Una ventana con vistas a la crisis

Si alguna delegación municipal ha sido testigo en primera fila de las catastróficas cifras de paro y de los efectos de la crisis ha sido sin duda la de Bienestar Social. El PP cogió el testigo de unos servicios sociales saturados y con retrasos en el pago de las ayudas sociales debido a la grave situación económica del Ayuntamiento. Cuatro años después los pagos a las familias sin recursos se han normalizado, no sin periodos de especial dificultad en los que las ayudas se dejaron de abonar, pero los servicios sociales siguen haciendo frente a una demanda desorbitada, que alarga en el tiempo la primera atención, una situación denunciada en reiteradas ocasiones por organizaciones como Cáritas.

Precisamente con Cáritas y otras entidades sociales el Ayuntamiento firmó un convenio para coordinarse en la atención social, completamente desbordada. Se creo una base de datos conjunta de familias atendidas con el fin de impedir duplicidades, rentabilizar recursos y evitar su uso discriminatorio. Cualquier persona que precisa de ayuda debe entrar ahora por la puerta de los servicios sociales municipales, que deriva después a las distintas instituciones.

La relación con las entidades sociales ha sido uno de los aspectos en los que el gobierno municipal del PP ha querido dejar su impronta. Las convocatorias anuales de ayudas que se concedían pero no se pagaban engordando la deuda con estos colectivos se cambiaron por convenios de colaboración. El PP saldó una parte de la deuda a través del plan de pago a proveedores y a finales del pasado año firmó convenios con unas 50 entidades sociales, que suponían el reparto de 600.000 euros, casi la mitad de ellos para finalizar las obras del centro residencial de la Asociación de Alzheimer.

Las viviendas de emergencia social en un momento en el que muchas familias perdían la suya se ha convertido en otro de los caballos de batalla. El PP se empeñó en evitar la imagen de acampadas en la puerta del Ayuntamiento de vecinos que pedían una casa, una presión que solía obtener resultados. Si nos atenemos a los datos que el gobierno municipal ha ido trasladando, el PP se encontró a su llegada con cuatro viviendas de emergencia social, número que se ha incrementado hasta superar las 50 actuales, aunque la propia delegación admite que son insuficientes. Se puso además en marcha un reglamento para que los usuarios en riesgo de exclusión puedan ocuparlas en base a criterios técnicos y en un momento en que los desahucios estaban a la orden del día se abrió una Oficina de Intermediación Hipotecaria en colaboración con el Colegio de Abogados. La política con respecto a la vivienda ha tenido sin embargo otras medidas con menos acogida como ha sido el caso del Fondo Social de Viviendas, una iniciativa conjunta con ocho entidades financieras, que pusieron un número de casas en alquiler a disposición de familias desahuciadas.

En el plano más político, los problemas de financiación de los servicios sociales, asumidos en gran parte por el Ayuntamiento y con una deuda permanente de la Junta de Andalucía, han estado a la orden del día. No es algo nuevo: durante la legislatura del PSOE la denuncia de esta situación y las reclamaciones a la Administración autonómica se acallaron por razones obvias, pero con el PP la escasa financiación por parte de la Junta ha sido argumento recurrente ante cualquier problema. En este toma y daca, la práctica paralización de la aplicación de la Ley de Dependencia ha sido otro de los temas utilizados como arma arrojadiza tanto por la Junta como por el Ayuntamiento. La realidad es que muchos dependientes se han quedado a la espera de recibir lo que se consideró como un derecho. En la misma medida y sin ningún tipo de pudor PSOE y PP se han echado a la cara en esta legislatura la pobreza instalada en la ciudad en estos años de crisis e incluso los decretos de exclusión social de la Junta, a los que se ha ido adhiriendo el Ayuntamiento, han resultado un fiasco para sus beneficiarios, con las dos Administraciones culpándose.

La inversión en infraestructuras ha tenido menos protagonismo en esta legislatura, pero hay que recordar no obstante que se terminó el nuevo asilo San José, cuyas obras habían empezado en la etapa socialista, y también se finalizó el centro social Blas Infante. En el tintero quedan proyectos anunciados como la adecuación del viejo asilo de la calle Taxdirt para recurso de emergencia social.

En el otro lado de la balanza, la delegación ha inflado su gestión con un sinfín de planes locales: desde el plan estratégico de Servicios Sociales, hasta el de Infancia y Familia, el Plan Local de Salud, el plan municipal de Igualdad de Oportunidades, el I Plan de Acción contra la Violencia de Género. Son solo algunos. En todos ellos una larga lista de medidas, en muchos casos obvias y de carácter tan genérico como difícil de medir su cumplimiento.