Juan Antonio Roca celebra el segundo aniversario de la operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella con una buena noticia. El instructor del caso, Óscar Pérez, ha reformado el auto que lo mantiene encarcelado desde el 31 de marzo de 2006, aunque su libertad tiene un precio: un millón de euros. Es decir, el presunto cerebro de la trama delictiva y uno de los 86 procesados en el sumario, podrá pisar la calle si paga una fianza de un millón de euros. El abogado de Roca, José Aníbal Álvarez, anunció ayer que su salida no será inmediata porque la cantidad fijada por el magistrado es "muy elevada", aunque precisó que la familia intentará reunir el dinero.

El auto del juez, fechado el jueves, fue notificado ayer a las partes, tres días antes de que expirara el plazo para que el magistrado resolviera sobre la prórroga de la prisión preventiva de Roca. Su posible excarcelación se estudió hace justo un mes, en una vista en la que tanto la Fiscalía como las acusaciones -Ayuntamiento de Marbella y Junta de Andalucía- se mostraron en contra de la excarcelación del ex gerente de Urbanismo de Marbella porque, a su juicio, existe riesgo de fuga. La defensa del imputado abogó por su puesta en libertad.

Pérez ha optado por imponer una fianza de un millón de euros a Roca, que tendrá que acatar una serie de condiciones cuando salga en libertad. Tiene la obligación de comparecer a diario en un juzgado, el más cercano a su domicilio, y no podrá salir de España sin autorización judicial, por lo que su pasaporte será retenido. Curiosamente, el juez también ha determinado que tiene prohibido acercarse a menos de 500 metros de un aeropuerto, público o privado.

El riesgo de fuga es una de las razones que justifica la prisión preventiva, que debe revisarse a los dos años y se puede prorrogar otros dos más. Los otros argumentos son la destrucción de pruebas y el peligro de que el afectado pueda reincidir en sus conductas delictivas. El juez Pérez, en un auto muy razonado, descarta estas dos cuestiones y se centra en la primera, el riesgo de fuga.

El magistrado expone, por un lado, que la prisión preventiva no se puede sostener exclusivamente con la gravedad de los hechos que se imputan a Roca ni en la existencia de indicios de criminalidad.

La alegación fundamental de las acusaciones se centró en la vista en la presunta existencia de fondos en el extranjero -en paraísos fiscales- que permitirían una posible huida de Roca. El juez reconoce en el auto que el riesgo de fuga es "elevado", aunque recuerda el "carácter excepcional" de la prisión preventiva. El juez Pérez explica que Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de diez años de cárcel en una causa que se sigue contra él en la Audiencia Nacional, "cumplió durante casi cuatro años con las obligaciones impuestas para quedar en libertad", que fue la de comparecer en el juzgado una vez a la semana.

Opina también el magistrado que al margen de la "sospecha" de que Roca pueda poseer dinero en paraísos fiscales, tiene "importantes intereses económicos que defender en España". Pérez aclara, por último, que opta por fijar un millón de fianza pese a que la defensa de Roca argumentó que todas sus fuentes de ingresos están intervenidas judicialmente.

El abogado de Roca mostró su satisfacción por la resolución judicial y comentó tras ver ayer a su cliente en la cárcel de Albolote que Roca está "contento y esperanzado" y confía en abandonar la prisión "lo antes posible".

El fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, estudiará a fondo las razones del instructor para decidir si recurre el auto judicial, fundamentalmente las que se refieren al riesgo de fuga del procesado.