Viera elude cualquier responsabilidad en el fraude de los ERE, ni siquiera en lo que se refiere a las cuantiosas ayudas que recibió la comarca de la Sierra Norte de Sevilla, en las que la Guardia Civil y la juez Alaya le atribuyen una "participación esencial". El todavía diputado del PSOE y ex consejero de Empleo de la Junta fue el primero de los cinco aforados que acudió ayer a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo, donde defendió su papel de gestor "político" y descargó cualquier responsabilidad en sus subordinados, a los que también atribuyó la idea del convenio marco de junio de 2001 por el que se concedieron las ayudas bajo sospecha durante una década. Llegó incluso a afirmar que su profesión es la de maestro y "no tener formación jurídica" para adentrarse en el recorrido de los instrumentos presupuestarios, de ahí que "confiara plenamente en mis subordinados".

En una declaración que se prolongó por espacio de unas cuatro horas, Viera negó rotundamente cualquier responsabilidad en las irregularidades y fue tan insistente en la defensa de su falta de conocimiento ante lo que ocurrió en los cuatro años en los que ocupó el cargo que los fiscales del Alto Tribunal le plantearon, en tono irónico, cuál era su función como consejero de Empleo, a lo que el imputado respondió señalando que se limitaba a la gestión "política".

Viera reconoció que quería "instaurar un sistema ágil dentro de la legalidad para poderlo aplicar a necesidades urgentes", pero en modo alguno se pretendía eludir "ninguna fiscalización ni control", ya que no habría permitido que se eludiera el sistema de fiscalización en el IFA, que actuaba como caja pagadora de las ayudas mediante las transferencias de financiación que se realizaban a este organismo desde la Consejería de Empleo.

El diputado añadió que "desconocía" que no se pudiera emplear el sistema de las transferencias de financiación y precisó que no recibió ningún informe en contra de esta utilización. "En los cuatro años que estuve de consejero no recibí informe que advirtiera de algún tipo de irregularidad; además, esto no estaba en el ámbito habitual donde me movía, que era el político", según recoge el acta de la declaración del ex consejero ante el Supremo.

Viera precisó que en el periodo en que fue consejero no recibió "ningún informe" de la Intervención General de la Junta que pusiera de manifiesto las irregularidades en el procedimiento que estaban utilizando para la concesión de las ayudas, puesto que el primer informe en ese sentido es del año 2005, cuando ya no era titular de la Consejería.

Sobre el convenio marco de 2001 por el que se regulaban las ayudas, Viera dijo que no vio "alguna ilegalidad" en el mismo, y precisó que a su firma no llegaba "ningún documento que previamente no estuviera visado por mis subordinados". Cuando el convenio llego a sus manos, prosiguió, estaba "plenamente convencido de que había llevado el camino legal correcto", de un lado, y también de que "había pasado por todas las estructuras administrativas" y es en ese momento cuando se firma pero "nunca buscando un atajo para saltarse las normas". Fue su equipo quien le ofreció el procedimiento, reiteró Viera, que a continuación señaló que "en un equipo directivo la persona que encarna el gobierno es eminentemente político y se rodea de personas con experiencia en el área en el que se va a estar, y este equipo también tiene su propio equipo de funcionarios del grupo A de la Junta de Andalucía". De esta forma, cuando el convenio marco llega a su mesa "ha seguido todos los pasos, por lo que no duda de sus legalidad".

El ex consejero de Empleo negó que hubiese hablado sobre "ningún tema" relacionado con las ayudas o subvenciones con el ex director general de Trabajo y uno de los principales imputados por la juez Alaya, Francisco Javier Guerrero, quien según el diputado tampoco le comunicó la existencia de posibles irregularidades.

Cuando el instructor de la causa especial en el Supremo, el magistrado Alberto Jorge Barreiro, le preguntó a Viera por la excesiva concentración de ayudas en las empresas de la Sierra Norte de Sevilla, el ex consejero declaró que sólo hizo "alguna gestión política como con el resto de la provincia de Sevilla y del resto de Andalucía" cuando fue consejero", al tiempo que negó que tenga ninguna relación con los empresarios de la zona ni que se haya reunido con ellos para "valorar sus necesidades", aunque sí reconoció que ha ido con frecuencia a cazar a la zona. "Nunca he tenido una reunión con ningún empresario de la Sierra Norte para discutir o pactar ninguna de las subvenciones o ayudas que se pudieron conceder a esas empresas", aseveró.

Muchas de las subvenciones de esta comarca fueron a parar a los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago, pero Viera sostiene que no sabía que fueran los dueños, porque el único conocimiento que tuvo de estos empresarios fue con motivo de la presentación del proyecto de matadero de El Pedroso (Sevilla), llegando a firmar que sintió "estupor y vergüenza" aunque insistió en que él no tiene nada que ver con estas empresas.

La misma sensación de "sorpresa y vergüenza" le ha producido conocer que las ayudas "se concedían sin convenio, sólo con la firma del director general", algo que el ex consejero asegura que desconocía. "En absoluto  considero normal que en estos procedimientos no exista ningún tipo de documentación, lo que no podía imaginar es que se han concedido subvenciones sin ningún tipo de documentación", agregó el imputado.

Como conclusión, Viera dijo que han transcurrido 15 años desde su paso por la Consejería de Empleo y la perspectiva ha cambiado. "No era cuestión de ocultar sino de arreglar el problema en cuanto surgía, no era un sistema para ocultar nada. Visto desde ahora reconozco que pudimos hacerlo mejor, pero no participé en la estrategia que ha dado lugar a la presente causa", afirmó el ex consejero. 

La ronda de declaraciones de aforados ante el instructor del Supremo continuará mañana, cuando comparezca el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán.