Nuevo fracaso en el reparto de los niños migrantes que se hacinan en Canarias

Los casi cinco mil menores migrantes que se hacinan en las Islas Canarias, (4.500 según el Gobierno y 5.600 según la comunidad autónoma canaria) tendrán que seguir esperando su traslado a la península donde puedan ser mejor atendidos. El Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego había citado este viernes a las comunidades autónomas pero el encuentro se ha cerrado sin acuerdo.

O, para ser más precisos, con el único acuerdo de que habrá una nueva Conferencia Sectorial en el mes de julio en el que se decidirá definitivamente el reparto de estos niños. El Consejo de Ministros previsto para el 15 de julio aprobará definitivamente los últimos cambios legales para que esto sea posible. Unos cambios que pasan por poner escolta policial a los menores migrantes en los traslados para garantizar su seguridad pero, sobre todo, para que si una comunidad autónoma no colabora, los agentes puedan informar a la Fiscalía de Menores de que no se está cumpliendo con el artículo 35 de la Ley de Extranjería, con lo que el poder judicial tendría que tomar medidas.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobará otro decreto en el que se declarará la «contingencia migratoria extraordinaria» por la cual se activa la distribución de los niños y niñas en centros de acogida peninsulares.

En la reunión de este viernes, el ministerio ha presentado a las comunidades un decreto que, a su vez, desarrolla el real decreto en el que se establecen los criterios de distribución de estos niños por territorios y que está recurrido ante el Tribunal Constitucional por varias autonomías entre ellas la de Andalucía. Entienden las comunidades del PP, y Castilla La Mancha que esos criterios invaden competencias autonómicas en la tutela de los menores. Un galimatías burocrático con el resultado de que no se ha producido ningún avance.

La postura de Andalucía

En el caso de Andalucía, el Consejo de Gobierno acordó el pasado 11 de junio autorizar al Gabinete Jurídico para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley al considerar que afecta a derechos fundamentales de los menores y vulnera los principios constitucionales de autonomía, solidaridad y suficiencia financiera.

La secretaria general de Familias de la Junta, Concha Cardesa ha tachado de “inadmisible e imprudente” que el Gobierno de España continúe con el desarrollo reglamentario de una norma ante la que casi el 65% de las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, han preparado un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Para Cardesa, este intento de aprobar un nuevo real decreto que desarrolla el traslado de los menores migrantes es una muestra de la “falta de lealtad y diálogo” del Gobierno de Pedro Sánchez con las comunidades autónomas, y ha lamentado que el presidente del Gobierno “siga utilizando a los menores migrantes como moneda de cambio para mantenerse en el poder”.

Además, ha vuelto a reclamar que el Ejecutivo central reconozca a Andalucía como Frontera Sur, un reconocimiento que “niega a Andalucía mientras se otorga a comunidades del norte de España”, lo que supone “una tomadura de pelo para el territorio andaluz”.

En este escenario, la principal novedad es el traslado de los 827 niños que habían solicitado asilo en España y sobre los que el Tribunal Supremo había apremiado en varias ocasiones al Gobierno de España. De momento, se van a trasladar a Gran Canarias en esas condiciones de asilo.