El fiscal anticorrupción está convencido de que la ex alcaldesa socialista de Jerez, Pilar Sánchez, desvió subvenciones del Plan E para pagar gastos del Ayuntamiento que entonces gobernaba. Por ello, pide tres años de prisión y una multa de 8,6 millones de euros para para la ex primera edil, en la actualidad responsable del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Junta de Andalucía. El fiscal acusa a Sánchez de un delito de fraude de subvenciones en su escrito de acusación.

Para Anticorrupción, el gobierno municipal que presidía Sánchez utilizó el dinero de las ayudas, que sólo se podían usar para los fines para los que habían sido concedidas -como la construcción del Museo Lola Flores o de la Ciudad del Flamenco-, para pagar gastos corrientes, desde nóminas municipales, el servicio municipal de limpieza o facturas de la luz, pese a las advertencias del interventor y del tesorero municipal.

El Estado ingresó 17,7 millones de euros en una cuenta restringida abierta para tal fin por el Ayuntamiento con el objetivo de financiar 37 proyectos de inversión subvencionados con cargo al Plan E. Sin embargo, y según el informe elaborado por la Intervención y la Tesorería del propio Consistorio, el Gobierno local dispuso de 9,7 millones de euros de esa cuenta restringida a pesar de la existencia de "informes contrarios" de ambos departamentos.

Con ese dinero se abonaron nóminas a la plantilla municipal e incluso se afrontaron pagos con Endesa y con empresas concesionarias de servicios públicos, como Acasa o Limasa, que entonces se hacían cargo de las ayudas a domicilio y la limpieza de dependencias municipales y colegios públicos de Infantil y Primaria.

Tanto el Interventor como el Tesorero llegaron a advertir de que se estaba incumpliendo la prelación de créditos en relación a pagos de personal conforme a lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales. No obstante, durante los ejercicios 2010 y 2011 el Ayuntamiento , gobernado ahora por el PP, transfirió 3,3 millones de euros a la cuenta restringida para tratar de compensar las cantidades utilizadas para otros fines a los inicialmente previstos.

Como consecuencia de esos desfases muchos de los proyectos afectados no llegaron a ejecutarse en tiempo y forma, si bien a lo largo de la presente legislatura el Ayuntamiento -gobernado por María José García Pelayo (PP) ha alcanzado acuerdos con distintos constructores para culminar las actuaciones.

Por todo ello, la fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra la ex alcaldesa, una vista que se sumará a la que tiene pendiente por el denominado caso PTA, en el que se le acusa de incurrir en supuestas irregularidades en la concesión de ayudas para la compra de suelos en este parque empresarial.

Por su parte, la ex alcaldesa insiste en que "tiene la convicción" de que no incurrió en un fraude al destinar al pago de nóminas del personal parte del dinero transferido por el Estado. Además, subraya que está "fuera de toda discusión" que los fondos no fueron desviados por intereses personales, sino para atender obligaciones de pago de la Administración local que, en definitiva, era la misma que debía pagar las obras ejecutadas al amparo del Plan E.