Varios de los responsables de las empresas que están siendo investigadas por el supuesto fraude en el cobro de subvenciones de la Junta de Andalucía para la organización de cursos a desempleados aseguran que nadie se ha puesto aún en contacto con ellos, que sólo se han enterado de la polémica por la prensa y que están "muy tranquilos" porque tienen toda la documentación "en regla".

Una de ellas es Pilar Mata, responsable de formación del Grupo Alce, una firma malagueña que recibió una ayuda de 98.940 euros correspondiente al programa de cursos en el año 2010. Mata aseguró ayer a este periódico que está "indignada" por la aparición de su empresa en el listado de 17 compañías investigadas y cree que se debe a que "cuando te dan un curso hay un acto protocolario en el que se va a firmar e imagino que estábamos todos ese mismo día". Mata subrayó que en 2010 organizaron cuatro cursos y en 2011 dos. El que está siendo objeto de estudio, según comentó, es uno de programador de aplicaciones de informática que Grupo Alce realizó en 2010 y en el que se comprometía a una inserción laboral del 60%. "Hay que tener en cuenta que es el 60% de los estudiantes que terminan el curso y no del total. Lo acabaron 12 personas y se contrató a siete y todo está justificado con un auditor externo", explicó.

Esta directiva afirmó que no recibieron la visita de ningún técnico de la Junta de Andalucía durante la celebración del curso para comprobar su funcionamiento "pero todos los meses le enviábamos la información y todo está sellado por la Junta". También quiso hacer hincapié en que se entregó al Servicio Andaluz de Empleo la vida laboral de esos alumnos contratados hasta en dos ocasiones para demostrar que habían sido dados de alta.

Mata apuntó que "si no cumples con el compromiso de contratación te hacen devolver el dinero", e incluso denunció que el curso en cuestión "se inició un 3 de marzo y no cobramos el 75% de anticipo hasta julio o agosto". "Eso ha pasado siempre", añadió.

La responsable de formación de Grupo Alce indicó que la Policía sí ha interrogado a varios alumnos, aunque "a nosotros no nos ha llamado nadie" y lamentó la imagen que se pueda estar proyectando de la compañía. "Somos un centro de formación homologado por la Junta de Andalucía desde hace 15 años, tenemos 70 especialidades distintas, una trayectoria muy larga y trabajamos con otras instituciones como el Ayuntamiento de Málaga. Me parece estupendo que investiguen, pero que no nos metan a todos en el mismo saco", dijo.

El apoderado de otra de las empresas analizadas, que prefiere mantener el anonimato, fue en la misma dirección. "Sólo sabemos lo que hemos visto en prensa y estamos tranquilos. Que se investigue no significa nada. Tenemos toda la documentación en regla y nos pueden llamar si quieren", aseguró. Este directivo, que defiende la legalidad de su actuación, subrayó que "después de eso nos han dado cursos sin compromiso de contratación, por lo que muy mal no lo habremos hecho", y reiteró que la Junta no le ha comunicado nada sobre estas investigaciones. "Mañana [por hoy] iré a enterarme porque no es bueno que te asocien con este tipo de asuntos", afirmó.

Otras dos empresas consultadas también negaron el supuesto fraude y mostraron su sorpresa, si bien la responsable de una de ellas prefirió no hacer declaraciones públicas hasta hablar con un abogado.