Los municipios andaluces suspenden un año más en la rendición de las cuentas

Ya lo avisó el presidente de la Cámara de Cuentas andaluza en una entrevista publicada el pasado año en este periódico. Fue Manuel Cardenete, días antes de que concluyera el plazo para que las entidades locales remitieran al Tribunal de Cuentas la información debida, quien expresó una inquietud que año tras año sigue sin enmendarse. “Lo que más me preocupa”, dijo entonces Cardenete, “es el incremento en la rendición de cuentas. Tenemos el nivel más bajo de España”.

Las entidades locales están obligadas por mandato legal a enviar al órgano fiscalizador nacional una serie de datos relacionados con su gestión cotidiana. Son los requisitos de trasparencia y buen gobierno propios de las democracias. Hace pocas semanas, el Tribunal de Cuentas publicó el informe del sector público local correspondiente a 2023. Poco después de las declaraciones de Cardenete a este periódico, a finales del pasado año, las entidades locales persistieron en suspender la asignatura de rendición de las cuentas: sólo 307 de las 859 andaluzas, el 36%, habían cumplido con sus obligaciones. La ilegalidad es además recurrente: el cumplimiento de 2022 se quedó en apenas el 31%, aún menor.

Este porcentaje, tal como recoge el informe del Tribunal de Cuentas, supone el más bajo de las comunidades autónomas, por debajo de Murcia (el 47% de las entidades locales son cumplidoras) y de Castilla-La Mancha (50%). No queda ahí la llamada de atención. El análisis del organismo fiscalizador nacional incluye un apartado para destacar el discreto nivel de cumplimiento de una notable porción de administraciones locales andaluzas. En concreto, a la fecha del 31 de diciembre de 2024, no habían rendido la cuenta general el 76% de los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, el 68% de los de Sevilla, el 67% de Granada y el 66% de Málaga.

Hay datos más preocupantes: el escaso grado de transparencia de las diputaciones provinciales de Cádiz, Málaga y Granada. “Estos incumplimientos son especialmente relevantes”, señala el informe, ya que “estas entidades disponen de medios suficientes no sólo para atender sus obligaciones sino que también son responsables de asistir en la rendición de cuentas a las entidades de menor tamaño, por lo que deberían ser especialmente rigurosas en el cumplimiento de su obligación”.

Andalucía tiene por tanto un problema, uno particularmente grave en materia de buen gobierno. Y no sólo es la percepción que tienen los andaluces acerca de sus administraciones sino que son las instituciones fiscalizadoras, la Cámara de Cuentas andaluza o el Tribunal de Cuentas estatal, las que ponen de manifiesto el déficit democrático que se produce en los organismos ejecutivos, esos mismos que están obligados como ninguno a cumplir la normativa al igual que deben hacerla cumplir.

En comparación con los países de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, España ha destacado por haberse quedado rezagada en disponer de una legislación específica de transparencia. De unos años a esta parte, sin embargo, la situación es la contraria, llegando a una “inflación legislativa”. La norma estatal, defienden los especialistas en la materia, se solapa con las autonómicas, provocando una maraña dable a confundir a los administradores locales, que se enfrenta a “un régimen sancionador de compleja aplicación práctica”, indica el investigador de la Universidad de Oviedo Roberto Fernández Llera en un artículo sobre buen gobierno local y rendición de cuentas.

De la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que reconoció que “la Sociedad tiene derecho a pedir a todos sus Agentes públicos cuentas de su administración”, al artículo 6 de la Constitución Española de 1812, cuando en su literalidad se obligaba a los ciudadanos españoles al “amor de la patria” y a “ser justos y benéficos”, la rendición de cuentas de las administraciones públicas es central en las sociedades democráticas. Sin embargo, son ésas cuestiones a las que las administraciones locales en Andalucía prestan una atención limitada.

Los flagrantes casos de cinco capitales

Por la sencilla razón de los recursos a su disposición, son los municipios más poblados los que más fácil lo tienen para tener en plantilla a empleados específicos que hagan cumplir las exigencias administrativas de la transparencia. Sin embargo, pese a lo anterior, el Tribunal de Cuentas ha destacado en el informe correspondiente a 2023 los incumplimientos de las entidades locales de mayor envergadura, cuya falta de gestión está menos justificada. Es el caso del Ayuntamiento de Sevilla, que no había rendido la cuenta general de 2023 en el plazo legal establecido, así como el de Cádiz, Córdoba, Jaén, Jerez de la Frontera, Marbella, Huelva y Roquetas de Mar.