Stop Sucesiones recopila más de 100.000 firmas contra el impuesto

Cientos de miles de firmas suscriben ya la lucha que distintas plataformas ciudadanas libran contra el impuesto de Sucesiones en Andalucía, Asturias y Aragón.

La andaluza Stop Impuesto de Sucesiones -que ha convocado una manifestación para hoy en Granada- la Plataforma asturiana contra el Impuesto de Sucesiones y Stop Sucesiones, que ha dado sus primeros pasos en Aragón, han conseguido, respectivamente, 100.225, 160.000 y 15.000 apoyos para derogar el tributo sobre las herencias.

Estas regiones, gobernadas todas por el PSOE, ocupan junto con Extremadura los primeros puestos entre las autonomías que gravan en mayor medida los bienes heredados. "Queremos que se homogeneice la horquilla del impuesto en las Comunidades, que se cambie la legislación de que unas tengan un tipo y otras, uno diferente. A los andaluces se nos ha dicho que afecta a poca gente, pero la realidad es que no es cierto", aseguran a Efe desde la agrupación andaluza.

Según el estudio Panorama de la fiscalidad autónoma y foral 2017, por cada legado de 800.000 euros una persona soltera de 30 años de edad ha de pagar a la Hacienda Pública 165.000 euros si vive en Andalucía; 135.000, si reside en Asturias, y 155.000, en Aragón. En fechas recientes, el Gobierno asturiano aprobó elevar a 300.000 euros el mínimo de las herencias sometidas a tributación, una medida que se suma al incremento adoptado en Andalucía, que pasó de 175.000 a 250.000 euros.

Sin embargo, estas medidas contrastan con que territorios como la Comunidad de Madrid o Canarias bonifican las herencias en su práctica totalidad para familiares directos, lo cual dificulta la formación de un frente común en defensa de su supresión.

"Hay comunidades que no pagan este impuesto, por lo que nunca se sumarán a recoger firmas al respecto. Es una tasa que no tiene sentido y grava el ahorro de toda una vida, pero sólo en unas regiones", argumenta el responsable de la Plataforma asturiana, Álvaro López.

A esta situación, se suma el artículo 87.3 de la Constitución, que establece que "no procederá" ninguna iniciativa legislativa popular "en materias propias tributarias", disposición que mina el poder de las miles de rúbricas conquistadas por dichas plataformas. Por ello, sus responsables han derivado su estrategia hacia la presión "popular y social" sobre los grupos parlamentarios de las Cámaras regionales contra una tasa que consideran "injusta". Las plataformas tienen intención de ampliar la acción al ámbito municipal. En las próximas semanas realizará una consulta popular en Zaragoza, Sevilla, Almería, Málaga, Badajoz y Murcia, tras las 5.000 adhesiones que logró el pasado domingo en la capital aragonesa.

Mientras, asturianos y andaluces continúan la pugna a una velocidad diferente y en sus planes se perfila la idea de "confederarse" por un objetivo que tildan de "único y directo". Por ahora, ambas han acordado que acudirán juntas próximamente al Congreso de los Diputados para defender en la Comisión de Peticiones la "unificación" del impuesto de sucesiones en España. Además, los asturianos pretenden concurrir a los comicios regionales de 2019 con la única promesa electoral de eliminarlo.