Por desgracia, la educación se ha convertido en moneda de cambio de la política española. Cada vez que a Moncloa llega un nuevo presidente se elabora una ley de enseñanza. Una modificación que no tendría mayor problema si ésta antepusiera el consenso de los profesionales y dejara de lado los posicionamientos políticos. Sin embargo, las cuatro décadas de democracia española han demostrado lo contrario. El sesgo ideológico es la base de una normativa que se altera con demasiada frecuencia, lo que, además de provocar gran inestabilidad en colegios e institutos, en rara ocasión -el tiempo así lo ha constatado- logra que los datos educativos mejoren.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez no iba a ser menos. A mediados de otoño anunció una alteración de la polémica Lomce (denominada en su origen Ley Wert) que, en definitiva, supone otra reforma más (la tercera en 12 años). Aunque al darse a conocer su borrador la ministra del ramo, Isabel Celaá, prometió que buscaría el consenso con la comunidad educativa, el procedimiento para su aprobación ya ha comenzado. Entre las numerosas novedades que incluye, la de mayor repercusión y que más polémica ha generado ha sido la que concierne al Bachillerato.

La reforma contempla la posibilidad de cursar esta enseñanza posobligatoria en tres años (al poder matricularse sólo de las materias suspensas) y hasta de obtener la titulación con una asignatura no aprobada. Se trata, en suma, de diseñar la etapa educativa según los intereses y capacidades del alumno, una posibilidad bastante similar a la que se ofrece en las universidades.

Juanma Valero, que realiza las labores de orientador en el IES Antonio Domínguez Ortiz, un instituto público situado en el Polígono Sur de Sevilla, un barrio necesitado de transformación social, recuerda que la posibilidad de titular con una materia cateada ya se contempla en un real decreto aprobado el año pasado -con Rajoy aún en el Gobierno-, según el cual los estudiantes de la ESO pueden acabar esta formación obligatoria con evaluación negativa en dos materias (siempre que no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Matemáticas) y con el visto bueno del equipo docente. Por tanto, la nueva ley amplía esta alternativa a la etapa preuniversitaria.

Clases en el IES Velázquez, en el Casco Antiguo de Sevilla.

El orientador considera que, al tratarse de una enseñanza posobligatoria, “para la consecución del título deberían aprobarse todas las asignaturas”. “Una educación de calidad exige el esfuerzo del profesorado, pero también del propio alumnado”. En este punto coincide con los dos directores de instituto consultados por Diario de Sevilla. Uno de ellos es Juan Roca, director del IES Martínez Montañés, centro de referencia educativa en Andalucía. El otro es Javier Delgado, director del Colegio Altair (de enseñanza diferenciada), situado en Amate, una de las barriadas más deprimidas de la capital andaluza.

Los tres alertan de que la posibilidad de titular con una asignatura suspensa provocaría que un alumno “abandone prematuramente alguna materia”. “No lo veo como una medida que ayude a mejorar el sistema educativo”, refiere Delgado, para quien esta posibilidad sólo fomenta “la cultura del descarte”. “El profesor se encontrará con estudiantes que ya han decidido que esa materia van a suspenderla y no van a trabajarla”, añade. Roca, además, incide en que Andalucía ya cuenta con numerosas vías alternativas para alcanzar la titulación del Bachillerato: la educación de adultos, la enseñanza a distancia o las pruebas libres. El director del Martínez Montañés advierte que este planteamiento supone “reducir las exigencias académicas”. “Éste es el mensaje que se transmite a la sociedad”, afirma.

El alumno que opte a la titulación con una asignatura suspensa ha de contar con el visto bueno de la junta de evaluación, que se encarga de valorar la trayectoria académica del estudiante y las competencias adquiridas. Valero, en este sentido, aboga por que sea “el propio equipo docente asesorado por el departamento de orientación quien valore la obtención del título”. Este especialista señala que la formación en dicha etapa debe ser “tanto en conocimientos como en habilidades”. “Tenemos que desarrollar su madurez personal y social. El alumnado debe saber que el esfuerzo tiene su recompensa. Si damos un título sin formación académica, se devaluará”, añade el orientador del IES Antonio Domínguez Ortiz, quien subraya otro problema: “los agravios comparativos con los que aprueban todas las materias”.

También destaca, como hace Javier Delgado, la necesidad de “prestigiar” más la Formación Profesional. “Las empresas y la sociedad necesitan buenos técnicos”, asevera el director del Altair, mientras que Valero hace hincapié en “dar respuesta al alumnado que tiene necesidad laboral en una zona concreta o presenta unas determinadas preferencias profesionales”. En esta cuestión ha de tenerse en cuenta que ambos expertos trabajan en barrios con alta tasas de paro, en los que la FP se ha convertido en una exitosa herramienta para la inserción laboral.

La junta de evaluación decidirá si el alumno con una materia suspensa puede obtener la titulación en Bachillerato

Más allá de los cambios previstos en el Bachillerato y en otros ámbitos de la enseñanza, lo cierto es que la nueva ley ya está provocando más división que consenso, una situación que pone de relieve Juan Roca en el análisis particular que hace de los constantes cambios educativos: “El debate se cubre con una capa de enfrentamientos partidistas, basados en resultados externos que dan lugar a medidas pensadas para destacar la llegada al poder y que, finalmente, no suponen un cambio real”. Para el director del Martínez Montañés, la normativa debe contemplar “una redefinición más racional” del currículum, la implicación activa de las familias, la “reconsideración” de la formación inicial y permanente de los profesionales y un “cambio metodológico” que responda a los patrones culturales.

Juanma Valero, por su parte, opina que reducir el fracaso y el abandono escolar no consiste tanto en bajar la exigencias académicas como en el aumento de la plantilla docente, la reducción de la ratio de alumnos por clase, la mejora formativa del profesorado, la disminución de la carga burocrática que sufren los profesionales de la enseñanza o la cobertura inmediata de las bajas. Medidas reclamadas desde hace tiempo por la comunidad educativa y que se resumen en “una mayor inversión económica”.