El nuevo Gobierno andaluz, nacido del acuerdo entre el PP y Ciudadanos con el respaldo de Vox, presidido por el popular Juanma Moreno, tendrá en la educación uno de sus grandes de retos. Desde la oposición, el PP ha vertido contra el modelo aplicado por los diversos gobiernos socialistas en la Junta a lo largo de sus casi cuarenta años de hegemonía muchas críticas y casi ningún elogio: ha arremetido contra la calidad de la enseñanza, ha censurado el “adoctrinamiento” en las aulas, ha denuncia la “agresión” al derecho de los padres a elegir el colegio para sus hijos y ha puesto puesto el foco sobre las que considera cada vez más numerosas deficiencias en las infraestructuras de los centros.

Con todo, se faltaría a la verdad –y bastante– si no se reconociera que desde el traspaso de las competencias en materia de educación, en todas estas décadas de autonomía se ha avanzado. Y mucho. Especialmente en el empeño de que ningún menor se quede al margen del sistema educativo. Con independencia de su origen y circunstancias. En igualdad. Pero este progreso no ha resultado suficiente en los resultados. Se continúa en el vagón de cola. La excelencia –que la hay y bastante– no ha sido un objetivo contundente en estas casi cuatro décadas de autonomía.

Quizá ésa sea esta una de las principales asignaturas pendientes de la consejería que se ha puesto en manos de Javier Imbroda (Ciudadanos). La restitución de la autoridad docente, el aumento de la plantilla de profesores, la ampliación de la oferta de FP y la mejora de las instalaciones son algunos de los objetivos a los que el Ejecutivo autonómico ha de aspirar los próximos años y que a continuación se detallan:

Mejora de los resultados

La educación andaluza avanza, pero no lo suficiente. Sigue bastante rezagada. Cierto es que el punto de partido era muy bajo. Ínfimo. Una gran desventaja respecto a otras comunidades, de ahí que las críticas (y hasta mofas) que se lanzan desde la meseta castellana se consideren injustas. Pero también es verdad que la velocidad de progreso ha sido muy lenta. La mejoría no ha sido suficiente después de casi 40 años para abandonar el vagón de cola de la educación europea.

Los distintos informes internacionales que elaboran comités de expertos con cierta periodicidad así lo avalan. Ahí está el ejemplo del PISA, que en 2016 (los datos más recientes) confirmaba el letargo andaluz en competencias educativas, especialmente en destreza matemática y ciencias. Las pruebas realizadas, además, acentuaban la brecha entre el Norte y el Sur, una distancia que no se ha logrado detener. Hace dos años la Junta, gobernada por el PSOE, achacaba los malos resultados a la polémica Lomce (la reforma educativa puesta en marcha por el Ejecutivo de Rajoy), pese a que la ley no había afectado todavía a los alumnos de 15 años que se sometieron a esas pruebas.

Muchos expertos y pedagogos han alertado durante este tiempo de que el principal problema que ha originado este letargo es la falta de apuesta por la excelencia. “Se intenta igualar por debajo, por el mínimo, para que ningún niño se sienta excluido”, advierte un inspector con bastantes años de trabajo en una de las delegaciones territoriales de la Consejería de Educación.

El último informe PISA aumentó la brecha educativa entre el norte y el sur de España

Sirva de ejemplo de hasta dónde ha llegado dicho directriz en la confesión que hace a este periódico un profesor: “El programa de gratuidad de libros de texto impide que se encargue a los alumnos otro tipo de material, como libros de lectura. Todo lo que exceda del cheque libro está prohibido, pues se considera que provocaría desigualdad entre las familias que pueden comprarlo y las que no. El menor que quiera seguir aprendiendo fuera del colegio se buscará lo medios para hacerlo, pero esta directriz es una forma de limitar la curiosidad y la aspiración a la excelencia, cuando lo que se debe hacer en las aulas es incentivarla”.

Un caso relacionado con este asunto es el que ha padecido los últimos cursos el IES Martínez Montañés, en Sevilla. Se trata del único instituto público de Andalucía que imparte el Bachillerato Internacional (BI). A este programa de reconocimiento mundial acuden los alumnos con mejor expediente. Desde que se implantó en 1989 nunca más ningún otro centro de enseñanzas medias lo ha acogido, pese a la promesa que hizo la Junta en su momento de que cada provincia contaría con un instituto que lo ofertara. Debido a los recortes que se implantaron en plena crisis, el BI ha estado a punto de extinguirse. A última hora, la consejería que ha estado hasta hace pocos días en manos de Sonia Gaya rectificó y aumentó la partida presupuestaria para este programa de excelencia. Costó lo suyo.

Autoridad docente

No es un problema exclusivo de Andalucía, sino de todo el panorama nacional. Las distintas leyes educativas que se han aplicado han situado a un mismo nivel al profesor y al alumno, lo que le ha restado autoridad en el aula. Una merma que se ha trasladado fuera del colegio, donde las familias también han puesto en duda el papel que ha de desempeñar el docente en la formación de las futuras generaciones.

El nuevo presidente andaluz, Juanma Moreno, prometió en su primer discurso de investidura que éste sería uno de los objetivos a conseguir en la presente legislatura. Tarea nada fácil, pues dicha autoridad -según los sindicatos de enseñanza- se ha visto cuestionada por la propia administración.

Una profesora imparte clases en el IES Velázquez, de Sevilla.

Aumento de plantilla

Es uno de los lastres que el sistema educativo viene arrastrando desde la crisis. Los recortes aplicados en la contratación de personal han afectado, especialmente, al personal de apoyo, imprescindible para lograr una enseñanza especializada, centrada en el alumno y que atienda a las necesidades de cada estudiante, requisito para la calidad de dicho servicio.

