La presidenta de la Junta, Susana Díaz, solicitará el acta de diputado y senador a Manuel Chaves y a José Antonio Griñán, respectivamente, en caso de que éstos sean imputados por el Tribunal Supremo por el caso de los ERE. Lo que Díaz había adelantado en privado hace algo más de un mes, lo hizo público ayer. "Andalucía no es Madrid ni Valencia, aquí no voy a permitir eso", explicó Díaz en una visita al Hospital de Valme. La medida es especialmente dura por dos motivos. La primera es que la imputación no lleva consigo un señalamiento de culpabilidad; de hecho, hay parlamentos, como el valenciano, que están repletos de imputados, y el propio secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha cuidado mucho de señalar que echaría de las cámaras representativas a los señalados. Y, por otra parte, Díaz asume un coste personal duro al solicitar el acta al ex presidente José Antonio Griñán, que fue el que la impulsó como presidenta al señalarla como su sucesora. Tanto Griñán como Chaves, además de presidentes andaluces, lo fueron de la Ejecutiva federal del PSOE, un cargo que ocupan personas con reconocido prestigio y ascendencia entre las filas socialistas. Pero si Susana Díaz ha tomado esta decisión es por su voluntad de no ser acusada de utilizar una doble vara de medir: lo mismo que solicita para el PP en casos de corrupción, se lo aplica ella misma. También es un intento de marcar una línea roja, un cortafuegos, en el caso de los ERE. Díaz explicó que será ella misma quien le explique a los ex presidentes por qué deben entregar las actas, aunque se mostró confiada en que los ex presidentes no serán, finalmente, llamados por el Supremo en calidad de imputados.

"Creo que la gente ya no está para palabras, que las palabras no se las cree nadie, que lo que quieren son hechos, y eso es lo que yo voy a hacer en Andalucía", adelantó Susana Díaz en su visita al hospital. "Y esto que anuncio aquí, se lo diré yo, se lo explicaré personalmente a ellos", prosiguió Díaz, quien añadió: "Dicho eso, ahora que sea la justicia la que hable".

Fuentes jurídicas explicaron que la doctrina del Supremo, hasta ahora, sostiene que el caso se quedaría en el tribunal siempre que uno de los aforados mantuviera su acta. No obstante, los aforados también pueden declarar voluntariamente ante el Supremo antes de que éste solicite el suplicatorio a las cámaras. Fue lo que hizo el ex ministro de Fomento José Blanco, investigado por el llamado caso Campeón. Tras su declaración de tres horas, fue archivado a pesar de que tanto la Fiscalía como el juez instructor solicitaban su procesamiento. La acusación contra el ex ministro quedó en nada, aunque políticamente quedó desactivado. Éste es un ejemplo al que normalmente se recurre para aconsejar cautela ante la presunta culpabilidad de los imputados.

La medida no sólo afectaría a los ex presidentes, el Tribunal Supremo decidirá en breve la condición procesal de los ex consejeros Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Mar Moreno, Antonio Ávila y Manuel Recio. Son o diputados o senadores o parlamentarios autonómicos. Algunos de ellos, caso de Zarrías, con una prolongada carrera en el PSOE y en distintas cámaras de representación.

El anuncio de Díaz ha causado el malestar en una parte del PSOE andaluz, la vieja guardia más relacionada con los ex presidentes, al entender que el anuncio no era necesario en estos momentos. Estas personas explicaron que el código ético que, reciamente, ha aprobado el comité federal obliga a los cargos públicos y orgánicos ha abandonar sus puestos cuando se les haya abierto "un proceso oral" en un caso "grave de corrupción". Sostienen que a ninguno de los dos ex presidentes se les acusa de un caso grave como podía ser el enriquecimiento ilícito, el fraude fiscal o la evasión de capitales.

El Tribunal Supremo debe decidir en los próximos día si asume el caso de los aforados de la instrucción de los ERE; así, se lo ha solicitado la Fiscalía Anticorrupción, quien no obstante no ha entrado en el fondo sobre la situación procesal de cada uno de ellos. La instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, envió toda la instrucción al entender que la implicación de nueve aforados obligaba a que todo el caso pasase al Supremo.

El criterio de la Fiscalía Anticorrupción es otro, sostiene que el tribunal sólo debe ocuparse de los aforados que son diputados y senadores, y que el resto debe ser enviado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), para los que son parlamentarios autonómicos, y a la propia juez Alaya, para que siga tanto con el fraude de estas ayudas como el destinada a las empresas, la mayor parte centradas en la comarca de la Sierra Norte de Sevilla.