El reparto de fondos para acoger a los niños migrantes, otro frente abierto entre la Junta y el Gobierno

El reparto de los niños migrantes que se hacinan en Canarias sigue generando polémica entre las administraciones y eso que todavía no se ha iniciado el traslado de esos menores a pesar de los duros requerimientos del Tribunal Supremo. El Consejo de Ministros aprobó el martes un acuerdo por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la prestación de servicios y la realización de obras para atender las necesidades de los menores no acompañados solicitantes de protección internacional que se encuentran en Canarias, por un importe de 39.844.431 euros hasta final de año.

Una cantidad que está prevista para atender a los cerca de 1.200 niños que han pedido asilo en España, si bien de esos, 367 no se encuentran en la base de datos del Ministerio del Interior. Los primeros niños ya están siendo trasladados a un centro especial en Canarias y el Gobierno tiene disponibles en total unas 750 plazas para ellos. Al menos por el momento.

La clave de este asunto es que el Gobierno se ha comprometido a entregar a Andalucía 8 millones de euros para atender durante tres meses a otros 677 niños migrantes que son los que, según el decreto aprobado, corresponderían a la comunidad autónoma. Unas cantidades que no casan; por cada niño solicitante de asilo hay previsto cinco mil euros más que por cada menor tutelado por las administraciones autonómicas.

Sin datos

El coste de la atención a estos niños es diverso puesto que cada uno tiene unas necesidades especiales, muchos no conocen siquiera el idioma, otros tienen características particulares y necesitan apoyo terapéutico y en general, son niños que no están integrados en la sociedad por lo que demandan más recursos que otros que sí viven en un entorno normalizado.

A esto se suma la diferencia entre los recursos de acogida que tiene el Estado y los que tienen las comunidades autónomas. Porque el Estado no dispone de centros de atención ni acogida, ya que la tutela de los menores corresponde a las comunidades autónomas. La situación de estos 1.200 niños es diferente ya que han solicitado asilo en España, es decir, protección internacional que el Gobierno central debe concederles tal y como ha establecido el Tribunal Supremo.

Las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, sí disponen de una red de acogida de menores desamparados, sean migrantes o hayan tenido que ser apartados de sus familias por decisión judicial, si bien se quejan de que estos centros están al 98%, al menos en el caso de Andalucía.

Dudas legales

A esta nueva polémica se suman las dudas legales sobre el nuevo decreto aprobado por el Congreso y en el que se desarrollan los criterios de reparto entre las comunidades autónomas de los niños migrantes que llegan a España. El Gobierno andaluz ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la norma que establecía ese reparto y está a la espera de la decisión; el nuevo decreto desarrolla los criterios contra los que han recurrido las comunidades autonómas gobernadas por el PP además de Castilla- La Mancha.

La consejera de Inclusión, Loles López, está analizando el contenido de ese nuevo decreto antes de tomar ninguna decisión y de plantear su extensión y cómo puede aplicarse.

A pesar de toda esta polvareda política, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, aseguraba este jueves que la Junta “cumplirá la ley” y acogerá a los menores inmigrantes que el Estado le ha asignado, si bien “no estamos de acuerdo con los criterios de reparto que son injustos y son un privilegio para el independentismo”.

Los criterios de reparto, que ya quedan establecidos de aquí al futuro, destinan a Andalucía y a Madrid el mayor número de estos niños; ninguno llega a Cataluña o País Vasco.