El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, que investiga las presuntas irregularidades en Invercaria, ha citado a declarar como imputados a todo el consejo de Administración de la sociedad pública de capital riesgo andaluza del año 2009, en relación con la investigación de la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva). Los cinco nuevos imputados comparecerán ante el juez entre el 28 y el 31 de octubre.

En una providencia, el juez Juan Gutiérrez Casillas atiende de esta forma una petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado la declaración como imputados de Juan Vela Quiroga, Ramón Martín López, Isabel de Haro Arrabari, Jacinto Cañete Rolloso y Bienvenido Martínez Martínez.

El juez argumenta que, según el Ministerio Público, en las actuaciones consta que "las decisiones de inversión en Fiva y la salida de Novasoft fueron conocidas y aprobadas en las sesiones del consejo de administración de Invercaria, lo que supone que, de forma indiciaria y provisional, los miembros del consejo tuvieron conocimiento y participación de la decisión de realizar las operaciones de inversión descritas que pudieran ser constitutivas de un presunto delito de malversación de caudales públicos del artículo 432 del Código Penal y de un presunto delito societario del artículo 259".

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, en el escrito en el que solicitó estas imputaciones, va más allá al asegurar que como resultado de las investigaciones que se vienen desarrollando en la pieza separada relacionada con Fiva "se deduce que las operaciones de inversión realizadas por la empresa pública Invercaria no se ajustaron al procedimiento establecido en su plan director y que han supuesto un importante menoscabo de los fondos públicos tanto en el desarrollo del denominado proyecto Fiva como en la salida de capital social de Novasoft, facilitada por dos préstamos concedidos por Invercaria a las sociedades que adquieren sus participaciones sociales en el capital de Fiva". La inversión en Fiva fue un proyecto fallido de Invercaria que costó a las arcas públicas 1,7 millones.

El instructora también ha requerido, de otro lado, a Invercaria para que aporte al Grupo de Blanqueo de Capitales "toda la información adicional" sobre la participación de los técnicos y directivos de dicha entidad en las operaciones de inversión que son objeto de la instrucción, debiendo aportar asimismo "todos los listados de gastos de representación y agenda" de los ex presidentes de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, así como del director de Análisis e Inversiones, Manuel Rodríguez, del ex director de Formación y denunciante del caso Cristóbal Cantos, así como del ex director financiero Antonio Nieto, y del analista Gonzalo Alba Beteré.

El juez también solicita a la sociedad de capital riesgo que informe a la Policía sobre el "sistema de archivo" de la documentación, custodia, el personal autorizado para acceder a los mismos y la constancia en sus registros informáticos o no de los accesos producidos en los años 2012 y 2013, todo ello porque han aparecido correos y documentos que no habían sido incorporados a la causa, lo que ha llevado al juez a requerir a Invercaria para que explique "por qué dicha documentación no ha sido remitida con anterioridad",  además de que se ha requerido a la sociedad de capital riesgo para que entregue una serie de correos electrónicos enviados por Cristóbal Cantos a la ex presidenta Laura Gómiz.

En otra providencia, el instructor ha reclamado a Invercaria para que aporte toda la documentación relacionada con el "pago de indemnizaciones y finiquitos por extinción de relación laboral, bien sea baja de forma voluntaria, bien por despido o bien por finalización del contrato", una información que se solicita desde la constitución de Invercaria hasta el año 2012 y que debe ir acompañada de los contratos de trabajo. La petición de esta documentación a Invercaria fue planteada por la Fiscalía Anticorrupción en un escrito remitido al juzgado el pasado 13 de septiembre.

El magistrado también ha librado oficio a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que designe dos peritos para que emitan un informe sobre la "justificación técnica e irregularidades y deficiencias, en su caso, de cada una de las operaciones de entrada en capital y concesión de préstamos con fondos propios de Invercaria", así como de la operativa de la sociedad de capital riesgo desde su constitución.