Los ex directores gerentes del SAE niegan haber recibido "órdenes" para actuar "ilegalmente"

Fue el día más negro de la comisión de investigación de los cursos. La ausencia de la ministra Fátima Báñez y de una consejera del Tribunal de Cuentas provocó la bronca más dura que se ha registrado entre los grupos que conforman la comisión. El PSOE, C's, Podemos e IU acusaron al PP de faltar al respeto a la institución por defender la decisión de la ministra.

Los populares, por su parte, aludieron una y otra vez al informe del Consejo de Gobierno como un elemento insalvable por Báñez para acudir a la comisión. Además, pidieron el cede del presidente del órgano parlamentario, Julio Díaz (C's), por convertir la Cámara en un "circo" con su decisión de esperar la llegada de la ministra y mantener la comisión activa, con una reunión convocada ayer mismo, aún cuando el Ministerio ya había comunicado la intención de su titular de no atender a la solicitud del Parlamento.

Julio Díaz aseguró que la petición de su dimisión por parte del PP sólo era una "cortina de humo por el mal día que ha tenido hoy". El presidente de la comisión afirmó que le había extrañado que los populares no pidieran su cese antes. "Han pasado más de cinco meses desde el inicio de la comisión y esperaba que llegara antes", afirmó. Julio Díaz calificó la decisión de Báñez de "bofetada sin manos a los andaluces", ya que "es una obligación comparecer; esto no es una boda".

El PSOE, a través de su representante en la comisión Rodrigo Sánchez Haro, advirtió de que la incomparecencia de Báñez es "una decisión política, una falta de respeto del PP y del Gobierno de la Nación a la comisión, al Parlamento y a los andaluces". Para los socialistas, la postura de la ministra "deslegitima" al PP y a su supuesta voluntad de "esclarecer la verdad". Incluso llegó a decir que el PP "debería pensarse su continuidad" en la comisión de investigación.

El parlamentario de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe aseguró que "independientemente de lo que haga la comisión" su grupo, cuando tenga la documentación certificada y las copias de las actas, presentará una denuncia. "Considero que esto excede de los límites admisibles y que decida el Tribunal Supremo si admitir la denuncia o no", indicó el diputado. Moreno Yagüe criticó la "falta de cortesía institucional" de la ministra y la consejera del Tribunal de Cuentas, ya que al menos "deberían habernos avisado antes de su decisión".

Ya anteriormente, la secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, aseguró que la ministra podía estar cometiendo un "delito de desobediencia".

Elena Cortés, de IU, también pidió que la incomparecencia de Báñez se pusiera en conocimiento de la Fiscalía y criticó que la ministra se "escude y esconda" detrás del informe del Consejo de Estado cuando "debería estar aquí respondiendo a las preguntas de los grupos" porque "forma parte de la cultura democrática asistir a la comisión y someterse a las preguntas de los diputados".

Los dos altos cargos de la Junta que sí acudieron ayer a sus citas con la comisión que investiga las irregularidades en los cursos de formación coincidieron en afirmar que jámas habían recibido alguna instrucción para actuar de forma ilegal. El ex director gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio Toro Barba aseguró que "no hubiera aceptado" cualquier orden para actuar de forma diferente a lo que marca la normativa. Toro Barba sólo reconoció carencias en el área de personal. "Es un problema crónico en todos los servicios de empleo", aseguró.

El ex director gerente del SAE afirmó que "se cumplió con la normativa", incluso "cuando los recursos humanos eran muy escasos, se realizaban todas las tareas que había que hacer, salvo por el retraso que existía, y todo el trabajo en materia de políticas activas de empleo se hacía con esfuerzo, honestidad y legalidad".

El también ex director gerente SAE Antonio González Marín apuntó, por su parte, que es "inconcebible" para un servidor público pretender que un subordinado no cumpla con la legalidad vigente. "Si alguien tratara de hacerlo, se rompería la cabeza contra un muro", sentenció.

González Marín también insistió en que nunca recibió órdenes de actuar contra la legalidad. "Si hubiera sido así, me hubiera faltado tiempo para irme", explicó.

El ex director gerente del SAE admitió que en todos los procedimientos hay siempre "posibilidades de mejora", pero dijo que la Junta había sido "rigurosa" en el ámbito administrativo cumpliendo las normas estatales y europeas. De todos modos, González Marín aseguró que durante su mandato no se llevó a cabo ninguna convocatoria de subvenciones de los cursos porque fueron paralizadas.