En un lustro se ha asistido a la disminución de la plantilla docente, debido a la tasa de reposición cero, y a unas oposiciones pírricas que no retomaron una cifra importante de plazas convocadas hasta el pasado junio. Este curso se han reforzado las clases de Primaria con 500 maestros. Esta cantidad, sin embargo, se considera insuficiente por parte de las centrales sindicales que, como ANPE, reclaman que este año se convoquen pruebas con un mayor número de puestos, que servirían para solucionar, en parte, el déficit en Secundaria.

Bilingüismo

Durante años ha sido el programa estrella de la Junta en materia educativa. Pero su avance se ve condicionado por la lentitud. Desde que se puso en marcha, por ejemplo, en la provincia de Sevilla no se ha llegado a implantar ni en la mitad de los centros. El principal hándicap con el que se encuentra este plan para que llegue a un mayor número de colegios e institutos es el nivel en idiomas extranjeros (principalmente el inglés) de los docentes. Para paliar este déficit, los últimos años se han creado bolsas específicas en diversas lenguas y se ha exigido el B2 para ocupar una plaza en la enseñanza pública. La intención era que este requisito llegara, a medio plazo, al C1.

La Junta ha defendido que el programa bilingüe se incluye en el Plan Estratégico para el Desarrollo de las Lenguas en Andalucía Horizonte 2020, que supone también la expansión gradual del aprendizaje de dos lenguas extranjeras.

Mayor oferta en la FP

El auge de esta modalidad educativa no viene acompañado de un mayor incremento de la oferta. Los últimos cursos numerosos alumnos han visto frustradas sus aspiraciones al no poder acceder al módulo solicitado. La Junta ofertó para el presente curso 120.895 plazas en ciclos formativos. Según la entonces consejera de Educación, Sonia Gaya, las especialidades con menos demanda laboral se sustituyeron por otros con mayor grado de inserción laboral según las zonas.

Un ciclo formativo de Informática.

Aún está por saberse los efectos que el nuevo decreto del Gobierno central tendrá en estas enseñanzas, al exigirse a las empresas que acogen las prácticas de los alumnos que abonen a la Seguridad Social dicha actividad.

Bachillerato a la carta

La nueva ley de enseñanza -la número 12 de la democracia- que tramita el Gobierno tendrá bastante repercusión en Andalucía, como ya ocurrió con la anterior y polémica reforma de Wert. Entre las novedades que incluye, una de las de mayor incidencia concierne al diseño del Bachillerato, ya que la normativa contempla la posibilidad de que esta enseñanza preuniversitaria se configure según los intereses y capacidades del alumno. Se puede hacer en tres años (al matricularse sólo de las asignaturas suspendidas) y obtenerse la titulación con una materia sin aprobar (como ya ocurre en la ESO). Es un sistema similar al que se ofrece en la enseñanza superior.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez intenta detener la bajada de matriculaciones en esta etapa posobligatoria y evitar el abandono escolar, pero los expertos y directores de instituto insisten en que las novedades pueden generar una “devaluación” de la educación.

Una vez se apruebe la ley, habrá de contar con una orden autonómica para desarrollarla. Ahí es donde la Junta podrá introducir ciertos aspectos -como ya hizo con la Lomce- para ajustarla a los intereses del nuevo Gobierno regional.

Enseñanza concertada

En este apartado se atisba una confrontación política entre las administraciones. El Ministerio de Educación ha eliminado en la nueva ley de enseñanza el término “demanda social”, lo que tiene una contundente repercusión a la hora de diseñar la oferta de plazas educativas, especialmente las concertadas. Esta directriz se opone frontalmente a las intenciones anunciadas ya por el Ejecutivo de Juanma Moreno que ha llegado a prometer el Bachillerato concertado, la única etapa que, por ahora, no se incluía en los acuerdos entre entidades privadas de enseñanza y la administración pública.

Clase del Colegio Altair, un centro diferenciado donde sólo estudian niños.

Especial mención requiere aquí la educación diferenciada. Los anteriores consejeros no han tenido más remedio que doblegar ante la Justicia, que se ha amparado en la llamada Ley Wert para concertar este tipo de enseñanza que segrega a los alumnos y alumnas por aula, pese a todos los intentos por dejarla fuera del sistema público. La nueva normativa estatal se muestra claramente en contra de estos colegios, a los que el nuevo Gobierno andaluz defiende. Un debate que, todo hace prever, continuará los próximos cuatro años.

Guarderías gratuitas

Es otra de las promesas del nuevo presidente andaluz, con el ánimo de ayudar a conciliar la vida laboral y familiar. Sin embargo, esta etapa voluntaria de los cero a los tres años tiene otros problemas que urge solucionar. El principal es la necesidad de adaptar la oferta a la demanda. Los años de aumento de la natalidad -hace una década- se apostó por las escuelas de convenio para atender el elevado número de solicitudes. La situación ha cambiado mucho. La dura crisis trajo una reducción de los nacimientos. Las guarderías empezaron a quedarse vacías. Y lo que es peor, hay barrios donde sobran plazas y otros en los que falta. Hace falta un buen reajuste. El anterior Gobierno andaluz ya anunció una limitación de apertura de escuelas según los puestos vacantes de cursos anteriores. 

Las eternas 'caracolas'

Ha sido el tema recurrente del PP durante el largo periodo vivido en la oposición. Ha convertido el número de aulas prefabricadas en un arma de batalla contra los socialistas. Sin embargo, este tipo de instalación ha permitido aumentar el número de unidades y hasta crear nuevos centros educativos con unas buenas condiciones de confort mientras se construyen los edificios. No se ha constatado, por ahora, que estudiar en una caracola provoque secuelas en el alumnado.