La juez Alaya ha reiterado en los últimos meses, a través de sus autos, que la trama de irregularidades en las ayudas públicas está aún por calar, aunque ha enviado una serie de avisos que son bastante esclarecedores sobre el planteamiento que tiene respecto a la investigación y sus próximas decisiones. La instructora ha hablado de una pirámide, de los escalones de la misma -en relación a los niveles de imputados-, y más recientemente de que todavía se pueden subir nuevos "peldaños" en la investigación. Su decisión de encarcelar al ex consejero de Empleo Antonio Fernández tras una maratoniana declaración de más de cuarenta horas, supone precisamente un nuevo hito en la instrucción de la causa del escándalo de los ERE, en la que ya hay tres personas encarceladas.

Pero no será el único, puesto que la magistrada apunta a que las irregularidades podrían salpicar a otros ex consejeros, como Gaspar Zarrías -que presidía los consejillos previos a los consejos de Gobierno por los que pasaban las ayudas ahora bajo sospecha- o José Antonio Viera, cuya vinculación personal con las ayudas millonarias concedidas a varios grupos empresariales de la Sierra Norte de Sevilla le ha situado en el punto de mira de la instructora desde hace meses. Su imputación, no obstante, se retrasa porque dada su condición de diputado el caso tendría que ser elevado al Tribunal Supremo. Lo mismo ocurriría con Zarrías, que es también aforado.

En esa escalada de imputaciones, algunas fuentes consultadas apuntan a que la Fiscalía Anticorrupción no elevaría las posibles responsabilidades más allá del nivel de consejero, que éstas no alcanzarían al ex presidente de la Junta Manuel Chaves o al actual, José Antonio Griñán. La insistencia de la instructora en preguntar por el grado de conocimiento que éstos pudieron tener del sistema por el que se concedían las ayudas públicas, cuya legalidad cuestiona con vehemencia Alaya, y las continuas referencias a que éstas sólo beneficiaban a personas allegadas a la Junta o al PSOE andaluz, no parece descartar a priori una escalada en el nivel de imputaciones.

Pero no sólo están el objetivo de la juez responsables políticos, sino también los profesionales de la propia Administración, como el que fuera interventor general de la Junta en la época en la que se suscribió el convenio marco de 2001 por el que se regulaban las ayudas a través de las transferencias de financiación al IFA (luego IDEA) y que emitió una serie de reparos al sistema en los años 2005, 2006 y 2007. De hecho, la propia juez asegura en el auto que acordó la prisión de Antonio Fernández que seguirá investigando por qué la Intervención no realizó un informe de "actuación" después de rechazar las alegaciones que presentó la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) a esos reparos. Pero sobre todo, la instructora quiere averiguar si en esta omisión por parte de la Intervención "pesó alguna orden o decisión política".

La posible citación del antiguo interventor general y también de sus delegados salió a relucir precisamente en el curso de la declaración del ex consejero de Empleo, quien argumentó que la Intervención se aquietó ante las alegaciones de IDEA. El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende a Fernández, le recordó a la magistrada al oponerse al ingreso en prisión que la propia juez "manifestó en la primera sesión [de la declaración], cuando el señor Fernández explicaba la actuación de la Intervención, que probablemente habría que llamar al interventor general para que explique por qué no elevó informe de actuación" sobre el procedimiento de concesión de las ayudas.

Las respuestas del interventor marcarían, sin duda, un nuevo punto de inflexión en la investigación e influiría decisivamente en dónde sitúa finalmente la instructora el listón de las imputaciones, sobre todo si niega las sospechas sobre la existencia o no de una "orden política" para que los reparos al procedimiento no fueran a más.

Algunas fuentes entienden que la juez podría también llamar al que fuera responsable de los servicios jurídicos de la Junta, una vez que el ex consejero insistió en que no hubo ningún criterio jurídico que se opusiera al sistema que se implantó para la concesión de las ayudas.

La deriva carcelaria que ha tomado el caso, con tres personas ya en prisión provisional -dos de ellas ex altos cargos de la Junta-, amenaza con afectar a nuevos imputados que aún no han comparecido ante la instructora. Hay en total siete altos o ex altos cargos imputados que pueden seguir la misma suerte que Fernández, entre ellos el ex viceconsejero Agustín Barberá o el ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, que está citado para el mes de julio. A prisión también pueden ir algunos de los empresarios de la Sierra Norte que concentraron importantes ayudas, pero no los denominados intrusos u otros beneficiarios de ayudas individuales.

La postura de la Fiscalía Anticorrupción de reprochar al ex consejero que contestar a todas las preguntas no implica una colaboración, puede hacer que, a partir de ahora, algunos imputados se acojan a su derecho a no declarar, como ya han hecho algunos ante la Guardia Civil. La respuesta, como siempre, la tiene la juez y la dará a conocer en los próximos meses.