El Tribunal Constitucional da la razón a la Junta sobre Cajasur
El Parlamento recurrió en 2003 la intromisión del Gobierno del PP en la ya desaparecida caja
El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado "parcialmente" el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Andalucía en enero de 2003 contra la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, de forma que ha reconocido las competencias de la Junta de Andalucía sobre la antigua CajaSur. La decisión ya no tiene efecto tras la intervención del Banco de España en mayo de 2010 sobre la caja cordobesa y la posterior subasta a favor de la BBK.
En la sentencia, el TC declara que "las competencias sobre la organización interna de las cajas de ahorros fundadas por la Iglesia católica con domicilio en Andalucía que tengan su sede en Andalucía -como fue el caso de CajaSur- pertenecen, al igual que respecto de las demás cajas de ahorros, a dicha comunidad autónoma, siempre con sumisión a lo dispuesto en la legislación básica estatal sobre la materia".
La sentencia, del 5 de julio de 2011 y publicada ya en el Boletín Oficial del Estado, estima "parcialmente" el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento andaluz contra la reforma de la legislación básica en materia de cajas de ahorros, que aprobó el Estado en noviembre de 2002. Así, se ha estimado el artículo referente a las competencias sobre las cajas fundadas por la Iglesia, así como otros artículos, no todos, también considerados "inconstitucionales y nulos" relativos a duración de los mandatos y períodos de reelección, toda vez que "vulneran las competencias de la comunidad".
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, valoró ayer "muy positivamente" el fallo del TC, porque "da la razón a la comunidad autónoma de Andalucía en una cuestión que este Gobierno vino sosteniendo desde el principio, como es el hecho de que el Gobierno del PP, de Aznar, Rato y Arenas, arrebataron a Andalucía las competencias sobre CajaSur utilizando una norma absolutamente inconstitucional". Ávila apuntó que esas competencias que "nos arrebataron", correspondían a Andalucía "porque así lo establece nuestro Estatuto de Autonomía".
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