan más de tres años en el disparadero político. En 2016 comenzó la polémica de la Atención Temprana, como se denomina a estas prestaciones que dependen de la Consejería de Salud y Familias, pero con ramificaciones en otros departamentos de la Administración autonómica.

Este miércoles, el PSOE no ha tenido éxito en su intento por presentar una proposición de ley de Atención Temprana que, aunque logró el apoyo de Adelante Andalucía, ha acabado rechazado por la mayoría que soporta el Gobierno de Juanma Moreno: PP, Ciudadanos y Vox.

La norma defendida por la diputada Noemí Ruiz bebe del segundo decreto que presentó el PSOE en la pasada legislatura, después de una dolorosa derrota parlamentaria. Finalmente, los socialistas convencieron a sus entonces socios de Ciudadanos con un aumento del presupuesto y un decreto pactado, que fue rechazado por las familias de estos niños.

El siguiente paso fue la presentación de dos proposiciones de ley distintas: una por parte del PSOE y Ciudadanos y otra por parte de Podemos y PP. Ruiz ha defendido este miércoles un texto con más de 59 millones de dotación –frente a los 29 del Presupuesto actual– que procede de la propuesta firmada con los naranjas antes de pasar a la oposición.

Este intento no ha servido para convencer a Ciudadanos, que va de la mano del PP ahora. De hecho, la portavoz popular, Ana Vanessa García, ha pedido a los socialistas que se adhieran a la ley que está preparando la Consejería de Salud y Familias que dirige Jesús Aguirre.

El propio consejero, según la socialista Noemí Ruiz, ha reconocido los avances registrados por la Atención Temprana después de los pactos entre PSOE y Ciudadanos. “Cuando mentían ustedes”, ha preguntado Ruiz a Ciudadanos, en referencia a que la propuesta que acabó ayer tumbada por los partidos del centroderecha era apoyada por los naranjas hace no tanto.

El mismo éxito que el PSOE con la Atención Temprana ha cosechado, poco después, Adelante Andalucía con su ley de movilidad sostenible inspirada en el paso de IU por la Consejería de Fomento y Vivienda. La nueva portavoz, Inmaculada Nieto, ha defendido la norma que fue tumbada por los tres partidos que sostienen el Ejecutivo. El problema es que el Gobierno, por medio de la consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, también está preparando una ley similar.