La primera reacción de la Consejería de Salud a la renovación de los más de 7.000 trabajadores sanitarios que fueron contratados durante la pandemia que fue adelantada ayer por este periódico, llegó de la mano de su titular Catalina García. En una visita a Escuela Andaluza de Salud Pública, la consejera señaló que esa renovación se produce con el “reto” de conseguir en este próximo año que “ningún andaluz espere para operarse más de lo que dice el decreto de garantías”.

Este decreto de garantías, según figura en la página web de la Consejería, reconoce el derecho de atención en un máximo de 180 días para un total de 700 técnicas quirúrgicas, un plazo que se reduce a 120 días para los 11 procesos asistenciales más comunes que incluyen 71 técnicas y a los 90 días para determinados procedimientos quirúrgicos relacionados con la cirugía cardíaca. En caso de incumplirse estos plazos, el Sistema de Salud Público de Andalucía, “estará obligado al pago de los gastos derivados de la intervención”.

En lo que se refiere a las primeras consultas y procedimientos diagnósticos, las primeras, derivadas de atención primaria, cuentan con un plazo de 60 días, mientras que para obtener un diagnóstico se determina un plazo máximo de 30 días.

Hay que tener en cuenta que, según las cifras del Ministerio de Sanidad conocidas a mediados del pasado mes de noviembre, el tiempo medio que un andaluz debe esperar para ser visto por su especialista llega a los 121 días, aunque su distribución por especialidades médicas, no es uniforme. Así, por ejemplo en Neurología, espera llega en Andalucía hasta los 213 días, en Dermatología a 146 y en Traumatología a los 135. En cuanto a las listas de espera quirúrgicas, esta se queda en un periodo medio de espera de 139 días, que se añaden a los tiempos de evaluación antes de llegar al quirófano. De cumplirse los objetivos expresados ayer por la consejera de Salud, ésta última cifra deberá reducirse en 19 días, mientras que en el caso de la atención especializada, el objetivo significa que deberá reducirse a la mitad.

Previamente, García, señalaba que con la renovación de los contratos “damos un paso más en la construcción de un sistema público de salud sólido y resiliente”. Pese a ello quiso dejar claro que “las listas de espera en Andalucía y España siempre van a existir, siempre entrarán y saldrán” y el objetivo del sistema debe ser que “no haya andaluces fuera de los decretos de garantía”. La responsable de Salud añadió que “seguimos fortaleciendo nuestros recursos asistenciales para garantizar una atención de calidad a los andaluces. El esfuerzo y la vocación de nuestros profesionales de la salud son fundamentales para responder a la actual demanda”.

Críticas de PSOE y UGT

Por su parte, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas saludó que “por fin parece” que tanto la consejera de Salud, Catalina García, como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “reconocen que hay un colapso en las listas de espera y en el sistema sanitario público de Andalucía” aunque “siguen vetando” un debate monográfico al respecto en el Parlamento. “Desde el inicio de la legislatura le hemos brindado al señor Moreno la creación de grupos y mesas de trabajo para ver qué podemos aportar, pero aquí la mayoría absoluta ha servido para vetar a la oposición”.

Espadas denunció que “hace más de un año que se está produciendo una transferencia de recursos a la sanidad privada sin procedimientos, ni justificación e incluso sin concurrencia pública” y la grave situación de las listas de espera. Espadas criticó que la Junta se ha centrado en “tapar la mala gestión” del SAS y defendió que se necesitan “más facultativos” y también “otro modo de gestionar la sanidad pública”.

“No puede haber más recursos del presupuesto público a la sanidad privada para arreglar las listas de espera, lo que hace falta es una buena oferta de condiciones laborales y retributivas a los médicos, para que no se vayan a otras comunidades autónomas para tener contratos más estables”. “¿Eso están dispuestos a hacerlo Moreno y la consejera, porque no lo han manifestado en el Parlamento, ni aparece así en los presupuestos?”, se preguntó el líder del PSOE-A, que subrayó que no basta con renovar a los 7.000 eventuales “que ya están y que son imprescindibles”, sino que debe haber una “oferta de verdad para que puedan volver las personas que ya se han marchado a mejores ofertas a otras comunidades”.

Espadas recordó que el PSOE ha planteado enmiendas a los Presupuestos de 2024 para defender que “no es momento de seguir haciendo rebajas fiscales a los que más recursos económicos tienen y que luego nos falte dinero para la sanidad o que sigamos traspasando fondos a la privada cuando la gente no entiende por qué están cerrados los quirófanos por la tarde en la sanidad pública”.

El sindicato UGT-A, a través de su secretario general en Andalucía, Oskar Martín, calificó de “buena noticia” la renovación de los contratos a los sanitarios, aunque quiso dejar la advertencia de que es “insuficiente” para solucionar los problemas de la sanidad pública andaluza. A pesar de que ya se ha anunciado el número estimado de contratos que se renovarán, el sindicato asegura que aún faltan datos concretos, como la cantidad exacta o la categoría de los profesionales afectados por la medida”.

El sindicato considera que son necesarias medidas más concretas que ofrezcan “una contratación más estable” a los profesionales de la salud, pues los contratos actuales siguen generando un problema organizativo, aseguró. Martín, afirmó que la gestión de la sanidad pública andaluza requiere de una revisión “en profundidad”, ya que las listas de espera “siguen aumentando”. A su juicio, aún falta negociar un plan “ambicioso” que consiga eliminar las listas de espera. Al mismo tiempo, quiso dejar claro que “invertir en salud es generar riqueza en nuestro entorno. Consolidar la plantilla es fundamental, pero no suficiente”.