Uno de los intermediarios en la tramitación de las ayudas irregulares a trabajadores que salían de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), Juan Lanzas, proponía a los empresarios que el agente de seguros que interviniense en el sistema fuera Vitalia Vital. Era como una suerte de imposición, explicó a este medio un directivo que tuvo contacto con Lanzas y con el ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero para un ERE, aunque finalmente rechazó esta oferta porque contenía otro tipo de irregularidades. En la mayor parte de los 37 intrusos encontrados por la Junta de Andalucía en los 12 ERE en los que ha econtrado irregularidades hasta ahora se encuentra Vitalia. De hecho, uno de sus comerciales, de Sevilla, Francisco González García, se repartió el dinero que le consiguieron de la prejubilación de Río Grande a la viuda Carmen Fontela. Esta mujer, que vive en Triana, es vecina del comercial de Vitalia. Así lo mantiene la Policía Judicial en uno de los informes remitidos a la juez del caso, Mercedes Alaya, del número 6 de Sevilla.

El empresario consultado explicó que Juan Lanzas y el ex director Francisco Javier Guerrero eran los que proponían llegar al acuerdo con la Consejería de Empleo para acceder a estas ayudas. Lanzas y Francisco Guerrero se conocieron durante el ERE de Cárnicas Molinas, una empresa jiennense ya extinta. Lanzas fue secretario de Alimentación de UGT de Andalucía, pero después se dedicó a labores de mediación. La Policía Judicial investiga si Lanzas ha cobrado prejubilaciones en el ERE de Hytemasa, una de las compañías investigada por la juez.

En todas las ayudas concedidas a ex trabajadores con prejubilaciones intervenía una agencia que se encargaba de valorar las futuras pensiones en función de los sueldos, realizar los cáculos y, después, buscar una oferta entre varias aseguradoras para sacar el máximo rendimiento. Esta aseguradora es, finalmente, quien paga al ex trabajador hasta cumplir los 65 años.

En su declaración ante la Policía, Guerrero dice de Lanzas: "Recuerdo que la prensa me preguntó si yo era amigo de Lanzas y yo digo que después de nueve años, sé es amigo de alguien o sé es enemigo..." Posteriormente, elogia sus labores negociadoras.

Por su parte, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, quebró ayer el hermetismo que ha mantenido durante todo este tiempo acerca del asunto y aseguró con rotundidad que la Junta "ha ido colaborando en todo lo que pedía la instrucción de la causa de Mercasevilla, pero también en lo que no solicitaba y nosotros considerábamos que podía ser una actuación irregular". En el transcurso de un acto en CabraCabra (Córdoba), Griñán recordó que fue el Ejecutivo autonómico el que inició el procedimiento de Mercasevilla y presentó la denuncia. "Se ha ido más allá de los requerimientos del propio juzgado y hemos aportado todos los elementos que nos parece que podían haber sido irregulares", subrayó el presidente.

En las filas del PP-A, Antonio Sanz, mostró en Jerez de la Frontera (Cádiz) su extrañeza porque en un expediente de regulación de empleo [el de la bodega González Byass] aparezca el nombre de un consejero, refiriéndose al ahora ex consejero de Empleo, Antonio Fernández. También desde el PP-A, su portavoz en el Parlamento, Esperanza Oña, censuró a Griñán por "sacar pecho", cuando lo que tendría que hacer, según su opinión, "es pedir perdón y reconocer su culpa".

Desde IU-CA, su coordinador general, Diego Valderas, hizo hincapié en que "si no hay nada que temer, no hay nada que esconder". El dirigente de la coalición de izquierdas arremetió contra el "rodillo" continuado del PSOE en lo que se refiere al rechazo a la creación de comisiones de investigación, que son de "interés general". Según señaló Valderas, "el Poder Judicial tiene su espacio y el poder político tiene el suyo, siendo el Parlamento "la vía más democrática".