Se venía esperando esta semana la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla sobre la petición de unas nuevas medidas cautelares sobre el paquete de acciones de Farusa, un 31,38% del 51, 34% que posee, cuya legitimidad se dirime en dicho juzgado. Y el cambio de escenario se produjo pasadas las dos de la tarde, cuando se conoció que el juez suspende los derechos políticos de esas acciones que están en litigio, por lo que dicho porcentaje no podría ser utilizado para el gobierno del club. De esa forma, y a la espera de posteriores acontecimientos, Manuel Ruiz de Lopera y Manuel Castaño, si como parece acuden agrupados, tendrían una mayoría accionarial en la Junta General Extraordinaria convocada para el próximo 23 de septiembre, siempre y cuando el resto de accionistas béticos no reúnan un capital mayor.

Y es que el magistrado declinó nombrar un administrador judicial de esas acciones, de modo que el club será gobernado por el resto de los títulos hasta tanto se resuelva el juicio, que está visto para sentencia y que podría conocerse incluso antes de la Junta, así como las hipotéticas apelaciones. De esta manera, el auto no colisiona con el dictado el pasado día 11 por la Audiencia Provincial, que devolvió a Lopera el control del Betis al revocar las medidas cautelares dictaminadas hace cinco años por el juzgado que instruye una causa contra él por presunto delito societario. El juez, además, rebaja el aval que había exigido a las acusaciones para adoptar esta medida, que ahora se queda en 85.000 euros.

El juez considera que hay indicios de que Lopera no depositó en su día el dinero correspondiente a las acciones que supuestamente adquirió, ya que, presuntamente, utilizó un mecanismo para crear un descubierto de un día por 422 millones de pesetas en una cuenta del Betis y se utilizaron pagarés al portador contra la cuenta en descubierto, sin que existieran fondos externos a la entidad.

El magistrado explica que impone los 85.000 euros de caución tomando como base la valoración de las acciones efectuada por la demandada en el contrato de comproventa de julio de 2010, correspondiendo al 31% de las acciones aproximadamente la cantidad de 8.366.508 euros, siendo el 1% la cantidad de 83.665 euros. Además, el juez determina el no señalamiento de caución sustitutoria alguna, como había solicitado la defensa de Lopera.

Así, finalmente, el juez, en la parte dispositiva, señala la "prohibición de disponer de 30.869 acciones del Betis, originariamente suscritas por Farusa, y de otras 6.000 de la sociedad Real Betis Balompié y originariamente suscritas por Manuel Morales Luna y José León Gómez, y actualmente tituladas también por Farusa", a la vez que procede a la "suspensión de los derechos" respecto a esos mismos paquetes de acciones. Para el afianzamiento de las medidas cautelares y previamente a su ejecución, el actor consignará ante el juzgado o depositará en autos un aval bancario por importe de 85.000 euros. Además, el juez solicita que se libren los oficios oportunos ante la entidad Real Betis Balompié y el Consejo Superior de Deportes.

Pese a esta suspensión de los derechos políticos de ese paquete de acciones, Lopera y personas de su confianza, entre ellas Manuel Castaño, aún controlan más de un cuarto de los títulos del club, por lo que sería muy difícil quebrar su mayoría en la junta general extraordinaria de accionistas prevista para el 23 de septiembre. Los diferentes grupos opositores a Lopera manejan en total entre un 15% y un 18% de las acciones del Betis, mientras que casi un tercio de las mismas están en manos de accionistas minoritarios que jamás las han hecho aflorar en las juntas de accionistas.

Otra de las consecuencias de la medida tomada ayer afecta directamente a Bitton Sport, ya que la suspensión de ese paquete de acciones imposibilitaría la presunta venta realizada en su día por parte de Lopera. De esta forma, los intentos de Oliver y los suyos por volver al Betis de forma inmediata quedan paralizados.

Finalmente, contra este auto cabe recurso de apelación de tramitación preferente pero sin efectos suspensivos, salvo respecto al pronunciamiento en relación a la caución sustitutoria, al que no cabe recurso alguno.