La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha trasladado en la Comisión de Salud del Parlamento que tanto su área como el resto del Gobierno andaluz "actúan con total transparencia" en la contratación de emergencia, toda vez que ha subrayado que el PSOE "utilizó más la vía de emergencia" que el PP cuando estuvo al frente del Gobierno pese a no estar en pandemia.

En este sentido, ha recordado que el Ejecutivo "puso en marcha medidas de control y coordinación en los órganos de contratación de la Junta, donde se indicaba que "el uso de la contratación de emergencia debe ser siempre excepcional y justificada razonadamente. Esta Consejería y todo el Gobierno de la Junta de Andalucía actúa y ha actuado con total transparencia en la contratación de emergencia".

"Todos los contratos firmados por esta Consejería cuentan con el aval del gabinete jurídico de la Junta y están sometidos a la fiscalización de la Intervención", ha dicho al tiempo que ha insistido en que el Gobierno andaluz "se rige rigurosamente por la transparencia y cumple rigurosamente lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público".

Por su parte, la diputada socialista María Ángeles Prieto ha calificado la situación de "turbia historia" y ha explicado que el 21 de enero de 2021 el gerente del SAS "dicta una resolución por valor de 70 millones por la que se acuerda la tramitación de emergencia de servicios de asistencia complementaria a usuarios del SAS por sobrecarga de la propia red", justificando la tramitación por vía de emergencia "en la presión de los centros públicos por la Covid".

A esta resolución, ha continuado, "se le hacen multitud de adendas en todas las provincias y de 70 millones se pasa a 243 millones", toda vez que las prórrogas "se siguen sucediendo hasta el 31 de diciembre del 2022 y luego hasta junio de 2023", por lo que ha espetado a la consejera "por qué usan la vía de emergencia tras la finalización del segundo estado de alarma, cuando ya no era posible recurrir a esta vía de contratación excepcional".

"Durante los años 21 y 22, y hasta mayo de 2023, la Consejería de Salud ha contratado por vía de emergencia con clínicas privadas con la justificación de no ser posible desarrollar un procedimiento ordinario, abierto, con concurrencia competitiva por las circunstancias sanitarias", ha denunciado Prieto, quien ha añadido que justo en el mismo periodo los hospitales públicos del SAS "sí que contratan por el procedimiento legal y habitual, abierto y ordinario, por los mismos motivos, la sobrecarga asistencial, y con las tarifas vigentes, las de 1998".

La consejera quiso recordar que en 2018, cuando gobernaba el PSOE se formalizaron 3.427 contratos, de los que 230 licitaciones fueron urgentes, lo que significa un 6,6%. En 2019, las licitaciones sumaron un total de 4.062, de las que 132 fueron tramitaciones urgentes, lo que representa un 3,2%. En 2022, el número de licitaciones ha sido de 3.377, de las que 203 lo han sido por procedimiento de urgencia (6% del total).

"En 2018 y sin pandemia el PSOE usaba el procedimiento de urgencia más que nosotros", ha manifestado García, quien ha asegurado que una vez realizada consulta al Tribunal de Administrativo de Recursos contractuales de la Junta "nos informan que no se ha presentado ningún recurso en los últimos años cuestionando la motivación de los procedimientos tramitados por la vía de emergencia. Como tampoco tenemos constancia de que se haya interpuesto reclamación o recursos alguno en relación con procedimientos tramitados por esta vía", ha concluido.

Además, García ha recordado que hasta hace 15 días la Organización Mundial de la Salud (OMS) no decidió que se eliminaba la situación extraordinaria, la cual "todavía tiene sus consecuencias", al tiempo que ha añadido que en la orden de tarifa del 98 "había precios desorbitados en algunos procedimientos y se pagaba por ellos de una forma exagerada si nos comparábamos con otras comunidades autónomas". "Lo que nosotros hicimos es hacer unos precios para esos contratos de emergencia, puesto que no teníamos la orden del 98, que se pueden comparar de forma transparente con lo que se está pagando en otras comunidades autónomas, con precios establecidos por el SAS después de un estudio muy minucioso de lo que se estaba pagando en otras comunidades", ha detallado la consejera.