La Cámara de Cuentas ha entrado en ebullición, el órgano fiscalizador de las administraciones andaluzas, ajeno a las batallas partidistas hasta ahora, se encuentra en una situación de parálisis y de crispación nunca vista desde su constitución. El presidente de la Cámara, Antonio López, ha enviado una comunicación al secretario general, Manuel Aguilar, el hombre de Elías Bendodo en la institución, en la que le recrimina que no haya notificado hasta 22 actuaciones fiscalizadoras acordadas por el pleno y cuya demora puede provocar daños jurídicos y económicos.

Los consejeros elegidos a petición de PP, Ciudadanos y Vox han dejado de asistir a los plenos de la Cámara para forzar la salida del presidente, que fue propuesto en su día por el PSOE, pero cuyo mandato actual fue ratificado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en septiembre de 2019. Como medida de presión, estos consejeros de los partidos del Gobierno andaluz han dejado de asistir a los plenos, y buscan que se convoque una reunión para elegir a un vicepresidente. Pero Antonio López ha encontrado en el secretario general las deficiencias de un nombramiento político que no se sostiene para este desempeño.

En una de estas misivas, López le afea que haya tanto sin notificar que pueda provocarse un silencio positivo sobre algunas actuaciones fiscales de la Cámara. Y eso provocaría, según López, daños jurídicos y económicos. Se tratan de acuerdos tomados en el pleno del 18 de noviembre pasado que no han sido cursados, y de cuya demora se ha avisado los días 3, 10 y 28 de diciembre, además de la última carta, que es esta semana.

Los consejeros de la Cámara de Cuentas se eligen en el Parlamento por una mayoría reforzada, que necesita del acuerdo del PP y del PSOE, pero el secretario general, que es un alto cargo, se designa por un acuerdo tácito entre la institución y el Gobierno andaluz. El nombrado fue Manuel Aguilar, ex alcalde del PP en Estepona, abogado de profesión, aunque no es funcionario, lo que arroja cierta incertidumbre sobre las órdenes que debe adoptar.

Aguilar debía ser quien redactase el informe sobre la finalización del mandato de Antonio López, que es lo que defiende el PP, Ciudadanos y Vox, pero lo cierto es que nadie se atreve a elaborar una conclusión en este sentido. Mientras tanto, Antonio López ha escrito otra carta a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, en la que le anuncia que no convocará un pleno para que se elija al vicepresidente de la institución. López argumenta que si su cargo está en duda, también las hay sobre la elección del segundo.

El nombramiento de Manuel Aguilar ya fue polémica en 2019, por cuanto este abogado no es funcionario y hay dudas sobre si puede dar fe pública de determinados asuntos. Pero el responsable de Transparencia en la Cámara de Cuentas le ha solicitado que aclare la naturaleza de varios cargos que ostenta por si pudieran ser incompatibles con su puesto de secretario. 

Según ha sabido este medio, la intervención ha solicitado a Aguilar que le aclare estos asuntos, porque tomó posesión en junio de 2019 y a finales de años aún no lo había solventado. En concreto, han surgido dudas porque figura como presidente de una sociedad cooperativa agraria y de la plaza de Toros de Estepona, y en su declaración a Hacienda figuran unos rendimientos de actividades agrarias. El secretario de la Cámara está afectado por la misma exclusividad que se le exige a los altos cargos de la Junta. También tiene que hacer una declaración de bienes e intereses, así como presentar la autoliquidación que hace a Hacienda. En la declaración de intereses que ha entregado, y que es pública en la página de la Cámara, no figura su relación con el sector agrario.

La incompatibilidad afecta a cualquier actividad pública o privada, pero siempre hay una opción de declararla y solicitar al Parlamento andaluz que lo permita.