El Banco de España calcula que el crecimiento económico se situará en torno al 2% en 2023, por encima del 1,6% que preveía en marzo y más cerca del 2,1% que mantiene el Gobierno, debido a que la actividad se ha mostrado "más resistente" y a las señales "de un renovado dinamismo" en los primeros meses del año.

Esta es una de las conclusiones del informe anual de la entidad, publicado este miércoles, en el que se detalla que en ese avance esperado del PIB contribuyen factores como la moderación de la inflación, la desaparición de las disrupciones en las cadenas productivas globales y el despliegue de los fondos europeos.

La reapertura de la economía, las medidas de apoyo desplegadas por las autoridades, el dinamismo del mercado de trabajo y el buen comportamiento del sector exterior son otros de los elementos en los que se ha apoyado la resistencia de la actividad económica, según ha explicado el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán.

Ha añadido que el PIB español prácticamente ha recuperado su nivel prepandemia en "términos cualitativos", ya que se sitúa tan solo 0,2 puntos porcentuales por debajo, aunque ha reconocido que el consumo privado y la inversión "todavía permanecen por debajo de sus niveles" de 2019.

Por ramas, "la agricultura y los servicios ya han recuperado la actividad previa, al contrario que la industria y la construcción"; mientras que las previsiones de evolución de la actividad en el horizonte 2023-2025 anticipan un cierre gradual de la brecha existente tras la pandemia entre el PIB español y el del área del euro.

El Banco de España insiste en su informe en la "elevada y persistente" incertidumbre en la que se elaboran estas previsiones y apunta a riesgos como "la posibilidad de que se produzcan nuevos episodios de inestabilidad geopolítica global" o "nuevas alzas de los precios de la energía".

Otro de los riesgos está en las posibles tensiones financieras que puedan derivarse del endurecimiento de la política monetaria, un proceso "muy rápido, intenso y sincronizado a escala global".

Presiones inflacionistas elevadas

Gavilán ha señalado que, aunque las presiones inflacionistas se están moderando y el pico del episodio "parece haber quedado atrás", la inflación subyacente y la de los alimentos "muestran todavía una elevada resistencia a la baja".

Sobre este asunto, el informe indica que "una proporción muy elevada de productos siguen mostrando tasas de inflación muy altas" y, de hecho, detallan que un 45% de las 129 subclases del índice armonizado de precios de consumo (IAPC), sin energía ni alimentos frescos, "presentan tasas de inflación superiores al 4%".

Retirada gradual de las medidas anticrisis

El Banco de España vuelve a recomendar, en otro orden de cosas, que las medidas de apoyo público con el fin de mitigar las consecuencias del repunte de la inflación en los hogares y empresas se concentren en los más vulnerables y se retiren de manera gradual, en paralelo a la reducción ya observada de los precios internacionales y sugiere el inicio del proceso de consolidación fiscal este mismo año.

"En el actual entorno de elevada inflación, resulta crucial que el tono de la política fiscal no sea incompatible con el endurecimiento de nuestra política monetaria", afirma el gobernador, Pablo Hernández de Cos.

Efectos indeseados de la ley del alquiler

Por otro lado, la entidad supervisora ha advertido de que algunas de las medidas incluidas en la futura Ley por el Derecho a la Vivienda, como el control de rentas, podría generar efectos indeseados a medio plazo y reducir la oferta y la calidad de vivienda en alquiler.

El supervisor destaca que la futura ley pone un mayor énfasis en el necesario incremento de la oferta de vivienda en alquiler a partir de una mayor colaboración público-privada, un aumento progresivo del parque público y mayores incentivos fiscales a quienes arrienden viviendas con reducciones de precios en áreas tensionadas.

No obstante, según avisa en su Informe Anual, algunas de las medidas incluidas, como el control de rentas, podría generar efectos indeseados a medio plazo.

La nueva ley contempla medidas que limitan la actualización de las rentas del alquiler y la posibilidad de que las administraciones territoriales competentes que así lo estimen oportuno limiten los precios del alquiler en zonas tensionadas.

En este sentido, la literatura económica ha señalado que, si bien los controles de precios muestran capacidad para reducir los precios del alquiler a corto plazo en las zonas reguladas, esta política puede generar efectos adversos sobre la oferta de alquiler, así como segmentación en el mercado inmobiliario, señala el Banco de España.

Por otro lado, la entidad alerta de que las medidas coyunturales, como los créditos ICO para las hipotecas, no son "una fórmula milagrosa para resolver los desajustes de acceso a la vivienda", ya que se trata de un problema "estructural".

Más medidas para sostener las pensiones

El Banco de España considera que se necesitarán nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones dado el impacto de las últimas reformas puestas en marcha por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

Sostiene que, tras los últimos cambios, el sistema de pensiones "deberá afrontar mayores obligaciones de gasto a largo plazo que no han sido plenamente compensadas por el lado de los ingresos".

"El análisis conjunto de los principales cambios normativos introducidos en nuestro sistema de pensiones desde 2021 —si bien está sujeto a una elevada incertidumbre— apunta a que, previsiblemente, será necesario adoptar nuevas medidas a partir de 2025 para reforzar su sostenibilidad financiera", apunta.

Y, en ese contexto, señala al mecanismo automático de ajuste recogido en el último bloque de medidas y que se activará a partir de 2025 si se produce un desvío en el gasto.

En ese caso, el Gobierno deberá intentar consensuar con los agentes sociales mecanismos de corrección y si esto no ocurre en el plazo de un año, se contempla una subida automática del mecanismo de equidad intergeneracional.

En el informe, la entidad supervisora analiza y cifra el impacto de los últimos cambios aprobados -desde la revalorización de las pensiones con el IPC hasta el aumento de la base máxima o el nuevo sistema de cotización de autónomos- en porcentaje del PIB de 2050 y lo compara con las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Airef y Fedea.

Así entre las medidas sobre los ingresos, el Banco de España rebaja dos décimas -desde los 0,5 puntos del PIB de 2050 que proyecta el departamento de Escrivá a 0,3 puntos- el impacto del aumento de la base máxima de cotización.

En este punto, también advierte del posible impacto de subidas de las cotizaciones sobre el empleo, los salarios y la competitividad de la economía español y, aunque reconoce la complejidad de cifrar ese impacto, apunta algunas cifras.

Así, sugiere que un incremento de un punto en el tipo efectivo medio de las cotizaciones sociales podría generar, al cabo de cuatro años, una caída en el número de ocupados cercana al 0,25%, "lo que supondría un riesgo a la baja no despreciable sobre las estimaciones de ingresos".

Sobre la modificación del periodo de cálculo de la base reguladora, que añade a los 25 últimos años vigentes la opción progresiva de 29 años descartando dos, el Banco de España calcula que podría suponer un aumento de la pensión inicial media del 0,3 % con respecto a la fórmula actual.

Con todas las consideraciones, la entidad concluye que, dada la relevancia de los cambios, debería hacerse "una evaluación rigurosa, continua y transparente de la magnitud de sus efectos, incluyendo sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional".