El plan de VPO de la Junta cae en picado a seis meses de su fin

Las circunstancias económicas no son las de finales de 2007, cuando la Junta de Andalucía ideó un ambicioso plan de vivienda en el que proyectó la construcción de 100.000 VPO a finales de 2012. A poco más de seis meses de que concluya el plan concertado de vivienda y suelo, las expectativas están muy lejos de alcanzar esos objetivos. De las 97.200 VPO para venta previstas, se ha logrado sólo la calificación de 41.271, el 42,4%.

La tendencia no augura mejores noticias para lo que resta de vigencia al plan. Pronto se contabilizarán los resultados del primer semestre de 2012, que prometen ser todavía más decepcionantes que los de 2011, a los que ha tenido acceso esta redacción.

El año pasado se acometió la construcción de 3.476 VPO, el registro más bajo anotado en las estadísticas de la Junta y casi la mitad que en 2010, cuando comenzó a caer el mercado de la vivienda protegida, que tardó un poco más que la vivienda libre. En las últimas tres décadas, nunca se habían iniciado menos de 10.000 VPO en un año.

Baste subrayar que la promoción más importante de vivienda pública en 2011 comenzó en Punta Umbría, un municipio costero de la provincia de Huelva de 15.000 habitantes. Fueron 476 viviendas. Capitales como Sevilla iniciaron 237 VPO, Almería 275, Córdoba 194, Málaga 90, Jaén 41, Granada cuatro, Cádiz y la capital onubense, dos cada una.

Por provincias, Almería inició la construcción de 283 VPO, Cádiz 771 (Algeciras 90 y Jerez 104) Córdoba 461, Granada 70, Huelva 840, Jaén 280, Málaga 173 y Sevilla 598.

La Junta se ha resistido a enterrar un planeamiento de vivienda protegida que todos dieron por muerto a partir de 2010 por los problemas de financiación.

Las entidades financieras que se comprometieron a aportar hasta 19.000 millones en cinco años hace tiempo que abandonaron el proyecto y las reuniones impulsadas por la Junta para instarles a que abrieran el grifo crediticio nunca fueron exitosas.

La alternativa del problema de financiación sería en principio la promoción de viviendas en alquiler. Esta opción tiene la reticencia de las constructoras, que no pueden recuperar de inmediato la inversión realizada mediante el traspaso de la hipoteca al comprador. Así la mayoría de las ayudas catalogadas por la Junta para el alquiler han consistido en subvenciones al alojamiento o rentas para los jóvenes. La Junta anota más de 10.000 actuaciones el año pasado, justo cuando comenzó la retirada de las ayudas del fomento al alquiler, que otorgaba 6.000 euros a los propietarios que pusieran sus viviendas a disposición de las agencias concertadas.

Junto al alquiler, la rehabilitación se ha erigido en el pilar favorito de la maltrecha inversión de la Junta en vivienda. Sin embargo, las actuaciones también estuvieron el año pasado por debajo de lo deseado (7.035, el 26% de lo previsto), si bien el cómputo global de actuaciones en rehabilitación desde 2008 roza ya el cumplimiento global del plan gracias a los primeros ejercicios .

El último de los ejes en los que la Junta vertebra su política de vivienda es la obtención de suelo por parte de los ayuntamientos para destinarlos a la construcción de VPO.

Tampoco se han cumplido las expectativas. Esa traba impidió el éxito de los planes anteriores de vivienda pero a comienzos de 2008 estaba comenzando a dar resultados tras introducir la Junta cambios legislativos como la obligación de reservar el 30% de los nuevos suelos a VPO. Una vez preparado el suelo, vendrían las viviendas pero, de súbito, estalló la crisis y se cerró la financiación.

No es casualidad que, a tenor de esta nueva realidad, el equipo que ha desembarcado en la Junta de Andalucía para gestionar las políticas de Fomento y Vivienda, liderado por la consejera Elena Cortés (IU), invite a olvidar todos estos parámetros: no hay dinero para obra nueva.

"Tenemos que hacer un reset. No vamos a partir de cero, porque analizaremos la información que arrojan estos resultados, pero sí en la mentalidad. El perfil de demandante ha cambiado y hay que empezar a pensar cómo intervenir en el mercado inmobiliario para que la vivienda pase de ser un bien con el que especular a un bien de primera necesidad", avanza Amanda Meyer, nueva secretaria general de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura.

Finalizada la era de las urbanizaciones, los esfuerzos se centrarán en potenciar el alquiler y en buscar una salida a las casas vacías. Meyer es consciente de la polémica propuesta de la coalición de que se dé uso a las viviendas que no estén ocupadas, que pueden pertenecer a entidades financieras, pero también pueden ser residencias de particulares. "La propiedad privada de una vivienda no puede estar por encima del interés general", manifiesta Meyer, consciente de la contundente declaración de intenciones.

Los dirigentes de IU conocen que será una legislatura sin apenas recursos económicos para dar respuesta a la necesidad de vivienda de la población andaluza y por esta razón proponen fórmulas "imaginativas y atractivas" que se concretarán en el próximo plan concertado 2013-2017, que no llega hoy a esbozo. Se incentivará la participación de numerosos agentes sociales y asociaciones.

"Ha habido una acumulación de vivienda que la gente no ha utilizado para vivir y sí para sacar dinero. Debemos intervenir más en la realidad y cambiar el modelo para pensar en la mayoría y no en la minoría", concluye Meyer.