No hay una sola imagen de los encuentros mantenidos entre representantes de la Junta y el Gobierno para conseguir el acuerdo que se firma esta mañana. De hecho, antes de la comparecencia final de Juanma Moreno y Teresa Ribera el pasado 3 de octubre, se celebró un encuentro en San Telmo con los protagonistas de las mismas. Frente a los consejeros de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco; de Agricultura y Agua, Carmen Crespo y de Presidencia Antonio Sanz, se encontraban el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán y el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

El inicio de las conversaciones se produjo esa misma semana. La provincia de Huelva, en concreto la sede de la Federación Onubense de Empresarios, fue el primero de los escenarios para que las partes comenzaran a hilvanar un acuerdo que, por entonces no se veía posible.

De hecho, estuvo a punto de naufragar de manera estrepitosa. Tal y como adelantó este periódico, el Gobierno central presentó hace semanas un documento que fue rechazado de plano por la Junta de Andalucía. En el mismo, apenas se recogían una serie de planteamientos generales, sin concreción alguna.

Era, tal y como aseguraron fuentes conocedoras del mismo, una “colección de proponemos y aspiramos” que resultó inaceptable para el Ejecutivo autonómico quien exigió un compromiso mayor y cifras concretas. Esa es la razón por la que el compromiso final se ha retrasado hasta hoy.

El Acuerdo por Doñana está pendiente de conocer la solución que se da a los propietarios de los terrenos. Sobre esto, hay un mutismo absoluto, en un intento de salvaguardar las críticas al pacto y con el convencimiento de que habrá quienes se opongan al mismo. Se trata de un inconveniente que desde la Junta de Andalucía están dispuestos a aceptar, siempre que no sean generalizados. De hecho, se da por hecho que con los grandes propietarios no habrá problema alguno y únicamente los que tienen parcelas heredadas de sus antepasados, pondrán el grito en el cielo.

“El plan de compra de terrenos es para la reducción de la presión sobre Doñana”, argumentó hace unos días Ribera ante la hipótesis de comprar terrenos a aquéllos agricultores que, en el llamado Plan de la Fresa firmado en el 2014 y que dejó fuera de la legalidad a cientos de hectáreas. En la comparecencia conjunta de 3 de octubre de Moreno y Ribera, la vicepresidenta defendió “intentar encontrar las propuestas que, respetando la legalidad ambiental y las aspiraciones sociales, satisfagan en mayor medida a todos los habitantes”.

Moreno apeló entonces a “buscar una solución a los problemas” y explicar que “somos humildes para entender otros ángulos de visión”, mientras se dispuso en encontrar soluciones a “las familias que están en un limbo”, convencido de que “no hay protección ambiental sin apoyo social. si contentamos a la mayoría significa que habremos conseguido mucho”.

Una ordenación con 25 años de retraso

No es el primer acuerdo que se ha alcanzado en la historia reciente de Doñana. Hay uno que data de 1988 cuando se dio luz verde al Plan Director Territorial de Coordinación del Ámbito de Doñana (PDTC) que ya pretendía armonizar los usos de los terrenos en el entorno de los límites del Parque Nacional.

Este plan fue derogado en 1992 cuando el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves nombró una comisión de experto y se aprobó el primer Plan de Desarrollo Sostenible en toda la comarca de Doñana. En 2003 se aprobó el Plan de Ordenación Territorial de Ámbito de Doñana (POTAD).

Hubo que esperar once años, hasta 2014 para asistir al denominado Plan de la Fresa. La oposición en el Parlamento había argumentado en repetidas ocasiones la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de éste como el marco idóneo para tratar de añadir las hectáreas que se quedaron fuera. Este plan saltó por los aires el año pasado con la proposición de ley y en los últimos meses ha estado a punto de comprometer la propia supervivencia del Parque.

El que a partir de ahora se conoce como Acuerdo por Doñana, tendrá que arbitrar medidas de seguimiento de su cumplimiento. Se trata de uno de los puntos clave para conseguir una estabilidad a unos terrenos amenazados por una actividad agrícola que genera millones de euros al año y miles de puestos de trabajo de los que viven centenares de familias y la actividad de Huelva y el PIB de Andalucía. La garantía de que no se va a producir desfases y nuevas peticiones para que se siga explotando un acuífero que no da más de sí, serán la mayor apuesta que se ha puesto sobre la mesa para la supervivencia del Parque Nacional y, sobre todo, su alejamiento de intereses políticos.