El acuífero de Doñana muestra una tendencia negativa y la mayoría de sus zonas se encuentran en una situación de "alerta", según señalan los resultados del control oficial de las aguas subterráneas realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que aconseja la aplicación del Plan Hidrológico para "revertir la situación".

Así lo recoge el Informe sobre el estado de los acuíferos del entorno de Doñana correspondiente al año hidrológico 2020-2021, que será presentado la próxima semana en la Comisión de Trabajo de Aguas del Consejo de Participación de Doñana.

El documento indica que de los 16 sectores en los que se divide el acuífero tan sólo uno está en situación de normalidad; dos se hallan en estado de "prealerta", diez en "alerta" y otros tres en "alarma". Diez de ellos presentan una situación peor a la que sería la lógica, teniendo en cuenta la lluvia caída el último año.

La precipitación del año hidrológico 2020-2021 fue de 412 litros, un 20% por debajo de la media. La cantidad de lluvia caída corresponde por tanto a la calificación de estación "seca", prolongando un año más un período iniciado hace una década, considerada como la más seca desde 1970.

Los técnicos precisan que "si se mantiene el actual grado y modo de explotación de los recursos subterráneos del acuífero, comprometería su buen estado y el de los ecosistemas terrestres que de él dependen, lo que se refleja en el hecho de que tres de las cinco masas de aguas subterráneas que forman el sistema no alcanzan el buen estado cuantitativo".

Según la conclusión de los técnicos de la CHG, esta situación "obliga a la administración hidráulica a tomar medidas" para asegurar que no continúe deteriorándose, así como a realizar "todas las acciones posibles para revertir este mal estado con vistas al horizonte de 2027".

La CHG incide en la necesidad de desarrollar una estrategia para procurar el buen estado de las masas de agua de Doñana. Entre otros aspectos, el plan debería contemplar un "incremento cero" de la superficie susceptible de obtener una concesión para riego, la aplicación rigurosa de la ley, el cierre de las captaciones ilegales de agua o la eliminación de regadíos no legalizables.

Se plantea como horizonte la vuelta a la situación del año 2000 en 2027. Para ello será necesaria como mínimo la ejecución completa del trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos previsto en la ley que fue aprobada en el Congreso de los Diputados en 2018, así como medidas para disminuir las extracciones en la zona de contacto entre las masas de agua Almonte y Marismas con aportación de aguas superficiales incrementando el uso conjunto de aguas reguladas, no reguladas, regeneradas y subterráneas. La CHG apuesta asimismo por la elaboración de planes de extracción que garanticen el cumplimiento de los objetivos planteados.