Andalucía

Del Río reclama autonomía financiera para la Justicia, el "poder mendicante"

  • El presidente del TSJA reivindica una reorganización de los funcionarios en los juzgados andaluces

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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, abogó ayer porque los jueces tengan "capacidad de gestión", así como "cierta autonomía financiera". Sólo de ese modo el poder judicial podría dejar de ser "un poder mendicante". Del Río apostó por esta fórmula durante la presentación de la última Memoria de actividades y funcionamiento de los juzgados andaluces, y citó la "urgente e imprescindible" necesidad de modificar las plantillas y reordenar efectivos para que el esfuerzo resolutivo de los jueces surta un mayor efecto.

"Yo creo que el poder judicial debe de tener una cierta autonomía de gestión y una cierta autonomía financiera, por supuesto con el control más absoluto que pueda haber", subrayó. "Que el poder judicial tenga que pedir siempre el plácet del resto de administraciones, tanto para funcionarios como para una serie de aspectos, sea la administración autonómica sea el Ministerio de Justicia, creo que eso no viene bien y es un sistema que no es el correcto", añadió.

Del Río recordó que no es la primera vez que reclama esta posibilidad y confirmó haberla trasladado a la Junta, aunque "es muy complicado que se cedan parcelas", lamentó.

En su diagnóstico, el presidente del TSJA recordó que existen órganos con exceso de funcionarios y otros con plantillas muy escasas que se han mantenido invariables en las últimas dos décadas, "sin atender las necesidades reales del trabajo y de la población". De hecho, la radiografía que la memoria del TSJA realiza del personal de los juzgados está marcada por la ausencia de movilidad funcionarial en el entorno laboral más inmediato, los cambios constantes en la plantilla, los retrasos en la cobertura de vacantes, un alto número de interinos y falta de especialización.

"Valorando el alto porcentaje de litigiosidad -los juzgados andaluces ingresaron más de 1.850.000 asuntos el año pasado-, el número de jueces relativamente reducido, el razonable número de funcionarios y la elevada dispersión organizativa-territorial, se concluye en la evidente debilidad de nuestra justicia, incapaz de conseguir la eficiencia y calidad esperada", sentenció Del Río.

La reordenación de personal que defiende el Alto Tribunal comenzaría por disminuir algunas plazas en la Secretaría de Gobierno y las salas de lo Social y de lo Contencioso del TSJA, así como en las secciones civiles de las Audiencias y algunos juzgados de Menores, Vigilancia Penitenciaria o Violencia sobre la Mujer. Al mismo tiempo, y de forma sincronizada, habría que incrementar las plantillas en determinados juzgados de Primera Instancia, Instrucción, y de lo Mercantil, de lo Social y de lo Penal. "Después vendrá la Nueva Oficina Judicial (NOJ), pero previamente hay que optimizar recursos", insistió el presidente.

En cuanto a los problemas de 2013, no ha habido mutación. Han sido "idénticos" a los de años anteriores y sin cambios significativos en materia de Administración de Justicia, "por lo que seguimos -se lamentó Del Río- sin garantizar la función constitucional de la justicia". En este punto, criticó que no haya comenzado "la radical transformación" de la justicia andaluza, así como que no se hayan resuelto "mínimamente" las demandas recogidas en las memorias precedentes, "que mantienen plena vigencia y actualidad". Es como si la Justicia viviera en un déjà vu.

El presidente recordó que el próximo mes de mayo los nuevos jueces -integrantes de la 64ª promoción- acabarán su formación y, ante el déficit de creación de juzgados, habrá que implementar -como ya se hizo el año pasado- las medidas de refuerzo en ciertos órganos saturados o mal dimensionados.

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