La ciudad y los días
Carlos Colón
Montero, Sánchez y el “vecino” Ábalos
La Comunidad de Madrid ha visto con buenos ojos la iniciativa del presidente andaluz, Juanma Moreno, de contactar con los barones socialistas Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) y Adrián Barbón (Asturias) para promover "una alianza en defensa de la igualdad", y no ha descartado sumarse o promover alguna propuesta en sentido similar.
"Todos los que traten de tener un sistema propio al margen del resto de las comunidades, lo que están haciendo es romper el sistema de las autonomías", ha dicho a los medios este martes la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert, quien ha alegado que solo País Vasco y Navarra pueden tener un cupo, dado que, "con todos sus defectos, están recogidos en la Constitución".
El presidente de la Junta de Andalucía anunció Madrid que contactará con García Page y Barbón para promover "una alianza en defensa de la igualdad", frente al "cupo separatista" catalán y acusó al Gobierno de romper "la multilateralidad" en España en favor de la "bilateralidad".
"Iremos a donde tengamos que ir para evitar que el afán de poder de una sola persona -Sánchez- cambie por la puerta de atrás la Constitución española que votaron en referéndum millones de españoles", avisó Moreno, que llamó a una "alternativa" de gobierno que "es más urgente y más necesaria que nunca" desde la centralidad.
La Comunidad de Madrid está "convencida" de que ninguna autonomía aceptará el modelo de financiación pactado entre el Gobierno y Cataluña, y se ha mostrado partidaria de hacer un frente común contra la "ruptura" de "la España constitucional".
"Esto se trata de España, no se trata de ninguna región y, por supuesto, nos afecta a todas las regiones, independientemente del signo político", ha manifestado la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert.
Así se ha referido al nuevo modelo de financiación "singular" para Cataluña pactado ayer por el Gobierno central y el catalán, que prevé que la administración catalana recaude todos los impuestos y transfiera una parte al Estado, un esquema "generalizable" a otras comunidades cuyos plazos y cifras aún no se han definido.
Albert teme, además, que el Gobierno pretenda subir el tramo estatal del IRPF para compensar la salida de Cataluña del régimen común, lo que sería "una malísima idea".
Ese hipotético aumento del IRPF y "el resto de los impuestos" incrementaría la presión fiscal a los madrileños en 950 euros por persona y año, según los cálculos de la Comunidad.
Añadiendo los casi 500 euros que, según la Comunidad, costaría a cada madrileño la quita de deuda autonómica, "más el dinero que llevamos todos los años perdiendo porque no se nos ha otorgado por el Fondo de Competitividad desde 2009", Madrid afirma que el "cupo separatista" supondrá un coste de 2.000 euros por habitante.
No obstante, y aunque la propia presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, insinuó que Madrid podría tener problemas para pagar nóminas públicas si se consuma el modelo de financiación catalán, la Comunidad no subirá el IRPF. "Que quede bien claro", ha recalcado Albert. "La verdadera vergüenza es que nuestro presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sea el partícipe y el muñidor principal de esta ruptura de España", ha zanjado la consejera.
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