La niña onubense Mari Luz Cortés en enero de 2008, la joven sevillana Marta del Castillo en enero de 2009. Con el primero se prendió la mecha y con el segundo estalló la bomba.

Se trata de dos casos determinantes que han convulsionado la sociedad andaluza, que a lo largo de dicho periodo ha radicalizado su punto de vista sobre el cumplimiento de las penas. De los asuntos que ha abordado el Barómetro Joly con sus encuestados, este es con diferencia el que menos divide a los andaluces. La coincidencia es prácticamente total y la corriente de opinión sigue un curso sin desviaciones.

El 95,8% de las personas consultadas en el sondeo de Commentia se muestra a favor de endurecer las penas, en especial contra violadores y pederastas, así como de un cumplimiento íntegro de las condenas. De ese alto porcentaje, un 87,6% se declara "totalmente a favor", sin ninguna fisura ni matiz, mientras que sólo un 8,2% manifiesta que está "más bien a favor".

Si bien los dos casos mencionados constituyen, por el momento, los que han marcado el imaginario colectivo, queda patente entre los participantes en la encuesta una predisposición sin reservas ni medias tintas a que la ley se aplique con todo el rigor a los autores de delitos de sangre.

Es un punto en el que, además, sobresale la escasa, por no decir nula, influencia de la ideología, posicionamiento político o partidismo, ya que independientemente del color del votante, la sintonía en este asunto entre progresistas y conservadores es prácticamente uniforme. Incluso entre el electorado de Izquierda Unida se ha apreciado -aunque algo más leve que en los votantes de otras formaciones políticas- un repunte a favor del endurecimiento de las penas y su cumplimiento íntegro tras los muros de la cárcel: un 90,2%.

Esta forma abrumadora se repite de manera similar en el apartado de edad y por género. Jóvenes y mayores, hombres y mujeres coinciden en que casos como los mencionados y otros similares sólo pueden ser contestados desde la Administración de justicia con mano de hierro.