La Junta defiende que el 93% de los títulos en Andalucía son del sistema público frente al 71% de España

En el panorama educativo superior de España, Andalucía se ha convertido en el epicentro de una batalla institucional sin precedentes. Los rectores de las universidades públicas andaluzas han alzado su voz de manera contundente contra la administración de Juanma Moreno, denunciando lo que consideran una clara estrategia de privatización del sistema universitario. El conflicto ha estallado tras conocerse la inminente autorización de 34 nuevos títulos académicos para universidades privadas como la Tecnológica Atlántico-Mediterráneo, CEU Fernando III y Loyola Andalucía.

Esta confrontación no representa un simple desacuerdo administrativo, sino una profunda crisis del modelo educativo andaluz que podría tener consecuencias duraderas para el futuro académico de la región. Los rectores públicos señalan que la situación actual evidencia un trato desigual y perjudicial que amenaza la sostenibilidad de las instituciones públicas, sometidas a lo que califican como una "creciente asfixia" por parte del ejecutivo autonómico.

Las universidades públicas han documentado varios casos que, según su criterio, demuestran un favoritismo institucional hacia el sector privado. Uno de los ejemplos más llamativos es el rechazo del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte propuesto por la Universidad de Córdoba, argumentando "baja empleabilidad específica", mientras que ese mismo título fue aprobado para la Universidad CEU Fernando III.

Agravios comparativos que generan indignación institucional

El caso del Grado en Ingeniería Biomédica ha provocado especial indignación en la comunidad universitaria pública. Las universidades de Granada y Jaén, centros con larga trayectoria en ciencias de la salud, recibieron una verificación desfavorable para impartir esta titulación. Paradójicamente, este mismo grado fue concedido a la Universidad Loyola Andalucía, una institución privada con escasa experiencia en el ámbito sanitario.

Los rectores han expresado su perplejidad ante esta decisión: "No deja de ser paradigmático que los primeros egresados andaluces en esta disciplina, con una altísima demanda, lo vayan a ser por una universidad privada", señalan en su comunicado conjunto. Esta situación ha generado un clima de desconfianza hacia los criterios de evaluación aplicados por la administración autonómica.

La respuesta de la Junta

El 93% de los títulos que oferta el sistema universitario andaluz lo ofrecen universidades públicas. De esta forma, de los 1.426 títulos que las universidades andaluzas ofertan, 1.325 pertenecen a universidades públicas frente a los 101 ofertados por las privadas. Estos datos contrastan con lo que sucede a nivel nacional, ya que en el resto del país las universidades públicas ofertan el 71% de las titulaciones, según datos del Ministerio de Ciencia, lo que sitúa a Andalucía 22 puntos por encima de la mesa de España a favor de la enseñanza pública universitaria.

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación "rechaza con estos datos las críticas -expresadas por los rectores de la pública- acerca de que exista una privatización del sistema universitario andaluz", al tiempo que ha recordado que hay alrededor de 10.000 estudiantes andaluces cursando sus estudios en universidades privadas fuera de Andalucía.

Los datos resultan -en palabras de la Administración- "especialmente llamativos" en lo que se refiere a los másteres, ya que de los 767 que oferta el sistema universitario andaluz, 734 corresponden a las públicas y tan solo 33 a las privadas, lo que eleva el porcentaje de las públicas al 95,7% frente al 4,3% de las universidades privadas; es decir, una diferencia superior a los 91 puntos en favor de las primeras.

En este sentido, Andalucía experimenta "exactamente la situación contraria" a lo que se viene produciendo en el resto del país, ya que en España hay más estudiantes matriculados en títulos de máster en las universidades privadas que en las públicas. También en la cuantificación de los grados existe una diferencia considerable a favor de las instituciones académicas públicas. De los 659 que oferta el sistema andaluz, 591 son de la pública (89,6%) frente a los 68 de las privadas (10,4%).

Frente a las críticas de los rectores andaluces contra la autorización de 34 títulos a tres universidades privadas, el secretario general de Universidades, Ramón Herrera, ha recordado que el Consejo Andaluz de Universidades ha informado favorablemente la aprobación de esas titulaciones con el único voto en contra del rector de Jaén. También ha explicado que las universidades públicas "han olvidado decir que esa cifra de nuevas titulaciones se debe a que entra en funcionamiento una nueva universidad y la ley le exige un mínimo de 22 títulos que se llevan todos de forma simultánea".

Herrera también ha reaccionado a las quejas de los rectores que califican de "asfixia económica" para el sistema público la implantación de nuevas universidades, a pesar de que las universidades públicas "recibirán este año la mayor financiación de toda su historia con más de 1.750 millones de euros", un 33% más que en 2018. El secretario general de Universidades también ha salido al paso de las afirmaciones vertidas por la Asociación de Universidades Públicas (AUPA) cuando asegura que se rechazó en la programación un grado para la Universidad de Córdoba en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (los títulos fueron aprobados por unanimidad por las universidades y la Consejería con los criterios establecidos en 2023), pero que se incluyó en el mapa para la Fernando III. Herrera ha rechazado de plano esta afirmación, ya que la entidad privada incluyó en su solicitud de creación de universidad en 2019 esa titulación, que fue informada favorablemente por el Gobierno central. En cualquier caso, ha matizado, el Gobierno andaluz "no ha incluido en su programación académica ese grado para ninguna universidad privada", para añadir que los tres nuevos títulos relacionados con el deporte aprobados lo han sido para universidades públicas.

Falta de transparencia en los procesos de verificación

Otro aspecto que ha intensificado la controversia es la aparente opacidad informativa. Mientras los resultados de las verificaciones de títulos para universidades públicas se han hecho públicos con detalle, existe un notable silencio sobre las estadísticas equivalentes para los centros privados. Esta asimetría informativa ha sido calificada por los rectores como "ocultación deliberada de información" relevante para la sociedad andaluza.

El funcionamiento de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) también está en el punto de mira. Los rectores denuncian su "deficiente funcionamiento", agravado por la ausencia de dirección, lo que ha provocado situaciones administrativas sin precedentes como la preinscripción de casi 800 estudiantes en títulos que posteriormente han sido denegados durante la primera adjudicación de plazas.

La Junta ha señalado que la decisión de incluir los títulos pendientes de verificación en la preinscripción de alumnos fue a petición de las propias universidades públicas y que así se aprobó formalmente en la reunión previa que se celebró en el Distrito Único Andaluz. De esta forma, ha rechazado las críticas de los rectores acerca del funcionamiento de la Agencia de Calidad Científica de Andalucía (ACCUA) relativas a la dilación en la evaluación de las verificaciones.

Un modelo educativo en disputa

El trasfondo de esta confrontación revela un debate más profundo sobre el modelo educativo que se está configurando en Andalucía. Los representantes de las universidades públicas advierten que el rumbo actual conduce hacia una sociedad donde el sistema universitario, en lugar de garantizar la igualdad de oportunidades, podría "perpetuar y acrecentar las desigualdades sociales".

Esta polémica se produce en un contexto donde la financiación de las universidades públicas andaluzas ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de la comunidad educativa. Los rectores han manifestado en diversas ocasiones que la inversión actual resulta insuficiente para mantener los estándares de calidad necesarios, mientras perciben que se facilitan condiciones favorables para la expansión del sector privado.

Desde las universidades públicas se ha hecho un llamamiento a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación para trabajar conjuntamente en la resolución de los problemas estructurales que afectan tanto a ACCUA como al Distrito Único Andaluz. Una petición que, según afirman, viene siendo reclamada desde hace tiempo por las comunidades universitarias y la sociedad andaluza en su conjunto.