La Fiscalía de la Audiencia Nacional cierra la investigación sobre agricultores ilegales en Doñana

La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de concluir un informe sobre los agricultores que podrán beneficiarse de las ayudas al abandono de los cultivos contempladas en el Acuerdo por Doñana suscrito por Junta y Gobierno en noviembre de 2023. Se trata del paso previo a la publicación de la esperada orden ministerial que está previsto que se lleve a cabo a finales de este mismo mes, es decir, según los plazos previstos –y conocidos por todas las partes– por el Ministerio de Transición Ecológica (Miteco).

Se trata de evitar uno de los principales temores a la hora de repartir las ayudas al abandono de cultivos en los catorce municipios afectados por el pacto, como el que el cobro de estas ayudas sirviera como una especie de amnistía o de regularización encubierta de los terrenos afectados. Dicho de otro modo, este informe pretende evitar que quienes se hayan beneficiado de manera ilegal de los recursos hídricos del acuífero sin tener derecho a los mismos, no puedan acogerse a los beneficios económicos por abandonar el cultivo de esas parcelas que se encuentran al margen de la ley.

Según pudo conocer este periódico, la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, acaba de cerrarse. Ahora queda por determinar el contenido específico de la orden. Fuentes del Ejecutivo confirmaron también que los plazos se siguen cumpliendo, por lo que se espera para la última semana de este mismo mes.

En cualquier caso, la orden del Miteco incluye en su artículo 2 que los beneficiarios deben ser “titulares de los derechos reales sobre los terrenos objeto de ayuda, así como aquellas personas que sean titulares de una explotación inscrita en los registros correspondientes”.

En el artículo 6 de la orden se cita textualmente que “las actuaciones no podrán ejecutarse en espacios sobre los que recaiga algún tipo de sanción por infracciones urbanísticas en materia de medio ambiente o en materia de dominio público hidráulico antes de la propuesta de resolución definitiva”.

No obstante, a continuación añade que la existencia de sanciones previas determinará su exclusión, al menos temporal, de este tipo de ayudas. Dicho de otro modo; los agricultores con sanciones pendientes, no podrán acceder al cobro de las mismas, hasta que satisfagan en su totalidad la cuantía. Además añade que “la prohibición subsistirá mientras concurran las circunstancias, prohibiciones y efectos que, en su caso, determine la resolución por la que se sanciona al beneficiario”.

Se descarta así, al menos en parte, la posibilidad de que la orden se pueda interpretar como una suerte de amnistía, una de las críticas más serias al proceso de renaturalización que el Acuerdo por Doñana quiere llevar a cabo para terminar con esos terrenos irregulares. Hay que tener en cuenta que esas ayudas están encaminadas al abandono definitivo de los cultivos, no a su continuidad.

A estas ayudas para abandonar los cultivos no sólo se podrán acoger quienes no tienen regularizada su situación, sino también aquellos que, por cualquier otra razón, deseen abandonar la producción de las mismas. A pesar de que ya estaba acordado entre ambas administraciones, en el articulado también se destaca que “las subvenciones no podrán ser en ningún caso superiores a 100.000 euros por hectárea como máximo” y se añade que “la prima anual por hectárea se pagará durante un periodo máximo de 12 años a partir de la fecha de concesión de las ayudas”. De esa cantidad, el Gobierno asume un máximo de 70.000; el resto lo aportan tanto la Junta de Andalucía como la Diputación de Huelva para aquellos agricultores que desarrollan su actividad en esa provincia.

La titular del Miteco, Sara Aagesen, anunció el pasado mes de diciembre en su primera visita a Andalucía la primera remesa de 28 millones de euros correspondientes a las bases reguladoras para conceder las subvenciones a los agricultores que se sumen a la renaturalización de sus terrenos en el entorno del Parque Nacional de Doñana. Dado que las ayudas ascendían a 100.000 euros por hectárea, la cantidad que podría dejar de estar en producción con esta primera convocatoria de ayudas, asciende a 400. Serán necesarias otras convocatorias que la ministra también garantizó.

Si el Gobierno no publica la orden, la Junta sí lo hará

En el caso de que el Gobierno no publique este mes la orden de ayudas a los agricultores, la Junta publicará “las suyas sin más dilación”. Así lo trasladó el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, que reconoció que entiende “el enfado y la desconfianza de los agricultores cuando ven que los pagos se han hecho de forma puntual a los ayuntamientos y ellos siguen sin tener las bases” reguladoras. El consejero sostuvo que para la Junta la prioridad cuando se alcanzó el acuerdo de Doñana eran los agricultores, porque fueron los afectados por el plan de ordenación de los regadíos de la Corona Norte de Doñana y los que promovieron el pacto, pero indicó también que el Gobierno central empezó por los ayuntamientos a abonar las ayudas.